[resumen.cl] En una ceremonia prevista para el próximo jueves 4 de febrero en la ciudad neozelandesa de Auckland, y junto a autoridades de los 12 países firmantes, el canciller Heraldo Muñoz suscribirá a Chile al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, por sus siglas en inglés.

La delegación chilena estará compuesta además por el director general de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Andrés Rebolledo, el jefe negociador de Chile del TPP, Felipe Lopeandía e Isauro Torres, embajador de Chile en Nueva Zelanda.

El canciller Muñoz ha declarado que «Se trata de un muy buen acuerdo va a permitir que más de 1.600 nuevos productos entren a los mercados de los países que conforman el TPP. Además, nos permitirá generar economías de escala y cadenas globales de valor que serán muy importantes para nuestro país" y junto a esto, que Chile protegerá la propiedad intelectual y los medicamentos biológicos. Sin embargo, diversas organizaciones sociales han denunciado los impactos negativos del TPP, además de la gran incertidumbre que existe debido al caracter oculto de sus contenidos, los que se han estado negociando en secreto durante años. Algunos de estos contenidos fueron divulgados a través de Wikileaks en octubre de 2015.

Los potenciales impactos del TPP

El TPP es un tratado de libre comercio entre países de la Cuenca del Pacífico que aborda una gran variedad de materias de políticas públicas. El TPP busca rebajar las barreras comerciales para las corporaciones, establecer un marco común de propiedad intelectual, derecho del trabajo y derecho ambiental entre los estados firmantes. El TPP es considerado en Estados Unidos como un tratado complementario a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), un acuerdo similar entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos acuerdos han recibido críticas desde amplios sectores, que lo denuncian como una pérdida de derechos básicos para la población e incremento de la gobernanza corporativa.

Si bien, este Acuerdo se negoció en secreto, lo cual fue permitido por los congresistas chilenos con su voto a favor, actualmente se conocen varios elementos de éste que ha generado la preocupación y el rechazo hacia este instrumento empresarial.

Una de las medidas de este Acuerdo es la restricción de los derechos digitales con que cuentan los usuarios de internet. El portal TPP abierto ha planteado que "el TPP busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como el poder judicial, que garantice nuestros derechos. Además, busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel". Agregando que, "prácticas hoy comunes, como postearle un video a un amigo, podrían desaparecer, cambiando por completo el modo en que Internet se ha convertido en una herramienta vital para nuestras vidas."

Por otra parte, informa el mismo medio, que "el TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras."

También el Convenio UPOV 91 está dentro de las obligaciones que deben suscribir las partes integrantes del TPP. Es decir, la participación del Estado de Chile en el TPP, lo obligaría a adherir a este Convenio, el cual persigue la privatización del uso de las semillas en favor de empresas multinacionales, de las cuales, sólo diez han llegado a concentrar el 75,3% del mercado mundial de las semillas, según cálculos de ETC Group.

El periodista Ruperto Concha denunció hace unos meses que "En el Tratado Transpacífico, hay 480 representantes de las grandes empresas y sólo 86 puestos que se reparten los representantes del sector social, el sindical y el político". También, en un comentado artículo, el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz y el economista Adam S. Hersh han explicado que el TPP impone el uso de "sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor", especies de tribunales que dirimen controversias entre empresas y los Estados de las naciones donde éstas operan. Los autores explican que "bajo estos sistemas de arbitraje... los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones". De hecho, recientemente, se han dado diversos casos en los cuales, Estados que han restringido las operaciones de alguna empresa en su país, han sido demandados para pagar cuantiosas cantidades de dinero como resarcimiento.

Mientras tanto, en Chile, algunos parlamentarios han criticado la próxima firma del TPP en Auckland, y han condicionado su aprobación en el Congreso, la que podría producirse dentro del primer semestre del año en curso.

Fotografía: Canciller Heraldo Muñoz. Fuente: Wikimedia Commons