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Avanza el Estado policial: grupo de diputados propone detención y multas por taparse el rostro

23 mayo 2016

[resumen.cl] Aprovechando el clima post 21 de mayo, en que las manifestaciones y los incendios dejaron como víctima a Eduardo Lara, un trabajador de 71 años fallecido por un paro cardiorespiratorio, una bancada transversal de diputados -todos cuestionados- reflotó la rechazada Ley Hinzpeter en que se pretende multar, aumentar penas y detener a personas por taparse el rostro.

La iniciativa parlamentaria promovida por Gonzalo Fuenzalida (RN), José Manuel Edwards (RN), Daniel Farcas (PPD), Gabriel Silber (DC) y Claudia Nogueira (UDI), anunciaron la presentación de un proyecto de Ley que aumenta las penas para delitos cometidos por encapuchados y establece responsabilidades para quienes convocan a manifestaciones que terminen con daños a la propiedad pública o privada.

“Las manifestaciones deben ser sin encapuchados” señaló Fuenzalida. “Aquí la cosa tiene que ser bien simple: para que la gente viva en paz y libre los encapuchados en las marchas tienen que ir directo a la ‘capacha’ “ señaló José Manuel Edwards. “Queremos reivindicar las marchas como manifestaciones necesarias en política, como parte de la democracia, donde puedan participar las familias, pero elevando los estándares de seguridad y erradicando a los delincuentes y al lumpen que muchas veces quieren llevarse el protagonismo” dijo Gabriel Silber.

“Hay que recordar que el encapuchado es un triste recuerdo de la dictadura, en donde éramos sancionados en las universidades por pensar distinto y en su momento podría haber tenido cierta lógica y haber tenido cierta justificación. En un Estado de Derecho y en democracia no tiene ninguna”, dijo Daniel Farcas (PPD) a The Clinic. Farkas es el mismo diputado que ha sido denunciado por su participación en el fraude de las becas Valech, cuando ostentaba un importante cargo académico en la UNIACC. Fueron alrededor de 5 millones de dólares que la UNIACC se embolsó por impartir el programa “Comunicación, gestión y nuevas tecnologías”, para beneficiarios de becas Valech en la Uniacc. El programa tuvo un costo superior a las carreras de Medicina que paga el Estado.

Fuenzalida, el RN que aparece liderando el proyecto ha sido cuestionado por recibir aportes vía boletas truchas del grupo económico Said, controladores de Parque Arauco, Ebelpa, Embotelladora Andina (que vale US$3.630 millones), el banco BBVA y el ex grupo Cruz Blanca –que incluye a la isapre, a Integramédica y las clínicas Reñaca, Antofagasta, Bupa y San José de Arica–, entre otros.

El RN José Manuel Edwards fue quien señaló hace unos meses que Jovino Novoa se “transforma en el primer preso político de Bachelet”. Novoa fue el prácticamente el padre del modelo de financiamiento de partidos y personeros políticos vía aportes fuera de la ley de las empresas. Novoa reconoció los delitos para acceder a un juicio abreviado y así evitar una posible condena.

Las investigaciones relativas al financiamiento de la política por parte del grupo Angelini mencionan como a uno de los posibles recepcionistas de aportes ilegales a otro de los protagonistas del proyecto, Gabriel Silber. El DC, ya aparecía mencionado en los aportes del grupo Said y en una rectificación de grupo Angelini figura el pago de la empresa SIEMEL por $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, al Centro Democracia y Comunidad, ligado a la Democracia Cristiana conducido en ese entonces por su esposa Cristina Orellana Quezada

La UDI Claudia Nogueira fue formalizada el 7 de abril por uso irregular de asignaciones parlamentarias y tuvo que devolver al Estado 30 millones 283 mil pesos, entre otras medidas para acceder a la salida alternativa que consiguió.

Llama la atención la facilidad con que este tipo de personajes hablan de lumpen, delincuencia, etc, incluso siendo partes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sin rubor alguno. La medida, que estaría próxima a presentarse, viene a fortalecer aún más la agenda represiva del Estado contra la movilización social que paulatinamente se comienza a instalar con la Agenda Antidelincuencia, aprobada la semana recién pasada.