Angelini rectifica al SII pagos a sociedades en torno de Bachelet, Peñailillo, Longueira, Velasco y Frei

Angelini rectifica al SII pagos a sociedades en torno de Bachelet, Peñailillo, Longueira, Velasco y Frei

[resumen.cl] Tras el llamado que hiciera el año pasado el SII para que grandes empresas rectificaran pagos irregulares a sociedades ligadas a candidatos políticos y de esta manera evitar que el financiamiento irregular se investigara por el Ministerio Público, es decir, evitando que fueran llevados a tribunales, el grupo Angelini rectificó pagos a las Sociedades de Giorgio Martelli (Precampaña de Bachelet), Harold & Johns Bussiness and Law (cercanos a Peñailillo), C2P Consultores SA, de Pedro Yaconi (vinculado a Eduardo Frei), a un cercano de Longueira y a Cristóbal Aninat y Cia, empresa del ex colaborador de Andrés Velasco.

Según detalló La Tercera, Copec destinó a la empresa de Giorgio Martelli cuatro facturas por $ 57 millones, entre enero de 2012 y marzo de 2013. Por su parte el estudio de abogados Harold & Johns Bussiness and Law habría recibido $32 millones. C2P Consultores SA, de Pedro Yaconi (vinculado a Eduardo Frei) recibió de Copec $50 millones, mientras que Cristóbal Aninat y Cia, empresa del ex colaborador de Andrés Velasco. $16,5 millones. En cuanto a Longueira, Copec habría realizado el pago de $16 millones al emisor Pedro Lazcano, vinculado al coronel de la “UDI popular”.

Por otra parte, Celulosa Arauco y Constitución, rectificó $151 millones que fueron a parar también a AyN, empresa de Martelli que realizó la “precampaña” de Bachelet. Cabe recordar que Martelli se encuentra formalizado por delitos de facilitación de boletas ideológicamente falsas, apropiación indebida y otorgamiento de contratos simulados en carácter “reiterado y consumado”. Hace unas semanas se hizo público que incluso realizó un préstamo al actual administrador de La Moneda Cristián Riquelme, hombre vinculado al ex Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, a quien aún no se ha formalizado.

Los pagos que ascienden a mas de $330 millones no cuentan con un respaldo. Es decir, no hay evidencia de que los servicios prestados por estas empresas hayan sido realmente hechos y probablemente fueron pagos irregulares que se destinaron al oprobioso círculo del financiamiento irregular de los partidos políticos.

 

Foto: Revista Nueva Minería

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