Aprobación del TPP implicaría la suscripción del Convenio UPOV 91

Aprobación del TPP implicaría la suscripción del Convenio UPOV 91

Yo No Quiero Transgénicos y organizaciones sociales.   

Iniciamos a partir de ahora un despliegue comunicacional y ciudadano destinado a informar, movilizar y denunciar, expresando nuestro rechazo al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Nos proponemos alinear a los parlamentarios en el rechazo a este tratado secreto cuya aprobación fue anunciada por la Presidenta Bachelet. Tal como hicimos con éxito en 2014 cuando el Senado debatía la Ley Monsanto, denunciaremos (funa!) a los parlamentarios que tácita o expresamente estén a favor del TPP, dado que en su trámite por el Congreso sólo podrán votar sí o no. El Sí significará la aprobación de la Ley Monsanto/Convenio UPOV 91.

Nos declaramos en estado de movilización y alerta junto a todas las organizaciones ciudadanas que a nivel nacional y también global, en especial en Perú y México, defienden sus derechos frente a esta imposición del gobierno y las transnacionales. Este es un tratado secreto inaceptable en democracia. El gobierno no ha podido demostrar ningún beneficio para Chile derivado de este acuerdo. Por el contrario hay impactos negativos para la soberanía del país, para la agricultura, la salud, el derecho a la comunicación, la información y los derechos humanos.
Como campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile y organizaciones ambientales, sociales y de consumidores defensoras de la semilla, la agroecología y la soberanía alimentaria, centraremos nuestra denuncia en los impactos negativos del TPP al patrimonio genético del país, y el consiguiente daño a la soberanía alimentaria. Asimismo a través de “TPP Abierto” y de la “Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP” unimos nuestras demandas a las de quienes se enfocan en las otras materias que abarca el tratado, y cuya adopción implicará la violación de derechos humanos y de los pueblos originarios que el Estado está obligado a resguardar. Nos preocupa especialmente la privatización de la semilla y del conocimiento. Hay una limitación del acceso a la información por Internet a quienes pueden pagar por ello y fuerte penalización de las infracciones. En un contexto de secretismo del Estado chileno y las empresas sobre información relacionada con la salud, está amenazada además la investigación periodística y de sectores interesados en develar los daños al ambiente y el patrimonio genético.

La Ley Monsanto vía TPP
El tratado, en su artículo QQA.O punto 2c, exige a Chile ratificar el Convenio UPOV 91, que es la versión internacional de la Ley Monsanto de privatización de la semilla, tal como lo filtró Wikileaks. Los términos del Convenio UPOV 91 se repiten tal cual en la Ley Monsanto. Esta exigencia la constatamos en la reunión del llamado Cuarto Adjunto, un tardío espacio abierto por el gobierno para que la sociedad civil conozca los contenidos del tratado secreto. El proyecto de ley Monsanto = UPOV 91 fue retirado en marzo de 2014 de la discusión en el Congreso por la presión social, con lo cual Monsanto y las transnacionales biotecnológicas sufrieron una derrota. El gobierno no pudo entonces suscribir el convenio UPOV 91 que impide el libre intercambio de semillas, pone en riesgo el patrimonio genético, y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos. Pero ahora este tratado, que defiende los intereses del agronegocio y las corporaciones, forzará la aprobación de la ley Monsanto para cumplir con la exigencia de ratificación del Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla campesina e indígena.

Asociamos la inclusión del UPOV 91 y de diversos mecanismos que benefician al agronegocio a la tarea desarrollada desde el inicio por Islam Siddiqui, el negociador (hasta 2013) del gobierno de Estados Unidos para temas de agricultura. Siddiqui se desempeñaba anteriormente como lobbista de Monsanto y vicepresidente de Crop Life, que agrupa también a Syngenta, Dupont/Pioneer y Dow.

La privatización de la semilla y del acceso a información ocupa mucho espacio a lo largo del tratado en diversos capítulos, sin embargo sobre el acceso libre a la semilla o a un bien, en QQ.B.x:l sólo hay 2 frases destinadas a reconocer en forma general y no vinculante el dominio público. No hay garantías tampoco para asegurar que las semillas registradas vuelvan al dominio público y estén disponibles efectivamente una vez terminado el tiempo de registro acordado por la normativa.

Conocimiento tradicional
El capítulo referido a la propiedad intelectual incluye también párrafos sobre el conocimiento tradicional (ancestral) llamando en el punto QQ.B.xx:d) a establecer “cooperación” para capacitar en la entrega de patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas (para ellos recursos genéticos), tema sobre el cual Chile NO tiene legislación alguna. Esto es un nuevo estímulo para la biopiratería y un desconocimiento de la obligación legal de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169. Por el contrario nuestra posición es el rechazo absoluto a las patentes a plantas las cuales son un patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de la humanidad, según la definición de Vía Campesina.

Protección a transnacionales
La escasa información entregada por el jefe de los negociadores chilenos, señor Felipe Lopehandía (del ministerio de Relaciones Exteriores) aclara que a partir de la vigencia del tratado se aplicará un freno para nuevas leyes de protección efectiva de nuestro derecho a una alimentación sana y libre de transgénicos y agrotóxicos. Es decir Monsanto y las transnacionales lograron, entre otros, eliminar el peligro de una futura ley de etiquetado de transgénicos o una moratoria a los cultivos transgénicos. La actual normativa chilena sigue el modelo norteamericano impidiendo que los consumidores ejerzan el derecho a saber lo que comen.

Se “congelará” de esta manera toda iniciativa que pueda orientar a las madres y familias, beneficiar a los consumidores y campesinos, si esta es contraria a los intereses de la industria alimentaria y biotecnológica tradicional. Sin moratoria, y con Ley Monsanto habrá nuevos estímulos legales para expandir el negocio de los transgénicos al mercado interno y de paso ahogar la agricultura familiar campesina y la agroecología. Seguirán las empresas impunemente fumigando los campos chilenos con plaguicidas cancerígenos como el glifosato y usando insecticidas neonicotinoides que matan las abejas e insectos benéficos. Toda normativa contraria sería objetada en tribunales especiales de arbitraje, externos al país, y denunciada por este tratado como obstáculos al comercio y la inversión. La agroecología no será una opción estimulada por el Estado, y tanto la agricultura orgánica como la biodinámica y la agroecología encontrarán serios obstáculos para poder desarrollarse en este contexto que extenderá la contaminación y el deterioro de suelos, aguas y biodiversidad.

Secreto pero no para Monsanto
Este tratado fue negociado en secreto durante más de cinco años por un bloque de 12 países encabezado por Estados Unidos. Ahora sólo falta la firma de la Presidenta Bachelet y una votación tipo plebiscito (Sí o No) por el Congreso para su ratificación.

Las reglas del proceso incluían no informar a los ciudadanos y sus organizaciones mientras se negociaba, y tampoco a los respectivos congresos. Pero al mismo tiempo permitían la participación oficial de unos 600 asesores de Comités Comerciales (Trade Advisors) de Estados Unidos, en representación de sus corporaciones transnacionales. La publicación del texto completo del tratado se hará en inglés en una fecha desconocida, para luego presentarse la versión en español concordada con Perú y México, los otros países hispano parlantes involucrados en el TPP. Las referencias previas provienen sólo de Wikileaks, es decir son filtraciones, la única alternativa de información.

Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam acordaron este tratado a espaldas de sus pueblos pues las negociaciones han sido secretas incluso para los respectivos Congresos. Chile de esta manera da carta blanca a Estados Unidos para el intento de Barak Obama de retomar el deteriorado liderazgo norteamericano en la región y el mundo.

El pueblo chileno no acepta ser un instrumento de los intereses de Estados Unidos, de Monsanto y las transnacionales. Por tanto llamamos al Congreso a rechazar este tratado. En Santiago, Valparaíso, Ovalle, La Serena, Curicó, Talca, Concepción, Temuco,Valdivia y localidades de todo Chile, la tarea es informar, movilizar y funar (denunciar), para defender nuestra soberanía y nuestros derechos.

Chile, Octubre de 2015
Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile; Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Red de Semillas Libres, Nación Aymara, Consejo Territorial de Chapiquiña, Coordinadora Yo No Quiero TPP (V Región), Cooperativa Verde, Red SocioAmbiental del Maule, Colectivo de Mujeres de Curicó, Cabildo en Rebeldía, Colectivo MapuExpress, Red SocioAmbiental de Talca, Asociación de Consumidores de Valdivia ACOVAL.

“Yo No Quiero Transgénicos en Chile” es una alianza de carácter horizontal creada en 2011, que articula redes sociales y ambientales de Arica a Chiloé, así como a independientes, organizaciones no gubernamentales, comunidades e instituciones que trabajan por una agricultura, ganadería, acuicultura y alimentación sanas y seguras. Por tanto, promovemos la participación y la información de la ciudadanía y la sociedad civil organizada para impedir la introducción de transgénicos y defender el derecho a alimentos, forraje, cultivos, ganado y peces, libres de transgénicos

Etiquetas:  Convenio UPOV 91TPP
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