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¿Puro, Chile, es tu cielo azulado?

13 abril 2016

Dr. Franco Lotito C. – www.aurigaservicios.cl

Docente e Investigador (UACh)

El último estudio internacional sobre calidad de vida en Chile arrojó resultados que son impresentables. Sin embargo, las autoridades responsables guardan silencio absoluto. ¿Lugar que ocupamos en contaminación ambiental y polución del aire? Puesto 33 entre 35 países de la OCDE, acrónimo que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y cuya misión es promover políticas de estado que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, bienestar social que incluye la salud, la educación y el derecho a vivir en un ambiente no contaminado.

Ahora bien, el descuido de las autoridades para efectos de evitar el alto nivel de contaminación que se genera diariamente en decenas de ciudades chilenas nos está obligando a respirar una infinidad de partículas finas (o material particulado), así como dioxinas y óxido de azufre presentes en el aire.

Todo el mundo sabe que esta condición se asocia con la muerte de miles de chilenos a raíz de enfermedades crónicas de tipo respiratorio, afecciones cardiopulmonares y de cáncer pulmonar, por cuanto, muchas de estas partículas tienen propiedades probadamente cancerígenas.

Cuando el material particulado es menor a 10 micrómetros se usa la nomenclatura PM10 y cuando es menor a 2.5 micrómetros se usa la nomenclatura PM2.5. Todas ellas son extremadamente peligrosas y pueden causar la muerte. Según diversos estudios científicos realizados por especialistas médicos como Arden Pope, Majid Ezzati, Douglas Dockery, Richard Burnett y otros, la elevación de 10 microgramos por cada metro cúbico de aire en la cantidad de partículas finas se asocia con un aumento que va de un 4.6% a un 8% de mortalidad vinculadas a cáncer pulmonar y enfermedades cardio-respiratorias.

Si analizamos con detención las cifras duras que tenemos a disposición, advertiremos que las ciudades chilenas alcanzan un promedio de 46.2 microgramos por metro cúbico, en tanto que el promedio de los países de la OCDE es de 20,1 microgramos por metro cúbico, es decir, menos de la mitad. Es decir, una parte de la población chilena está siendo envenenada lentamente –no tengo otro término a mano– con conocimiento de causa por parte de las autoridades responsables de cuidar la vida y la salud de las personas. Hay zonas de nuestro país que han sido llamadas “zonas de sacrificio” porque están –literalmente– sobre contaminadas.

Pero hay más. Un estudio de abril de 2014 realizado en la ciudad de Antofagasta liderado por Andrei Tchernitchin, Jefe del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile y experto en temas de toxicología ambiental, y Aliro Bolados, Presidente del Colegio Médico local, dio como resultado la presencia de 19 tipos de metales pesados, cuyas cifras superaban por mucho las que se registraron en la escuela La Greda en Quinteros, en el año 2011, llegando a sobrepasar hasta cinco veces la norma chilena, una norma, de por sí, bastante laxa y permisiva.

Los expertos chilenos demostraron “que el área está contaminada. Hay presencia de manganeso y zinc, dos elementos cancerígenos y que nos podría explicar la causa de que la nuestra sea la ciudad con más alto número de cáncer de pulmón y vejiga, no sólo a nivel país, sino latinoamericano y también mundial”. Sobran los comentarios.

Por lo tanto, ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Muy simple: en el norte de Chile y muchas otras zonas del país, la contaminación por arsénico, mercurio y otros 19 metales pesados (plomo, cadmio, níquel, zinc, manganeso, etc.) –como resultado de las numerosas actividades mineras, de las refinerías y termoeléctricas– se ha convertido en una gran fuente de graves enfermedades –incluyendo el cáncer– para las poblaciones vecinas a estos centros productivos, a raíz, justamente, de la excesiva contaminación del medio ambiente, del aire y, especialmente, del agua.

Un claro ejemplo de “contaminación cruzada” y que termina por producir cáncer, autismo infantil, Alzheimer y una serie de otras enfermedades relacionadas, es el uso de glifosato, un herbicida que está produciendo un daño irreparable en el medio ambiente y en la cadena de alimentación. Todo el mundo científico lo sabe, se han dado todos los avisos pertinentes, pero todos siguen mirando para el lado. Algunas autoridades esgrimen como excusa, que eso sería el “costo del progreso”. ¿Progreso a costa de la enfermedad y muerte de personas inocentes?

El agua que bebe la población de estas zonas presenta contenidos de arsénico y otras sustancias tóxicas que están muy por sobre la norma chilena y los estándares internacionales. Es posible asegurar –sin temor a cometer equivocación alguna– que el norte de Chile, con regiones como Atacama y Antofagasta, y las ciudades de Tocopilla, Tierra Amarilla, Nantoco, El Salado, Potrerillos, la Bahía de Chañaral y muchas otras comunas más se han convertido en verdaderas cloacas químicas, donde no se respeta ni la vida ni la salud de las personas, y menos aún, el medio ambiente que rodea a la población, la que se ve obligada a residir en lugares altamente contaminados que son pro cancerígenos y, en términos generales, pro enfermedad.

Fue tan grande la indignación ciudadana acumulada, luego de darse a conocer los estudios y los altos índices de contaminación, que por primera vez en la historia de la ciudad de Antofagasta, miles de personas salieron el día 7 de marzo de 2015 a protestar en una marcha histórica nunca antes vista en esta ciudad en contra de la contaminación minera, con el grito “¡Nos están asesinando silenciosamente!”, “¡Nos están asesinando legalmente!”. Lo triste de esta situación, es que pocas personas con autoridad están dispuestas a escuchar (y menos aún, a actuar).

Son demasiadas las personas que se enferman y mueren y, lo peor de todo, es que son muertes gratuitas e innecesarias, porque los Gobiernos y las leyes de algunos países como el nuestro, lo permiten y, como consecuencia de tantas facilidades que se dan, las empresas nacionales y multinacionales se aprovechan de estas “regalías” y leyes permisivas para hacer “good business” con la salud y la vida de las personas.

Reflexionemos ahora: si con los adultos los resultados son preocupantes en términos de salud… ¿qué se puede esperar en relación con los infantes, niños y adultos mayores que están obligados a respirar un aire envenenado?

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Con la situación que se ha descrito en estas líneas, se está infringiendo de manera clara y flagrante uno de los preceptos de esta declaración: el derecho a la vida y a la salud.

Hay cientos de miles de personas en nuestro país (y en el mundo entero) que se enferman gravemente –hasta la discapacidad– o que, simplemente, se mueren, porque las autoridades, las leyes, los reglamentos, los estatutos y las ordenanzas públicas del país, así como las normativas de ciertas instituciones públicas y privadas, así lo tienen establecido y, además… lo “autorizan”.

Foto: Radiodelmar.cl

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