Puente Chacabuco y Aurora de Chile: una crítica necesaria al actuar del gobierno

Puente Chacabuco y Aurora de Chile: una crítica necesaria al actuar del gobierno

Por Ignacio Celis*

Bastante se ha dicho sobre el conflicto que ha generado la construcción del Puente Chacabuco (o Bicentenario) en la ciudad de Concepción. Además, la comunidad de la población Aurora de Chile en estos últimos tres años ha podido organizarse y luchar para evitar el desplazamiento forzado que pretendió hacer el gobierno de Piñera para el paso de esta infraestructura, por medio de la corrupción y división de los pobladores con operadores políticos.

Al asumir el gobierno actual el escenario cambió: por una parte, la nueva administración estatal se posicionó (y lo sigue haciendo) bajo un discurso de mayor participación ciudadana y, en cierto modo, de mayor progresismo para entender la construcción social de la ciudad. Además, creó un programa especial directamente para “solucionar” el problema de la conexión entre avenida Chacabuco y el puente del mismo nombre evitando el enfrentamiento directo con los pobladores. En cierto modo, esto último nace porque desde los pobladores de Aurora de Chile hubo un cambio importante en la forma de enfrentar este problema. De forma silenciosa, pero contundente, se desplegó una serie de acciones y críticas en contra de un proyecto que a todas luces no tiene el objetivo que el Estado ha dicho que tiene… y el gobierno no tuvo otra opción que empezar a negociar. Se constituyó una Junta de Vecinos que se enfrenta a las autoridades, se han sumado diversas organizaciones y profesionales a acompañar el proceso de lucha y los pobladores en distintas agrupaciones han consolidado posiciones críticas frente a la expropiación de viviendas para dar continuidad al puente.

Lo que pretendo en esta columna será exponer que lo que está haciendo el gobierno nacional y el municipio de Concepción, ambos de la misma afinidad política, no está exento de problemas y críticas. Para dejar en claro estas posiciones las puedo resumir de la siguiente manera: a) el gobierno actual no se ha hecho cargo de la crítica de que el puente no favorece a la descongestión del tránsito, sino que relocaliza el problema y da pie a la especulación inmobiliaria brindando nuevos accesos al centro de Concepción a los sectores más ricos del área metropolitana ubicados en la ribera sur del BioBio; b) tanto el municipio como el gobierno nacional a través de su Programa Aurora de Chile se han mostrado dispuestos a negociar siempre y cuando se acepte la idea de la erradicación fuera de la zona histórica de la población; c) pese a tener un discurso más cercano a la población, y que efectivamente se han acercado a buscar soluciones, el gobierno quiere hacer todo de manera rápida para así aprovechar su capacidad de organización veloz y vertical, distinto a los “tiempos lentos” de organización de los pobladores, imponiendo así su capacidad de hegemonizar la negociación; y d) Las propuestas de los pobladores, ampliamente mejor argumentadas que las del gobierno, no han sido escuchadas y han sido miradas en menos por una agenda solidaria con el mercado inmobiliario y los proyectos urbanísticos para “cambiar la imagen” de la ciudad y no para incluir a sus pobladores democráticamente en fortalecer el Derecho a la Ciudad. Ahora vamos letra por letra.

a) No deja de ser necesario recordar lo siguiente: el proyecto Puente Chacabuco abusó de la flexibilidad normativa otorgada tras el terremoto para la reconstrucción. En este sentido, este puente comenzó a construirse de manera arbitraria, sin consulta ciudadana, sin estudios de impacto ambiental, sin pruebas ni análisis del tránsito vehicular, sin ningún programa de transporte público asociado y -lo que generó el mayor conflicto- sin mediar que para su construcción era necesario desplazar a cientos de familias de una de las poblaciones más antiguas de la comuna de Concepción. Podemos pensar esta acelerada construcción del puente por un elemento muy importante: conecta dos sectores altamente valorizados por el sector inmobiliario. En la comuna de San Pedro de la Paz, los beneficiarios directos del puente son los habitantes de la Ribera Sur, Andalué, El Venado, Idahue y Recodo, sectores en donde habitan gran parte de los estratos más ricos del Gran Concepción. Y en la comuna de Concepción, el puente conecta la avenida Chacabuco, sector de grandes negocios inmobiliarios, donde se localizan también los bancos y servicios financieros avanzados, oficinas de grandes empresas y consultoras. Es decir, el puente conecta dos sectores ampliamente valorizados en donde se ven beneficiados directamente los sectores más ricos. Además, el puente (aún sin terminarse) ha dinamizado el negocio inmobiliario en donde ya han aparecido varios conjuntos habitacionales y torres de departamentos que ocupan el futuro puente como oportunidad de localización. En pocas palabras, este puente fue pensado el año 2002 en el Plan Regulador Metropolitano, pero nunca ha tenido en consideración a los habitantes de Aurora de Chile ni tampoco ha sido pensado como una forma de descongestionar el tránsito (1), sino que permite dinamizar los flujos entre zonas altamente valorizadas por el mercado de tierras y el sector inmobiliario.

b) Tras los fracasos de desplazar a la población Aurora de Chile por medio de prácticas de corrupción como el caso de los “Falsos Terremoteados” con la ex intendenta de la UDI Jaqueline Van Rysselberghe o la llegada de Abogados ligados a la Concertación que pretendieron hacer que los pobladores vendieras sus terrenos para agilizar una “solución”, el gobierno actual decidió crear un programa dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) llamado “Programa Aurora de Chile”. Este programa se creó como método de incorporación de la Junta de Vecinos para negociar una serie de medidas que el Estado desde antes, con su grupo de expertos contratados, ya tenían contemplados. Como punto de partida, el gobierno anunció “medidas de confianza” como mejorar las calles de tierra y el alumbrado público. Por otra parte, aceptó tener reuniones dentro de la población y ha tenido en algunos momentos opiniones críticas respecto al cómo se había llevado el conflicto antes. Esto claro está, dentro de un marco que es que una parte de los pobladores se tienen que ir del sector sí o sí (2). Esto es contradictorio porque mientras anuncian que es imposible relocalizar a todos los pobladores en el sector (y que dejará a la escuela Santa Catalina entre dos avenidas de alto tráfico vehicular), terrenos fiscales rezagados del Programa Ribera Norte fueron vendidos al sector inmobiliario, como un lote a la Inmobiliaria Futuro o cedidos para la construcción de un cuartel de la PDI. Al mismo tiempo, tienen una serie de proyectos a construir en el sector con el fin de dar una nueva “cara” al sector costanera, tal como lo hicieron privatizando espacios con el Mall Mirador BioBío o con el pretendido Eje Cívico.

c) Las buenas intenciones del gobierno, su búsqueda de soluciones y sus intenciones de dar una salida a esta problemática puede ser cuestionada con la siguiente pregunta: ¿por qué tienen tanto apuro en avanzar con las obras si hace pocos meses atrás planteaban a los vecinos y vecinas que las cosas se harían en buena ley, con tiempo para poder consensuar un proyecto que respete la historia y tradición de la población Aurora de Chile? Y esto nos remite a algo fundamental. Los tiempos de organización y acción del Estado pueden ser mucho más rápidos que los tiempos de organización en un barrio. Por diversas razones, pero podemos señalar dos: en primer lugar, hay gente contratada por el gobierno para dedicarse a resolver estos problemas de forma exclusiva, mientras que la población Aurora de Chile tuvo que transformar sus relaciones sociales cotidianas para dar frente a un problema que el Estado les puso encima, teniendo que darse tiempos extras de sus vidas para dar frente, dejando muchas veces de lado el descanso después del trabajo o el tiempo para la familia. En segundo lugar, las acciones del Estado tienden a ser verticales, por lo que siguen una serie de mandatos que no necesariamente requieren ser aprobados en asambleas o en reuniones ampliadas como sí tienen que hacerlo los pobladores. En resumen, el Estado está apurado por un interés político, para demostrar eficacia, pero también porque saben que pueden operar más rápido que los pobladores, presionando así los tiempos de respuestas y haciendo ver debilidades en los pobladores. ¿Se han realizado avances? Sí, pero deben ser puestos a un examen riguroso y es necesario poner un énfasis crítico a detalles que entorpecen un dialogo franco y honesto con los pobladores.

d) El MINVU ha mostrado a los vecinos unas propuestas que carecen de rigor. No han sido capaces de mostrar estudios acabados y extensos, sino que se han concentrado en mostrar presentaciones de Power Point en donde claramente no están todos los detalles ni la famosa “letra chica” (3). Se han enfocado en avanzar en su programa diciendo que escuchan y se interesan en la opinión ciudadana, pero no han modificado lo medular (4). Esto último es importante, porque los vecinos y vecinas exigen cambios estructurales en el proyecto. Y aquí no están pidiendo nada demás, están pidiendo justicia por el abandono de más de un siglo por parte del Estado y por el hecho de que sólo ahora que son objeto de erradicación ha crecido un interés en ellos. Pero esto no es sólo slogans o planfletos. Hace unas semanas los pobladores entregaron un extenso y riguroso documento (5) en donde no sólo hace contraparte al proyecto del gobierno sino que también establece los puntos fundamentales para un buen entendimiento con el gobierno. A saber, ser considerados como habitantes históricos del sector, que entiendan que sus terrenos están lejos de ser apropiaciones ilegítimas, que tienen todo el derecho a vivir ahí y que esta acción de relocalización debe ser vista como una cesión de los habitantes ante un puente que está a medio construir por culpa del Estado. Es decir, que dejen de ser vistos como obstáculo del famoso “progreso” que sabemos es casi un axioma del modelo neoliberal. El gobierno ha contratado gente de dedicación exclusiva, han intervenido desde empleados municipales, SEREMIS, el Intendente Díaz hasta Ministros del MOP y MINVU y no han sido capaces de reconocer que los pobladores tienen razón sobre la raíz del problema. No han sido capaces de entender que para hacer bien las cosas a veces tienen que ceder ellos. A tal punto, que ni siquiera se ha visto que tomen en consideración de forma seria el trabajo de los pobladores como una herramienta importante para dar salida al problema.

Para finalizar, quisiera por otra parte señalar que el gobierno, grupos de arquitectos, expertos en urbanismo y economistas (6), junto con algunos medios de comunicación locales, han hecho ver a la población como un punto negro de la ciudad, como un sector que le quita al resto la posibilidad de “darle la cara al río”. Pues bien, este argumento no es más que una muestra de la ignorancia y poca rigurosidad con que se ha tratado el tema. Dicho en tono más grave: cuando la presidenta del Colegio de Arquitectos de Concepción dice que los habitantes de Aurora de Chile no pueden darse el “lujo” de vivir ahí porque “la ciudad” necesita pasar por ahí (7), no es más que deshumanizar a sus habitantes, los excluye de la ciudad en nombre de esa misma ciudad, les quita sus derechos y los segrega de la posibilidad de habitar en los términos históricos y culturales que lo han hecho. Por supuesto no son todos. De a poco están surgiendo voces que están debatiendo estas miradas del juicio experto desde vertientes críticas que de manera rigurosa pueden desacreditar este discurso que a ratos parece una “opinología”.

Estas pequeñas notas dan cuenta de una necesaria reflexión respecto al actuar del Estado, representados por el gobierno nacional y el municipal local. Esto es importante, pero también lo es que los pobladores de Aurora de Chile están organizados, con todas las dificultades que un contexto hostil como el expuesto anteriormente trae, y están conscientes que una solución que los incluya, que los mantenga en el sector, es posible. Y deben saber que no están solos. Somos muchos que estamos solidarizando desde distintas trincheras en la lucha por el derecho a la ciudad.

Notas:

(1) Los problemas de tránsito y congestión vehicular son una realidad en los sectores unidos por la ruta 160. El puente aquí problematizado no corresponde a la dinámica de ese flujo automotriz, sin embargo se presenta como parte del conjunto de soluciones.

(2) Dentro de las propuestas hay una “zona de mitigación con áreas verdes” entre la población y el resto de la infraestructura urbana de la costanera. ¿No será una barrera para que el barrio no se vea? ¿Hay espacio para 4 manzanas de áreas verdes pero no para más casas?

(3) No existe una propuesta de continuidad en el tiempo, sino una solución para el paso del puente. Además, mantiene la estigmatización y una mirada higienista sobre la pobreza urbana. Bajo esta mirada es que se propone actuar.

(4) A tal punto que en un acto inexplicable el Intendente Díaz suspendió una reunión con la Junta de Vecinos un día antes de su realización. Esto coincidió justo con el hecho de que esa reunión sería para una revisión del documento presentado por los pobladores.

(5)Ver: http://www.cedeus.cl/noticias/junta-de-vecinos-aurora-de-chile-y-cedeus-entregan-al-gobierno-propuesta-para-un-plan-urbano-integral/

(6) Hacer un recuento de las apariciones en prensa dando cuenta de esto excede la extensión de esta columna, pero nada más indicar que mientras habitualmente prensa como el Diario Concepción toma la palabra de decanos de facultades y asesores urbanistas, dando rara vez espacio para la contraparte. En este sentido, los medios de comunicación han jugado un rol clave, incluso tomando partido por la construcción del puente desvalorizando la crítica realizada por los pobladores. Así lo hizo el Diario Concepción formando parte de una declaración pública llamada “levantemos la región” el día 3 de agosto del año pasado. Es notorio, sin embargo, ver con el paso del tiempo que dicha línea editorial ha ido modificándose, ya encontrando columnas en las cuales se reconoce al sector como tradicional y no como un asentamiento informal, por ejemplo.

(7) Diario Concepción, 19 julio 2015.

*Ignacio Celis es parte del Movimiento Cultural Pro-Defensa Raíces Aurora de Chile y del Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo

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