El pasado viernes 13 de febrero los ex infantes de marina condenados por el asesinato de tres miristas cometido el 9 de octubre de 1973 en el lugar conocido como Quebrada Honda, en la ruta entre Penco y Tomé, no se presentaron ante el Ministro Carlos Aldana para dar cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema del pasado 29 de diciembre que dejaba a firme las condenas en su contra.

El máximo tribunal ratificó las sentencias que condenaban a los ex infantes de marina Bernardo del Rosario Daza Navarro y Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, a cumplir la pena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, y a Patricio Salamanca Marín, a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su participación y responsabilidad en los asesinatos de Héctor Lepe Moraga, Tránsito Cabrera Ortíz y Miguel Ángel Catalán Febrero. Los tres condenados gozaban del beneficio de la libertad provisional y debían presentarse ante los tribunales en la fecha señalada para ser notificados de las condenas que debían comenzar a cumplir de inmediato.

Sin embargo, los dos primeros no se presentaron aduciendo su reticencia a ser internados en el penal penitenciario de El Manzano, de Concepción, y esgrimiendo que no se presentarían en tanto no se les garantizara ser ingresados al Penal de Punta Peuco, en Santiago. Es decir, se auto arrogan el derecho de determinar el lugar y condiciones en que estarían dispuestos a someterse a las dictámenes de la justicia.

Esta actitud de los condenados viene a graficar las facilidades y garantías de que gozan y abusan los criminales violadores de los derechos humanos durante la época de la dictadura militar. El principio de igualdad ante la ley no existe, el beneficio de la libertad provisional se convierte en un medio de evasión de la justicia, la manga ancha de beneficios y garantías para los ex uniformados y agentes represores ha derivado en un instrumento de escapatoria, cuando no de directa impunidad. Esta manga ancha fue inaugurada por la clase política y los gobernantes concertacionistas hace bastantes años, ha quedado evidenciada -entre otras cosas- en el establecimiento de recintos especiales de detención y de cumplimiento de condenas para los ex agentes del estado condenados por delitos de derechos humanos. El Penal de Punta Peuco es uno de estos recintos de internación con características y condiciones de privilegio para los criminales de la dictadura. También lo era el exclusivo recinto Penal Cordillera destinado a la elite de jerarcas represivos; por lo menos, esta vergüenza nacional fue cerrada definitivamente durante el gobierno anterior y sus ocupantes trasladados hasta el mencionado Punta Peuco. Lo mismo debiera ocurrir con esta otra vergüenza del Penal Punta Peuco y los condenados ser relocalizados en penales comunes del sistema penitenciario chileno. Estos privilegios de que han gozado los ex uniformados y agentes del estado ha llegado a estos extremos de descaro como la acción de estos ex infantes de marina que no se presentan a cumplir condena exigiendo condiciones de hotelería carcelaria cual si se tratara de un beneficio o de un derecho inherente a su condición de agentes de la dictadura.

Según fuentes de tribunales, a raíz de la negativa de los ex marinos a someterse al veredicto de los tribunales, el Ministro Aldana habría solicitado al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior un informe sobre la situación del Penal Punta Peuco y de los condenados en esta causa. Este acción evasiva y complaciente del Ministro Aldana constituye otra forma de privilegio de que se aprovechan y abusan estos criminales; lo que debiera haber hecho es decretar su detención por fuerzas policiales y su internación en los recintos que ha establecido la ley, cumplido eso, los condenados pueden ejercer sus derechos y solicitar lo que requieran, pero no es posible que se condicione el aplicar los dictámenes de los tribunales a que se cumplan determinadas exigencias de hotelería. Resulta ridículo y vergonzoso que el señor Aldana se preste a estas maniobras dándole espacio a la burla judicial de condenados que simplemente se ríen de la justicia y de sus instancias. Ya se burlaron de las víctimas y sus familias, se rieron de la justicia (con la solícita complicidad de ella), y gozaron de impunidad total por más de 40 años; algunos de los involucrados en este caso incluso murieron en total impunidad, como el oficial de la marina Carlos Blanlot Kerberhard, pero sería oportuno y necesario que los tribunales de justicia y ministros encargados de hacerla cumplir, así como la clase política cómplice, se dignen a poner término a esta plaga de impunidades y privilegios que no se corresponden con un mínimo sentido de igualdad ante la ley y de justicia para con las víctimas.

[ACTUALIZADA] Por la madrugada de este 17 de febrero, Gendarmería internó en Punta Peuco a Juan Maldonado, quien se entregó a la justicia tras el cambió de resolución del Juez Aldana que cedió a la presión de los condenados cambiando el centro de reclusión de El Manzano por el «hotel» de Punta Peuco.

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