A 6 meses de la desaparción de 43 estudiantes: Ayotzinapa una herida que no cierra

A 6 meses de la desaparción de 43 estudiantes: Ayotzinapa una herida que no cierra

ayotzinapaEl gobierno federal quiere dar por terminado el incidente Ayotzinapa. Ya desaparecieron, no es nada raro que la gente desaparezca. Desde que Andreu Nin desapareció en Barcelona, allá en 1936, la gente desaparece tan fácil como conejo en sombrero de mago.
Pero no es tan simple. La tríada de verdad, justicia y reparación, que debe generarse ante casos de esta magnitud, no ha sido satisfecha. Quienes quisieran ver a las familias resignadas ante la verdad oficial, deberían analizar con más calma los huecos que aún presenta ésta, así como los pendientes no resueltos en el ámbito de la procuración de justicia. El Estado mexicano no ha logrado detener a la totalidad de las personas que conforme a su teoría del caso habrían participado en los hechos. Tan sólo en cuanto a los supuestos autores materiales han sido detenidas únicamente cuatro de las 15 personas presuntamente involucradas. Continúan prófugos, además, funcionarios de Iguala y de Cocula, así como integrantes del grupo delictivo que operaba en la zona, si es que la distinción entre unos y otros puede a estas alturas considerarse válida.
Por otro lado, la verdad no se ha esclarecido. Han trascendido serios cuestionamientos sobre la factibilidad científica de la hipótesis oficial. Sólo la ciencia independiente podrá responder los cuestionamientos que hoy legítimamente se expresan. De ahí que siga siendo imprescindible la participación plena del Equipo Argentino de Antropología Forense en toda la indagatoria.
Tampoco puede soslayarse que el propio encuadre jurídico de lo ocurrido presenta muy graves falencias: no hay, hasta el día de hoy, un solo proceso penal iniciado por el delito de desaparición. Con ello se pretende diluir la responsabilidad estatal que con precisión fue señalada por los miles de mexicanos y mexicanas que salieron a las calles bajo la consigna: “Fue el Estado”. Los normalistas no fueron secuestrados, fueron desaparecidos. La diferencia es esencial: mientras que en el secuestro supone una privación transitoria de la libertad que persigue comúnmente un propósito, en la desaparición forzada el propósito es la desaparición misma. El secuestro es un crimen execrable de naturaleza fundamentalmente económica, tipificado en la ley penal; la desaparición, además de ser un delito igualmente aborrecible, es una violación grave a los derechos humanos de naturaleza esencialmente política, sancionada por los códigos penales, pero también por los tratados internacionales.
Los familiares de los normalistas han denunciado que aunque el ministerio público federal ejercitó acción penal por el delito de desaparición forzada, un juez federal se negó a emitir las correspondientes órdenes de aprehensión, bajo argumentos que evidencian una profunda incomprensión de la naturaleza jurídica de la desaparición forzada. Esta denuncia confirma que la impunidad es causada por la negligencia de los tres poderes, y debería poner en la agenda pública el debate sobre el papel de los poderes judiciales frente a la desaparición forzada y las violaciones graves a derechos humanos en el México actual.
Por todo esto no es raro que los padres de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, defensores de los derechos humanos, académicos e investigadores pidieron al gobierno federal que el grupo de cinco expertos de la CIDH, que está en México desde el 1 de marzo pueda revisar las indagatorias que se han hecho por este caso, cuenten con todas las condiciones necesarias para efectuar su trabajo y esclarecer lo ocurrido en Iguala hace casi seis meses e incluso tengan acceso a los cuarteles del Ejército, particularmente al 27 Batallón de Infantería que está en la zona.
El equipo de la CIDH está formado por el médico español Carlos Martín Beristain, la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, los abogados colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia y el abogado chileno Francisco Cox. El equipo prevé redactar un informe sobre la investigación en mayo, y otro en agosto al término de su periodo de seis meses, que sin embargo podría ser prorrogado en acuerdo entre las partes. Hay que tener en cuenta que todos los miembros han dedicado años a la defensa, tanto teórica como práctica de los derechos humanos. Beristain, por ejemplo, es autor de libros como “Diálogos sobre la reparación Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos”.

Por Daniel Mathews para resumen.cl

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