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Brasil: Crónica del golpe de Estado anunciado y su narrativa kafkiana

20 mayo 2016

Segunda Parte: Un juez incendiario y el doble estándar de la narrativa de la corrupción

Por Frederico Füllgraf / resumen.cl

No se completaban ni siquiera 24 horas desde que en Brasilia asumiera Michel Temer – el vicepresidente de Dilma Rousseff, que hace meses se desempeñaba como el cabecilla de un golpe institucional contra la presidenta – y Wikileaks detonó una bomba mediática en su contra.

Dos cables de 2006, uno de ellos enviado al Comando Sur de EEUUA, ubicado en Miami – Cable: 06SAOPAULO30_a – WikiLeaks – revelan que Temer se juntó dos veces en reuniones con los servicios de inteligencia de EE.UU. como informante durante la campaña por la reelección del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los cables hace referencia al papel que pudiese desempeñar su partido, el liberal-derechista PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasilero), que el vanidoso Temer recomienda a los servicios norte-americanos como el ineludible fiel de la balanza para componer un gobierno.

En trama paralela, José Serra – candidato derechista a la Presidencia, derrotado en 2002 por Lula, y en 2010 por Dilma Rousseff – acaba de ser nombrado nuevo ministro de relaciones exteriores de Temer, y se irritó con las notas de protesta de Unasur (Unión de las Naciones de América del Sur) y de Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) contra el golpe en Brasil. Con un duro comunicado, Serra rechazó “enfáticamente las manifestaciones de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, así como también del ALBA… que se permiten opinar y propagar falsedades sobre el proceso político interno en Brasil”. A las protestas de Unasur y Alba se suma el embargo de Uruguay y El Salvador, que no reconocen el gobierno golpista. El aislamiento se completa con la advertencia de Rusia contra cualquiera injerencia externa, lo que tras pocos días de mando va reduciendo el campo de maniobra de Temer.

Sobre José Serra, un ilustre desconocido para la mayoría de los lectores hispano-parlantes, es oportuno recordar que en su juventud fue líder de la federación estudiantil UNE, proscrita por la dictadura civil-militar brasileña, y que estuvo exiliado en el Chile de Salvador Allende. Sin embargo, tras el golpe del 11 de septiembre de 1973,fue a estudiar su Maestría en la Universidad de Cornell, en EEUU, de donde volvió a Brasil extrañamente metamorfoseado en líder derechista del auto-denominado partido de la socialdemocracia brasileña (PSDB), fundado por otro ex exiliado en Chile, el sociólogo y ex presidente Fernando Henrique Cardoso.

Serra no está por azar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un obispo clave en el tablero del ajedrez geopolítico para una reaproximación con la formula W & W = Wallstreet + Washington. Cuando el presidente Lula deshizo la privatización parcial de Petrobras, promovida por su predecesor, FH Cardoso, y reiteró el monopolio de la petrolera brasilera sobre las notables reservas marítimas del Pre-Sal, en 2009, con un nuevo marco regulatorio rechazado por las petroleras multinacionales, el entonces gobernador de São Paulo, José Serra, prometió a la petrolera norte-americana Chevron – la misma procesada por crimen ambiental por el gobierno de Ecuador – que “nosotros cambiaremos eso”. En un telegrama enviado para Patricia Pradal, directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones con Gobiernos, de Chevron  –https://wikileaks.org/plusd/cables/09RIODEJANEIRO369_a.html – Serra comentó textualmente: “Deja que eses tipos [del PT] hagan lo que quieran. Las mesas de licitaciones no van a ocurrir y entonces nosotros vamos mostrar a todos que el modelo antiguo funcionaba… Y lo cambiaremos para lo que era anteriormente” –

Apoyado únicamente por el cartel de los medios oligárquicos nacionales, capitaneados por TV Globo y el diario Folha de São Paulo, Temer ya perdió la batalla comunicacional para los medios y la opinión pública internacional, que no cesan de acusarlo de político golpista y mediocre, cuya popularidad no pasa del ridículo 2 por ciento. Es más: el ex vice de Rousseff es citado varias veces en las investigaciones del operativo Lava Jato sobre Petrobras y hace pocos días, un tribunal lo condenó a ocho años de inegibilidad por defraudar la Ley Electoral. Su primera medida desastrosa en dos días de “gobierno” fue extinguir el Ministerio de la Cultura. Por mezquina venganza de los artístas e intelectuales que protestaron masivamente contra el juicio político y el golpe contra Dilma Rousseff.

Lo que actualmente ocurre en Brasilia es una narrativa Kakfiana, con una presidenta depuesta por su vice corrupto y conspirador, cercado por un gabinete misógeno de varones fanáticos, pentecostales, con siete ministros delincuentes, denunciados por la Justicia, y ninguna mujer o representante de las etnias negra e indígena. Un genuino show de circo autoritario, comandado por el bizarro cast fugado de un manicomio.

El golpe, y cayó la presidenta Dilma Rousseff.

Cayó “a pesar de sus 54 millones de votos, a pesar de la ausencia de tipificación de crimen de responsabilidad”, como resume el procedimiento anti-democrático la académica Eneida Salgado, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Federal del Paraná: Rousseff tumbó “a pesar de que la interpretación contraria del Tribunal de Cuentas de la Unión sea retroactiva. A pesar de la falta de consistencia jurídica de la denuncia, de la ineptitud del informe, de las fallas procedimentales, de la ofensa a la amplia defensa, de los votos viciados en la admisibilidad…”.

Cae Dilma Rousseff y con ella el país “peso-pesado” del ciclo latinoamericano de redistribución de ingresos y reducción de la pobreza.

Roto el pacto firmado 13 años atrás con el capital financiero e industrial por su predecesor, Luiz Ignácio Lula da Silva, al inicio de una virtuosa década global de valoración de commodities, ahora el ciclo se encierra con un asalto al poder de la falange rentista, rasgando la Constitución y amenazando recortes sociales y represión en Brasil.

Cae una presidenta limpia de cualquier juicio de corrupción, y se violan de modo arrogante tratados internacionales como la Carta Democrática Interamericana de 2001, en particular sus dispositivos de protección de la Democracia Representativa (artículos 1° a 3°).

Eso le advirtieron al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Ricardo Lewandowski, el secretario-general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberto Caldas. Lacónico, Lewandowski señaló que “el tema… es saber si el STF puede o no ingresar en juicio de naturaleza política, si va o no conocer ese cuestionamiento. Pero este es un tema a ser examinado a futuro por los 11 ministros de la Suprema”.

Semanas antes, el Mercosur manifestó su inquietud con la conducción cuestionable del proceso del juicio político. La percepción generalizada es que, si no hubo crimen de responsabilidad de la mandataria y si no hay respeto por el rito democrático, entonces la ofensiva para sacar Dilma Rousseff del poder sí es un golpe. Un golpe “blanco”, sin derramamiento de sangre roja. Por mientras.

Colapso de una narrativa y la testarudez de los medios chilenos

El 13 de abril – cuando el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, comandó la primera etapa del golpe, alcanzando 367 votos para el juicio de la mandataria, cambió radicalmente el tono de la “Pauta Rousseff” en los medios internacionales

Desde 2014, el mainstream mediático global hacía creer a sus lectores que en Brasil ocurría la novelesca “lucha del bien contra el mal”, donde se enfrentaban “la brava y honesta ciudadanía” con “una presidenta corrupta”.

Esa narrativa naufragó.

El circo de horrores presentado por la Cámara de Diputados el 17 de abril, desencadenó en los principales medios occidentales – de El País, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, O Público, RFI y Deutsche Welle, hasta el New York Times la CNN y el Financial Times- la percepción de que detrás de la derrocada de Roussef se articulaba una combinación de farsa jurídica con el intento de proteger a 303 (¡trecientos tres!) de los 513 diputados que son investigados o ya están procesados por crímenes que van de la corrupción al homicidio, y negociar el fin del Operativo Lavajato (Lava Chorros),

Una presidenta honesta fue juzgada por “una asamblea de delincuentes, comandada por un bandido llamado Eduardo Cunha”, fulminó el influyente analista Miguel Tavares en el canal SIC de la TV portuguesa.

Lamentando su cobertura equivocada, el 24 de abril, Franck Nouchi – mediador entre los lectores y la redacción de Le Monde – admitió que el diario francés había confiado demás en la parcialidad de los medios brasileños en su cruzada contra Rousseff; medios usados como principal fuente de referencia por su corresponsal. Y humildemente preguntó a sus lectores: “¿Le Monde fue parcial en su cobertura de la crisis política brasileña?”

En espantoso contraste al mea culpa globalizado, los medios chilenos – de El Mercurio por La Tercera, hasta plataformas progre como El Mostrador y The Clinic – se obstinan en reiterar la falsa narrativa, según la cual Dilma Rousseff fue juzgada por “corrupta”. Con lenguaje protocolario y haciendo eco al tono oficialista, se leía perlas como “Votación en el Senado brasileño: La mayoría se empieza a inclinar por procesar a Rousseff” (The Clinic, 11/5/2016) y “Senado de Brasil empieza a configurar una mayoría favorable a procesar a Rousseff” (El Mostrador, 11/5/2016).

Con estos titulares, el lector curioso, pero incauto, es inducido a creer que allí, finalmente, un Senado probo, justo y democrático decide hacer juicio a una “presidenta ladrona”.

Pero ningún medio chileno explicó a sus lectores, qué Senado era aquel, que el 11 de mayo ratificó la ofensiva de Eduardoi Cunha, destituyendo a Rousseff. ¿Alguien contó a los chilenos, que a semejanza de la Cámara de Diputados, 60 por ciento de los senadores están acusados de crímenes de falsedad ideológica, abuso de poder económico e improbidad administrativa? ¿Que 13 senadores – inclusive el presidente de la Casa, Renan Calheiros – fueron denunciados por la Fiscalía que investiga la corrupción en la petrolera Petrobras?

La porfiada narrativa del doble estándar

Condicionándose a regurgitar los despachos de agencias como EFE – una empresa estatal española, a la merced de gobiernos conservadores – o copiando piezas de bajo valor periodístico – como por ejemplo: “El jet privado que ME-O usó en su campaña que lo liga a la corrupción de Lula en Brasil” (The Clinic Online, 13/3/2016), generado por una agencia local chilena – en vez de mantener in situm sus propios corresponsales o invertir en periodismo investigativo, pareciera que los medios chilenos han renunciado a su soberanía editorial.

“La corrupción de Lula” infiere el titular de The Clinic, y repite el malicioso discurso mediático brasileño, que ha impulsado la más grave ola de rencores y odio de tintes fascistas en las calles de Brasil, contra todo lo que tenga look “de izquierda”.

No es necesario simpatizar con el PT, mucho menos como periodista, para advertir que hace más de dos años, la policía federal, fiscalías y medios insinúan que “hay que investigar a Lula”, que “Lula está involucrado” en eso o aquello, pero a semejanza de las insinuaciones contra Dilma Rousseff, jamás se ha presentado cualquier prueba, ni siquiera un mezquino indicio.

Para el periodista independiente no es difícil reconocer que desde 2003, fecha del ascenso al poder del gobiernista Partido de los Trabajadores (PT), siete familias que controlan la prensa, la radio y la televisión en Brasil, unificaron su masacre mediática del partido y su líder, que a partir de las investigaciones de la corrupción en Petrobras son elegidos como chivos expiatorios, hasta mismo como “inventores” de la corrupción, como si esta no fuera histórica, transversal y endémica.

Quien lo afirma es el “insospechado” New York Times, que en un despacho de su corresponsal Simón Romero aclaró: “Casi todos los frentes del sistema político están hundidos bajo nubes de escándalo” (Ex-President ‘Lula’ Joins Brazil’s Cabinet, Gaining Legal Shield, 16/3/2016). Y Glenn Greenwald, reportero titular del Premio Pulitzer, conocido tras publicar los archivos secretos de Edward Snowden, comenta: La corrupción “no incluye apenas el PT – partido laborista de centro-izquierda de la presidenta, atravesado por serios casos de corrupción – sino también la gran mayoría de los grupos políticos y económicos del centro y de la derecha, que actúan para destruir el PT, pero que están hundidos en una cantidad al menos igual de criminalidad” (“Brazil Is Engulfed by Ruling Class Corruption — and a Dangerous Subversion of DemocracyThe Intercept, 18/3/2016).

Cuando el Quijote tiene razón

Empero, ¿cómo se explica tal fuerza del doble stándar?

El periodista investigativo debe mantenerse a prudente distancia de las simplificaciones y reiteradas teorías de la conspiración, porque la investigación se fundamenta en pruebas irrefutables. Todavía, cuando tropieza, una trás otra, con las piezas de una trama a primera vista “despistada”, entonces tiene que doblegarse a la elemental sabiduría de la frase emblemática del personaje cervantino, Sancho Panza: “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay!”.

Suena paradoxal, pero el desorden institucional es un proyecto político bosquejado a partir de 2009 por el futuro Operativo Lava-Jato, de supuesto combate a la corrupción en Petrobras, coordinado por el juez de primera instancia, Sergio Moro, y el fiscal general, Rodrigoi Janot. Desde 2014, su objetivo estratégico fue la desestabilización del Gobierno Rousseff, y es presentemente la prisión de Lula y la destrucción del PT, como bien infirió Greenwald.

Analizado con rigor histórico, este desorden tiene su inicio al final de los años 1990, durante la presidencia de FH Cardoso, cuando su gobierno firmó un acuerdo de cooperación entre la Policia Federal (PF) y el FBI norte-americano.

En 2004, en una bombástica entrevista a la revista Carta Capital (“A hora da autopsia”, 24/03/2004), el ex jefe del FBI en Brasil, el agente portugués Carlos Alberto Costa, desvelaba la financiación y la descarada infiltración de la PF por el FBI, burlándose del gobierno brasileño con la frase: “La PF es nuestra! Quien paga las cuentas es el que manda!”. Las “cuentas” referidas por el agente sumaban decenas de millones de dólares depositados en cuentas de directores de la PF brasileña, en flagrante violación de la legalidad. La principal misión de Costa consistió en el entrenamiento de la PF según el formato de los task forces (grupos operativos) de lucha anti-terrorista del entonces gobierno George W. Bush – “formatación” que estallan en escena con el Operativo Lava-Jato, a partir de 2014.

Casado con una brasileña, Costa no deseaba volver a los EE.UU. e intentaba aliviar su mala conciencia, advirtiendo la gravedad de la infiltración del aparato de seguridad brasileño, no apenas por el FBI, sino también por la DEA y la CIA. Insinuó que desde la embajada americana pinchaban los teléfonos del palacio de gobierno. Declaró en el Senado brasileño, pero no le hicieron caso.

Lo más espantoso: se escribía el Año 2 del primer mandato del presidente Lula (2003-2007), pero el entonces ministro de la Justicia, Márcio Thomaz Bastos, se encongio de hombros.

Un juez incendiario y la desestabilización de Dilma Rousseff

Cinco años después, durante el primer mandato de Barack Obama, la embajada norte-americana en Brasil volvería a insistir en el entrenamiento de grupos operativos, esta vez no apenas de la PF, sino también del Ministerio Público y del Judiciario brasileño, con el objetivo de juntar la lucha contra el crimen organizado – tráfico de drogas y lavado de dinero – con su “guerra contra el terrorismo”.

Era octubre de 2009, el presidente Lula instalado en su segundo mandato, cuando el Departamento de Estado organizó en Rio de Janeiro una “Conferencia Regional sobre Crímenes Financieros”, en cuyo informe se estampa la ilustre figura del nuevo héroe de la clase media del Brasil sureño: el juez Sergio Moro.

El informe de la conferencia – (Cable: 09BRASILIA1282_a – WikiLeaks).- quedó en secreto hasta marzo del 2016, cuando Moro detuvo a Lula en un operativo coercitivo e ilegal y días después divulgó una conversa telefónica privada, pero pinchada, del ex mandatario con la presidenta, a raíz de su nombramiento como ministro-jefe del Gabinete de Rousseff ; nombramiento anulado 24 horas después por el juez del STF y enemigo jurado de Lula, Gilmar Mendes.

¿Quién es y cuál ha sido la misión de Sergio Moro?

Moro tampoco es un personaje al azar. Tras escribir su Magister y Doctorado en la Law School de Harvard, en los años 1990 se lo ve como frecuente y destacado invitado del International Visitor Leadership Program (Programa Internacional de Liderazgos en Visita – IVLP) del Departamento de Estado.

Producto de la guerra fría, el IVLP becó y financió aproximadamente 200.000 “personalidades de liderazgo” del mundo entero, entrenados en los EEUU por expertos en variadas disciplinas con relevancia estratégica.

En el caso de Moro, sus interlocutores fueron los aparatos policiales, judiciarios y de inteligencia norte-americanos, interesados en fusionar el combate brasileño a las transacciones financieras ilegales con su ”guerra contra el terrorismo”, motivo por el cual, desde el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en 1994, en Buenos Aires, los gobiernos en Washington se obstinaron en afirmar que la Triple Frontera (Brasil-Argentina-Paraguay), en donde viven 50 mil árabes. Albergaba un “foco terrorista”; fantasma que jamás ganó cuerpo y no pudo ser probado, pero sirvió como pretexto para la preparación de “fuerzas especiales” de la PF brasileña, entrenadas por el FBI y la CIA, acompañados a distancia por el Mosad israelí.

Después del entrenamiento de la PF por el agente del FBI, Carlos A. Costa, el juez federal de primera instancia en la sureña Curitiba personifica la segunda etapa de la “formatación” norte-americana del aparato de Estado brasileño: la infiltración y estructuración de la Fiscalía y del judiciario según el modelo de los task forces, con métodos de detención e interrogatorio inspirados en la doctrina de guerra norte-americana del Shock and awe (Choque y pavor) – conocida técnicamente como “domínio rápido” – por primera vez utilizados contra prisioneros en Irak y en Guantánamo.

Al mismo Sergio Moro le encanta citar un texto de su autoría, publicado en 2004 (Moro, Sergio Fernando. Considerações sobre a Operação Mani Pulite. R. CEJ, Brasília, n.26, p. 56-62, jul./set. 2004 – http://s.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf), para explicar que su fuente de inspiración para la cruzada Lava-Jato fue el Operativo Mani Pulite contra la corrupción en Italia. Más allá de total fracaso del operativo italiano, atestado por el politólogo italiano Alberto Vannucci, porque no extinguió, sino sofisticó la corrupción, varios expertos, como el respetado jurista español, Baltasar Garzón, a Moro le atribuyen superficialidad y, ya que el fiscal italiano Antonio Di Pietro enfrentó de modo transversal a todo el espectro partidario, mientras Moro centró su ataque en políticos y empresarios cercanos al PT.

Pero hay un elemento clave en la evocación de Mani Pulite por Sergio Moro, y es el papel de “las calles”. Citando a Di Pietro, justifica las sistemáticas filtraciones sobre sospechosos – a veces ni siquiera investigados, cuanto más sea condenados – a los medios, con frases con segunda intención, como “es muy limitado lo que puede hacer un juez, sin el apoyo de la opinión pública” – procedimiento que en el caso del ex presidente Lula, no investigado, resultó en un claro asesinato de reputación.

Esta clave es fundamental para entender las masivas marchas de las clases medias y la élite económica y blanca del sureste brasileño “contra la corrupción”, convocadas por el monopolio de los medios de comunicación encabezado por TV Globo, Folha de S. Paulo y revista :Veja, alimentados y hasta cierto punto incorporados al operativo Lava-Jato,

Deformando al operativo Mani Pulite y fusionándolo con técnicas de desestabilización institucional aprendidas en manuales made in USA, así nació la concertación judicial-mediática-callejera, que en ámbito parlamentario interactuó con la oposición derechista, inconforme con sus cuatro derrotas electorales desde 2002. Su culminación fue el golpe, que los golpistas prefieren circunscribir con el elegante eufemismo de regime change.

Los errores de Lula, Dilma y el tablero geopolítico

En retrospectiva, la deposición de Dilma Rousseff es apenas la punta del iceberg del “Regime change”, que hace más de diez años era la agenda norte-americana para cortar el oxígeno a las políticas brasileras de reducción de la pobreza y política externa independiente y multipolar.

Desde la primera elección de Hugo Chávez, en Venezuela, y de Lula, en Brasil, al principio del nuevo milenio, los EEUU anotaron atentos y resentidos las derrotas de sus socios en aquellos países.

No fueron apenas derrotas electorales, sino profundamente institucionales, como el contundente rechazo latinoamericano al acuerdo ALCA, en 2005, propuesto por el gobierno George W.Bush. En 2007 el gobierno Lula otra vez sorprendía a Washington con su nuevo marco regulatorio para la Petrobras, que privilegió contratos con petroleras de India y China, desconociendo a las norte-americanas. Entre 2008 y 2010, la agenda de EE.UU. sufría otro revés, con la fundación de Unasur y de Celac como contrapesos a la OEA y con la exclusión de Washington en los nuevos organismos de integración. Para colmo y expresión de su proyecto de independencia en políticas monetaria, exterior y de integración, en 2011 Brasil se asoció al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), asociación considerada imperdonable en Washington, porque pudiese significar la debilitación del dólar como moneda predominante y también el aumento de la cooperación militar del continente con sus dos más importantes rivales. La gota de agua que hizo transbordar la paciencia norte-americana fue el ascenso de China al puesto de primer socio comercial e inversionista, con 250 mil millones de dólares que serán invertidos hasta 2020 en Latinoamérica. Finalmente, con el nombramiento, en 2013, del diplomático brasileño Roberto Azevêdo para director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los EE.UU. identificaron una estrategia que afronta su proyecto de debilitación de los macro-acuerdos de libre comercio TIIP u TPP, cuyo objetivo es debilitar a la ONU y atar el comercio mundial a remolque de sus empresas e intereses estratégicos.

Hasta el final del primer mandato de Rousseff, el gobierno brasileño venia resistiendo exitosa mente en el frente externo, Sin embargo, desde el primer mandato de Lula ya se había descuidado de dos peligros internos: la sistemática infiltración de la policía y del judiciario por cuadros entrenados y cooptados por los EEUUA, la incomprensible ausencia de un aparato democrático de inteligencia que monitoreara la infiltración, la falta de diálogo con la vieja y la nueva clase media emergente, la falta de coraje político para la implementación de una Ley de Medios con vistas a la diversificación y democratización del mercado mediático y, particularmente en la administración Dilma Rousseff, la catastrófica política comunicacional del gobierno y la crónica incapacidad de la mandataria de interactuar no solo con el Legislativo, sino con sus propios ministros.

Cuando a estos elementos se agregaron los primeros síntomas de la crisis económica, con el quiebre de los precios internacionales de commodities, que garantizaban el crecimiento sustentado del país y el pacto de clases, Rousseff se reveló aislada y fragil.

Es sintomático que las investigaciones de Sergio Moro y sus cruzados y las marchas masivas contra el gobierno Rousseff comenzaron inmediatamente después del ataque del NSA a los teléfonos de Dilma Rousseff y ejecutivos de Petrobras.

Al plan de ataque naturalmente se sumó una plétora de fundaciones y think tanks nacionales y norte-americanos – el Instituto Liberal, la Charles G. Koch Charitable Foundation, “Students for Liberty”, el Atlas Network del agente argentino Alejandro Chafuen, el Donors Trust, el Donors Capital Management, el Cato-Institute y la John Templeton Foundation – que desde la administración Lula venían becando y entrenando periodistas y jóvenes brasileños en las doctrinas de Friedich Hayek, Milton Friedman y Ludwig van Mises, los papas del neoliberalismo, que hace 40 años predican la necesidad del “Estado mínimo”.

El propósito del entrenamiento de eses grupos de la extrema derecha, algunos abiertamente fascistas y violentos, era la intoxicación generalizada de la atmósfera política, desde las calles a todos los ámbitos del convivo social, y su objetivo estratégico fue el “regime changs” al costo de la destrucción del Estado Democrático de Derecho y las libertades individuales, actualmente amenazadas.

Es que mirado a la luz del Derecho, el timing de las investigaciones del operativo Lava Jato, con sus razzias policiales de escenificación mediática, no estaba programado para cuando estuviera jurídicamente acreditadas, sino únicamente cuando las circunstancias – es decir, la vulnerabilidad de Dilma Rousseff, alcanzada con la sistemática desconstrucción por los medios de su popularidad de 70 por ciento hasta el pozo de los 10 por ciento – se mostraron políticamente convenientes.

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