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Crónica del desastre

12 junio 2016

Por: Darío Aranda. Fotografías: Pablo Piovano

El notable crecimiento de casos de niños con enfermedades y malformaciones en el Chaco. La muerte de un fumigador de agrotóxicos: cáncer a los 40 años. La inoperancia o la complicidad del sistema de salud y mediático. Crónica desde Napenay y Avia Terai.

Alejandro tiene 7 años y está sentado en un changuito para bebés que le queda chico. Acceder a una silla de ruedas es uno de los tantos derechos incumplidos. Alejandro sufre parálisis cerebral y su familia y médicos también lo vinculan a la pobreza y a otra injusticia: vive a diez metros de un campo de soja, que fue rociado con agrotóxicos desde su gestación. Bajo un árbol, a pasos del cultivo transgénico, Carmen Almeida, su mamá, intenta hacerle upa. Le cuesta, pero lo logra. Habla casi como un susurro. Pide, casi como una súplica, tres cosas: una silla de ruedas, atención médica y que su hijo pueda ir la escuela. Mientras habla, mira al horizonte, donde solo se ve soja.

Viaje a Napenay y Avia Terai, corazón transgénico de Chaco.

Salud

Alejandra Gómez vive en Resistencia, capital chaqueña. Estudió abogacía “ya de grande” (treinta y pocos) para acompañar en la carrera a su amiga que padecía cáncer. Ya participaba de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo y, casi de casualidad, en 2008 fueron convocadas por los vecinos en La Leonesa-Las Palmas (localidades cercanas a Resistencia). Arroceras arrojaban agroquímicos sobre los barrios.

Vía judicial, se lograron fallos inéditos: prohibición de las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros de las casas (a 2000 si eran aspersiones aéreas). La sentencia también protegió a las escuelas rurales, ríos y lagunas. La medida fue por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco.

Gómez es didáctica en las explicaciones y firme en las argumentaciones. Tiene hechos comprobados: hay una ley (“de Biocidas”, número 7032, que restringe las fumigaciones a 500 metros de las viviendas) que no se cumple. Los productores hacen caso omiso y los funcionarios (de todos los signos políticos) miran para otro lado. “Para muchos poderosos pareciera que primero están los negocios y después la salud. Nosotros estamos convencidos de lo contrario”, afirma.

Acompaña en el viaje hasta uno de los epicentros transgénicos de Chaco. Ruta 16, 170 kilómetros hasta Roque Sáenz Peña, la segunda ciudad en población de la provincia, conocida como “capital nacional del algodón”. Ya casi no existe algodón y, el poco que existe, es también transgénico y con uso masivo de agroquímicos. Desde la ruta se deja ver soja, maíz, algo de girasol y más soja.

Primera parada, casa de la doctora María del Carmen Seveso. Médica de la zona, treinta año de trayectoria, testigo privilegiada de los cambios productivos. “¿Cómo te puedo explicar?…”. Hace una pausa mientras carga el termo y concluye: “Es un desastre desde todo punto de vista. Echaron a la gente del campo, la dejaron sin trabajo y encima enfermaron a la población. Es un desastre y nadie se hace cargo”, denuncia.

Napenay

Sobre la misma ruta 16, veinte kilómetros hasta Napenay. Al costado de la ruta, repleto de carteles del agronegocios: Vicentín, Bunge, Dow, Basf, Rizobacter, John Deere. Es una localidad de 5000 habitantes, de matriz agropecuaria. Catalina Cendra, 40 años, recibe en el patio de su casa materna, en la zona urbana. Sillas de plástico, mesa con galletitas y mate recién recién preparado. Vive a 25 kilómetros, tierra adentro, Lote 15, Paraje Pampa La Desatinada. “Me dicen Cati”, se presenta y saluda con besos en ambas mejillas. Cuatro generaciones de vida campesina. Animales, quinta, producción de frutales, batatas, zapallo, mandioca y todo lo necesario para comer sin depender del mercado o la carnicería. Pero hace diez años todo comenzó a cambiar.

“Fueron los cordobeses”, precisa. Y explica que son empresarios de esa provincia que llegaron hasta Chaco, compraron (o alquilaron) a familias ancestrales del lugar y comenzaron a rodear a campesinos que no querían irse, ni alquilar ni vender.

Y se iniciaron los desmontes y luego las fumigaciones indiscriminadas. Los frutales se “quemaron”, comenzaron a secarse, los frutos se cayeron y las plantas se fueron secando. Intentaron dialogar con los nuevos vecinos, pero no tuvieron respuesta. O sí tuvieron: los volvieron a rociar con agroquímicos. “Ya nos fumigaban por demás”, recuerda Cati. Su esposo no quería confrontar o denunciar, pero ella salió a la calle. Comenzó a reclamar junto a la Unpeproch (Unión de Pequeños Productores del Chaco), a denunciar lo que pasaba en el campo chaqueño, incluida el éxodo rural. Como un orquestado plan sistemático de vaciar el campo, nunca se hicieron obras para que cuenten con electricidad y cerraron muchas escuelas rurales.

En el Paraje La Desatinada fue la (mala) suerte de la Escuela 289. El argumento oficial fue la falta de alumnos. A las familias campesinas la medida las tomó por sorpresa. Cuando quisieron reaccionar, la escuela ya no estaba. Consecuencia: los chicos en edad escolar tuvieron que ir al pueblo (en muchos casos con las madres) para poder terminar la primaria.

“Nos vaciaron el campo. Acá y en todo el país. Quieren que desaparezcamos, quieren que sea todo un campo de empresarios”, define Catalina con precisión que no se escucha en autoridades del INTA ni del Ministerio de Agroindustria.

El Foro por la Tierra del Chaco denunció en 2008, en base a censos oficiales, que a mediados de siglo pasado la población rural provincial representaba el 70 por ciento. En 1991 había descendido al 28,5 por ciento. En 2001, sólo el 17 por ciento de la población permanecía en el campo. En 2010 descendió a 12 por ciento. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las ciudades.

Una mañana de febrero comenzaron a fumigar a las 6. El calor hacía más denso el ambiente. Catalina se sintió mal. Recogió agua de un tanque (que estaba tapado) y se duchó. Fue peor. Comenzó con dolor de cabeza, mareos y mucha picazón en todo el cuerpo, como si fuera avispas. Consiguió un vehículo que recorra los 25 kilómetros hasta el pueblo. A las 12 estuvo en la posta sanitaria. La médica no estaba. Recién volvió a las 18. Le explicó lo que había pasada en el campo, el olor penetrante de los químicos.

“Me trató mal. Me dijo que no tenía nada. Y me dio un Paracetamol”, relata. Y se enoja al recordar. Confiesa que no se quedó callada, que le avisó la doctora que iba a denunciar al fumigador y a ella por no atenderla. “Ahí bajó un poco, se amansó. Me comenzó a hablar bien. Me revisó mejor, pero igual negó que fueran los químicos…”.

Interviene en la charla la doctora Seveso. Explica que hay muchos inoperantes en el sistema de salud, pero también quiénes quieren ocultar lo que pasa. Seveso afirma que en los hospitales y centros de salud hay capacitaciones y charlas informativas de diversos temas. Recuerda como inundaron los consultorios con información de la Gripe A o del dengue, pero nunca abordan el tema de los agrotóxicos y los transgénicos. “Ni se los nombra en el sistema de salud. No es casualidad”, afirma la médica.

Catalina explica que el sarpullido y el malestar le duró una semana. Y resume: “El agro mueve mucha plata acá. Nadie quiere enfrentarse con ellos… aunque te envenenen”.

Otras trece familias de Napenay están en situación similar a Catalina Cendra. Asediadas por el modelo de agronegocios. Situaciones similares se viven en los pueblos vecinos: Tres Isletas, Colonias Unidas, Quitilipi, Machagay, Castelli. Pero muchos no quieren denunciar “para no tener problemas”. Tienen miedo. El Lote 15, 231 hectáreas, está rodeada por el agronegocios. Catalina aclara que ellos no tocan el monte, lo cuidan, saben que es su futuro y el único pulmón que resiste entre campos transgénicos. “Ofrecieron comprarlo o alquilarlo, pero no, es nuestro derecho vivir en el campo, de nuestro trabajo. Ahí nos quedamos. No vamos a dejar de luchar”, avisa.

Agua

En Napenay no hay agua. En el patio donde transcurre la entrevista se observa una manguera fina, de dos centímetros de diámetro, con un hilo de agua que cae en un tanque mediano a ras del suelo. Tardará horas, quizá todo el día, en llenarse. Es toda el agua que brinda el Municipio mediante una red local.

En el campo no hay mejor suerte. Las perforaciones son muy caras y la mayor parte de las veces no logran encontrar napas permanentes, se secan en semanas o meses.

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La familia de Catalina tiene un aljibe, que mantienen tapado para evitar los químicos e intentan llenarlo cuando llueve. “Cuidamos mucho el pozo de agua. La hago hervir antes de tomarla, pero a veces también nos hace mal”, explica a MU. Y cuenta que ha visto ovejas y chivos con abortos espontáneos, que nacen con “chichones” en la cabeza o malformados.

Un mes después de la entrevista, lograron que la Secretaría de Ambiente analice el agua. Detectaron clorpirifos, un insecticida organofosforado que puede afectar el sistema nervioso y causar trastornos neurológicos. Ya no pueden tomar el agua del aljibe.

Alejandro

De vuelta a la ruta 16. Cinco minutos de andar y un camino ancho de tierra que se abre. Cuatro kilómetros, alambrado, árboles añejos y la Escuela 256, pintada de blanca y celeste. Enfrente, calle mediante, un campo de algodón transgénico (con, claro, uso de agroquímicos). Alejandra Gómez, de la Red de Salud Popular, explica que realizaron denuncias porque fumigaban con los niños en clase. Consecuencias obvia: intoxicaciones, vómitos, mareos, problemas respiratorios, sarpullidos.

Lapsus de unos segundos y una pregunta retórica: ¿Y si fumigaran escuelas de Palermo o Recoleta en Ciudad de Buenos Aires (o de cualquier otro lugar acomodado del país)?

Fin del lapsus; otra vez en Chaco. Gómez señala que los productores acordaron que las fumigaciones sean entre las 6 y las 8 de la mañana, antes que lleguen los chicos a clase. Sabe que es poco pero también sabe que están solos: políticos, jueces, policías, medios de comunicación son, por acción u omisión, cómplices.

Ya es el mediodía. Todos arriba del auto. Cinco minutos de andar. Una tranquera. El vehículo ingresa a paso de hombre y hace medio kilómetro, bordeando campos que hasta hace semanas tuvieron soja.

Una casa humilde, de material, dos habitaciones, techo de chapa, árboles a los costados y perros que alertan de visitas. Sale a recibir Carmen Almeida, 27 años, delgada, madre de tres niños. Presentaciones de rigor. Vuelve al interior de la casa y sale con Alejandro, de 7 años, en un cochecito para bebés que sus papás compraron con mucho sacrificio, en doce cuotas. Sufre parálisis cerebral, con severa dificultad motriz. No camina, no se sienta solo, no tiene manejo de su cuerpito. No puede siquiera sostener su cabecita erguida. Intenta hablar, pero se expresa mediante gritos o llanto.

El carrito es pequeño para el cuerpo de Alejandro. Da impotencia la situación. Y aún más el lugar: el patio de la casa es al mismo tiempo el campo que tuvo soja hasta hace días. Y donde arrojarán químicos en semanas y otra vez tendrá cultivos que requerirán más químicos. Todo el cóctel químico a sólo metros de la casa de Carmen, Alejandro y sus dos hermanos.

El campo, de 25 hectáreas, es del suegro de Carmen. Lo alquila a productores de la zona. Hace más de diez años que ella vive ahí. Y todos los años fue testigo involuntaria de las fumigaciones. Incluso cuando estuvo embarazada. Señala que le suelen avisar que van a echar “remedios” (agroquímicos) y ellos se encierran en la casa. “Los médicos me dicen que no fue por eso lo de Alejandro, o que no se sabe por qué enfermó. Me dicen que puede ser que al nacer le apretaron sin querer la cabecita y eso provocó la parálisis”, explica la mamá.

Nadie de los presentes se anima a contraponer hipótesis o argumentos.

Hace meses que tramita una silla de ruedas, pero siempre falta algún papel o trámite burocrático. Recorrió hospitales, municipios y despachos provinciales. Siempre falta algo.

También tuvo problemas en la escuela especial “Crecer con todos” de Sáenz Peña. No querían darle la vacante porque le faltaba el certificado de discapacidad. No hacía falta ser Nobel de Medicina para darse cuenta de la situación, pero los médicos de Napenay y de Sáenz Peña tampoco emitían el comprobante porque “faltaban estudios”.

“Lo llevábamos a Alejandro. Los doctores lo revisaban, pero decían que faltaban estudios. Y no nos daban el certificado de discapacidad”, relata Carmen.

Perdió meses de clases. Hasta que finalmente la escuela lo aceptó. Con una limitante: concurre solo dos veces a la semana, lunes y miércoles, de 16 a 18. Total: cuatro horas por semana. Debiera ir veinte horas, pero hay muchos chicos con discapacidad y solo dos escuelas para ellos. Carmen celebra que ha tenido mejoras. Que ya mastica al comer (antes sólo tragaba) y que intenta comunicarse más. Lamenta que no pueda estar más horas en la escuela, con una rehabilitación intensiva.

La doctora Seveso explica que no hay cifras oficiales (o al menos no son públicas), pero en los últimos quince años aumentó el número de niños con discapacidad. Informa que existen dos escuelas nuevas para chicos con capacidades especiales, pero igual hay lista de espera, no alcanzan. “Esto también es el modelo agropecuario, cantidades de chicos con discapacidad. Los negadores que vengan y lo vean con sus ojos, que piensen en sus hijos”, desafía, mientras enumera parajes donde ha visto muchos niños con discapacidad: Avia Terai, La Tigra, La Clotila, Tres Isletas, Castelli.

Alejandro grita desde el changuito. Llama la atención de su mamá. Carmen se despide como pidiendo disculpas, agradece la visita y, con dificultad, alza a upa a su hijo.

Cuando ya estamos en la ruta, suena el teléfono de Alejandra Gómez. Un mensaje de texto de Carmen: “Que el periodista ponga que si tengo que esperar de los políticos que me consigan una silla para mi hijo me voy a jubilar porque no me dan pelota. Se enojaron esa vez que le llegaron ustedes (a reclamar). Por eso los políticos no me quieren ayudar”.

Gómez lo lee en voz alta. Unos instantes y llega otro mensaje de la mamá de Alejandro: “Hoy estuve tímida porque me quieren sacar de esta casa. Y perdón que estuve tímida pero me pongo triste cuando hablo de mi nene”.

La impotencia se hace nudo en la garganta. Todo se hace silencio.

“No quedar silencioso”

Avia Terai es una localidad de cinco mil habitantes en el centro geográfico de Chaco, vecina de Napenay. En el ingreso al pueblo se ubica una semillera transgénica (Mandiyú) y una agroquímica (Ciagro), con campos experimentales. También sobresale una pista de aviones fumigadores. Y está presente la multinacional cerealera Bunge, con carga-descarga de camiones. El casco urbano está, literalmente, rodeado de cultivos de soja y girasol que son fumigados entre diez y doce veces al año. Un estudio científico confirmó en 2013 la denuncia de vecinos: el 31,3 por ciento de la población relevada declara haber tenido algún familiar con cáncer. La investigación, auspiciada por el Ministerio de Salud de la Nación, vincula la causa de las enfermedades con el modelo agropecuario.

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“Relación entre el uso de agroquímicos y el estado sanitario”, es el nombre de la investigación, de 68 carillas, que llevó 2051 encuestas en el territorio, utilizó datos oficiales y fue realizado por seis médicos, licenciados en enfermería y geógrafos. Entrevistó a 390 personas. El 31,3 por ciento declaró haber tenido algún familiar con cáncer en los últimos diez años. “En el Centro Integrador Comunitario (CIC) nos entregaron un censo realizado por las mismas mujeres del pueblo que solicitan una escuela para discapacitados. Incluye a los menores de 20 años de sólo la planta urbana, y contaron 101 niños y jóvenes con discapacidad”, señala el trabajo.

El trabajo abordó otras tres localidades (Campo Largo, Napenay y La Leonesa) y llegó a las mismas conclusiones. “Las cuatro localidades que se han caracterizado como asentamientos en los que se desarrolla el modelo agroproductivo, empleando los paquetes tecnológicos que incluyen semillas transgénicas y empleo de agroquímicos”, alerta la investigación.

Para su reporte epidemiológico la investigación tomó como fuentes de información estudios de Dirección de Estadística Sanitarias del Ministerio de Salud de Chaco, el Registro de Tumores de Chaco, del Servicio de Neonatología del Hospital Perrando y del Hospital 4 de Junio, y las encuestas propias en el territorio. Los productos químicos de mayor uso en la zona son endosulfan, clorpirifos, glifosato, paraquat, dimetoato, lambdaciaotrina, metamidofos, cipermetrina y carbendazim, entre otros.

El trabajo detalla bibliografía científica que advierte de malformaciones y cáncer en zonas con uso intensivo de agrotóxicos, recuerda que la aparición de malezas resistentes llevó a que “con el fin de sostener la productividad se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos”, y afirma que los más afectados son niños y mujeres embarazadas.

Alejandra Gómez no duda: “Se sigue priorizando la ‘productividad’ y el rendimiento de los agronegocios sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales, ni la salud y la vida. No se cumplen las leyes y el Estado sigue ausente en materia ambiental. Debe quedar claro que junto al avance de la frontera agrícola avanza el desmonte y las enfermedades en la población”.

La investigación cita estudios científicos y afirma las consecuencias del modelo: “Reducción de la fertilidad masculina, enfermedades neurológicas, reducción del crecimiento, anormalidades fetales, fatiga crónica en niños y mal de Parkinson. También está contribuyendo enormemente al incremento del índice de cáncer, ya que los residuos de pesticidas están entre las tres mayores causas de cáncer”.

El equipo de investigación estuvo encabezado por Mirta Liliana Ramírez, doctora en cartografía, directora del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica (UNNE), investigadora independiente del Conicet. El equipo investigador estuvo compuesto por Braulio Santiago Belingheri, María Beatriz Nícoli, María del Carmen Seveso, Lina Alba Ramírez y Mercedes Beatriz Garcete. En el capítulo final advierte que en muchas ciudades “la población aún sigue esperando y se debe actuar de forma más rápida frente a situaciones en las que se vulnera la salud”. Destaca que en el país se han logrado “erradicar muchas enfermedades que durante años causaron muertes y postergaron”, y revela el por qué de la investigación: “No queremos quedar silenciosos frente a nuevas amenazas”.

Monte grande

Avia Terai significa “monte grande” en idioma originario. Casas bajas, pocas calles de asfalto. La siesta se respeta y muy pocas personas en las calles. Hay muchas nubes y hacen más tolerable el sol chaqueño. El auto toma una calle de tierra que se aleja del centro, campo de un lado, viviendas humildes del otro. Unas quince cuadras, dobla a la derecha y se interna en una huella. Más campo y freno en una fábrica de ladrillos artesanal, familiar, precaria. Allí está Aixa Ponce Cano, de 7 años, junto a sus padres y hermanos. Aixa tiene una extraña enfermedad: toda la piel cubierta de lunares, pequeñas manchas, verrugas y bello. En 2013 la fotografía de Aixa fue publicada por la Agencia The Associated Press (AP). Confirmó el dicho de “una imagen vale más que mil palabras”. La foto de Aixa se viralizó en medios de comunicación del exterior (y algunos de Argentina).

En los años siguientes, una decena de fotógrafos y documentalistas fueron en busca de Aixa y su padecer. Menos visible a las fotos, Aixa también padecía de unos extraños tumores (de hasta un kilogramo de peso) que crecían en su espalda y le impedían correr, caminar erguida y sólo podía dormir boca abajo, con dolor. Lo peor, esos tumores crecían. El sistema de salud de Chaco le dio una sola respuesta: una interminable burocracia que nunca daba soluciones (finalmente, la unión del fotógrafo italiano Marco Vernaschi y un grupo de música internacional lograron un tratamiento pago y operación en Buenos Aires).

Silvia Ponce, la mamá de Aixa, recibe mientras trabaja al aire libre, en la fábrica de ladrillos con su esposo. Están atareados, no tienen muchos deseos de más prensa. Pregunta dónde están las cámaras de fotos. Se le explica que no habrá imágenes, sólo grabador, cuaderno y lapicera. Baja la guardia. Pide disculpas pero se excusa, deben terminar una tanda de ladrillos y no puede hablar. Aixa y cuatro de sus hermanitos se acercan, quieren jugar, piden el cuaderno y lapiceras

No habrá fotos. Y tampoco entrevista. Pero tiene premio: Aixa y sus hermanos se quedan con las hojas, dibujan, sonríen.

Semanas después, Alejandra Gómez explicará lo sucedido: la familia Ponce sufría ataques difamatorios de vecinos y productores. La acusaban de exponer a su hija y también “desprestigiar” al pueblo.

Premonitorio

Catherina Pardo fue una pionera en alertar sobre los efectos de los agroquímicos en Avia Terai. Tenía 14 años en 2005, cuando comenzó a preguntarse por “el avioncito” que pasaba por arriba de la escuela cuando ella estaba en clase. Un trabajo escolar la embarcó, junto a dos compañeros y una docente, a investigar sobre el hangar vecino al colegio, el modelo agropecuario y las denuncias de enfermedades del Barrio Quebracho (a un kilómetro del hangar y rodeado de soja).

Escucharon a los afectados, confirmaron problemas respiratorios y vincularon avión, agroquímicos, agronegocios y vecinos enfermos. Y precisaron el incumplimiento de la Ley de Biocidas. Su trabajo escolar obtuvo el primer premio en la Feria de Ciencias de la provincia.

Y generó debates en el pueblo. Incluso llegaron funcionarios del gobierno provincial, se reunieron con fumigadores y productores, con docentes y directivos, pero no dejaron participar a los estudiantes. Semanas después, en una charla abierta, sí los invitaron, pero les pidieron que no hablen. “Sentíamos impotencia”, recuerda Catherina Pardo, diez años después, sentada en el living de su casa.

Pardo terminó el colegio hace años. Estudia psicología social. Sigue denunciando los efectos del modelo agropecuario, muy consciente de que vive en un pueblo donde el agro es el sector más poderoso.

Pasó una década y Pardo no duda: “Lo que alertamos cuando estábamos en el colegio se cumplió en estos años. Hay cada vez más cáncer, más enfermos respiratorios, abortos espontáneos, chicos con malformaciones o discapacidad”.

Al Barrio Quebracho, el primer lugar investigado, se sumó el nuevo Barrio Padre Mugica, construido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Como un destino maldito, el nuevo barrio está lindero a campos de soja y a sólo cien metros del hangar donde despegan los aviones fumigadores. Como plan estatal de vivienda, tuvieron prioridad (para acceder a la casa propia) las familias con algún integrante con discapacidad.

“Son cien casas. ¿Sabés en cuántas hay personas con discapacidad?”, pregunta Gómez. Silencio. Y respuesta proviene de la misma abogada: “En todas las familias hay una persona con alguna discapacidad. Si eso no es una prueba de lo que vivimos…”.

Catherina Pardo recuerda que los vecinos del Barrio Quebracho daban testimonio de los árboles quemados, las huertas familiares arruinadas por los químicos y, claro, los enfermos más diversos.

En 2005 había solo un avión fumigador. Ahora son tres. En una reunión pública los confrontó el dueño de los aviones, de la empresa fumigadora “Aeroaplicaciones del Norte”, Patricio Teverosky. Los acusó de provocar miedo en la población. El aviador explicó que sus hijos los acompañan en el hangar, que lo utiliza casi como casa de campo, con asados familiares y para amigos. Argumentó que nunca pondría en riesgo a sus seres queridos ni a la población.

Cinco años después, momento de la entrevista de MU, Teverosky, de 40 años, estaba en silla de ruedas, con cáncer. Pardo y Seveso lo conocen. Lamentan lo sucedido. Y les cuesta entender por qué aún sigue negando el efecto de los químicos.

Al momento de escribir esta nota, Alejandro Gómez envió un comunicado de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (de aplicación de agroquímicos): “Falleció el señor Patricio Teverosky, piloto aeroaplicador, oriundo de la localidad de Roque Sáenz Peña, Chaco. Expresamos nuestras humildes condolencias a la familia, colegas y amigos”.

* Versión ampliada de la publicada en Periódico Mu de Abril de 2016 – www.lavaca.org

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