[resumen.cl] Tamara Agnic, Superintendenta de Pensiones del actual Gobierno de Michelle Bachelet se ha encontrado en medio del huracán de las críticas por haber permitido la fusión entre AFPs "de papel" de Metlife y Principal Financial Group. El mecanismo tributario utilizado por las empresas permitirían ahorrarse en impuestos cerca de $375 millones de dólares, mientras como reveló CIPER, "el actual gobierno calcula que el próximo año necesita entre US$300 millones y US$400 millones para poder cubrir los gastos de la gratuidad en la educación superior"

El goodwill tributario con el que se beneficiarán las transnacionales que controlan las AFP Provida y Cuprum, es un mecanismo de elusión tributaria que les permite perjudicar al fisco al no pagar millonarios tributos. Para realizar esta operación, Metlife y Principal Financial Group crearon dos AFPs ficticias -Acquisition y Argentum, respectivamente- las que luego son fusionadas con Provida y Cuprum. Ambas operaciones -la creación de AFPs ficticias y su posterior fusión-, fueron aprobadas por Tamara Agnic, Superintendenta de Pensiones. Agnic a pesar de lo señalado por la titular de la cartera de trabajo Ximena Rincón y algunos parlamentarios quienes le exigieron no permitir una operación como la realizada por Principal Financial Group -Rincón calificó de al menos irregular la acción permitida y recomendó a Agnic abstenerse de "autorizar operaciones de la misma índole"-, se refugió en la "autonomía" de la Superintendencia una operación de elusión tributaria que perjudica a la recaudación del Estado. Agnic como representante de una entidad del Estado debe velar por los intereses del fisco, pero al permitir este tipo de actividades eso queda en entredicho. El goodwill es un mecanismo que permite la elusión tributaria, justamente una de las aristas que la "reforma tributaria" de Bachelet intenta detener.

La Superintendenta recientemente fue denunciada a través de los medios de comunicación por sus vínculos con el Fraude de La Polar, Penta y con las platas irregulares a campañas políticas del grupo Angelini.

El caso ha escalado y ha sido llevado a la Fiscalía y se está emplazando al SII que se involucre en la operación para que se vea finalmente frustrada.

El mecanismo que permite que empresas transnacionales,ya sumamente cuestionadas por los mismos usuarios del sistema de AFPs, hace que el Estado no recaude el dinero que podría ser utilizado en la gratuidad de la educación superior para el año 2016.