[resumen.cl] El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, dictó acusación en contra de solo 18 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su participación en los delitos de asociación ilícita y los homicidios calificados de siete integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en la denominada «Operación Alfa Carbón».

La operación Alfa Carbón fue una acción de exterminio sobre militantes del MIR que desató la CNI los días 23 y 24 de agosto de 1984, en lo que el mundo popular calificó como la Matanza de la Vega Monumental, por la significación y resonancia que tuvo el episodio de ejecuciones en las afueras del centro comercial penquista. La matanza se ejecutó en operativos casi simultáneos llevados a cabo en Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia.

Esta operación represiva fue la culminación de un largo trabajo de seguimientos y vigilancia sobre los militantes del MIR en el sur de Chile que efectuó la CNI por más de seis meses. En ese lapso movilizó a más de sesenta agentes de la brigada Antisubversiva desde Santiago hasta el sur, quienes junto a los agentes de las brigadas regionales de Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia y Puerto Montt participaron en la vigilancia, preparación y ejecución de los operativos de exterminio. En los hechos, participaron casi un centenar de individuos, apoyados por fuerzas de carabineros e investigaciones en todos los operativos efectuados.

En la resolución dictada este jueves 21 (causa rol 11-2009), el ministro Aldana acusó a los ex oficiales de ejército Marcos Spiros Derpich Miranda, Julio Álvaro Federico Corbalán Castilla, Jorge Camilo Mandiola Arredondo y Patricio Lorenzo Castro Muñoz como autores de los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado, en calidad de autores mediatos o directos.

En tanto, como autores directos de delitos de homicidio fueron acusados los agentes Roberto Antonio Farías Santelices y Luis Hernán Gálvez Navarro, por el homicidio de Luciano Aedo en Hualpén; Manuel Ángel Morales Acevedo, del homicidio de Mario Lagos en la Vega Monumental; José Abel Aravena Ruiz, Luis Enrique Andaur Leiva, Patricio Alfredo Bertón Campos y Sergio Agustín Mateluna Pino, por el homicidio de Nelson Herrera, apresado en la Vega Monumental y ejecutado en el Camino a Santa Juana; José Artemio Zapata Zapata y Bruno Antonio Soto Aravena, por el homicidio de Mario Mujica en Los Ángeles; Luis Alberto Moraga Trescow, Gerardo Meza Acuña y Luis René Torres Méndez, por los homicidios de Rogelio Tapia y Jaime Barrientos en Valdivia; "scar Alberto Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez, fueron acusados por el homicidio de Juan Boncompte, también en Valdivia.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que el 23 y 24 de agosto de 1984, la Central Nacional de Informaciones (CNI) montó una operación en las ciudades de Talcahuano, Concepción, Los Ángeles y Valdivia para dar muerte a los integrantes del MIR Luciano Aedo Arias, Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala, quienes habían sido seguidos por los agentes por su vinculación con el grupo de izquierda.

Sin embargo, los antecedentes reunidos no le resultan suficientes al ministro Aldana para procesar al menos a 15 agentes que tuvieron directa participación en la organización, dirección y ejecución del operativo. Lo mismo ocurre con otros que son parte en el encubrimiento del hecho que oficial y públicamente fue presentado como "muertes en enfrentamientos". Mandos superiores, organizadores, mandos operativos y ejecutores directos quedan totalmente impunes, pese a las evidencias y exigencias hechas saber en el proceso por los querellantes.

El inmenso despliegue que se produce en la misma Vega Monumental hace aparecer como inverosímil, por no decir ridícula, la idea de que haya habido solo un procesado y acusado (Morales Acevedo) por el crimen de Mario Lagos. Los testigos y las evidencias demuestran una cosa muy distinta; salvo para el señor Aldana que deja en total impunidad (al menos) a los otros integrantes del equipo que integraba Morales Acevedo.

Similares despropósitos jurídicos se observan en los episodios criminales de Hualpén, Los Ángeles y Valdivia. En este último caso, la impunidad es grotesca. Rogelio Tapia y Jaime Barrientos habían sido apresados a medio día en la ciudad de Valdivia por los agentes represivos; los trasladan en caravana de al menos 5 vehículos por el camino a Niebla, haciendo uso del transbordador para cruzar un río, los ejecutan en el Puente Estancilla y montan el show del enfrentamiento antes de regresar a sus hoteles cuarteles en la ciudad. Y el ministro Aldana solo acusa a 3 responsables del hecho. Al día siguiente, Juan José Boncompte es ejecutado en su domicilio, en donde los agentes irrumpen disparando; participaron en el hecho decenas de agentes, la autopsia de la víctima demuestra que recibió 22 impactos de bala, y el ministro solo acusa a dos agentes de un crimen en que actuaron varios ejecutantes.

Esto es una muestra clara y grosera de una justicia en la medida de la impudicia. Es de esperar que llegado el momento de las condenas, al menos estos acusados no reciban los beneficios que ciertos jueces acostumbran a brindar a los criminales, como la libertad vigilada, la remisión condicional o la media prescripción, que son algunos de los inventos jurídicos (resquicios legales) que se dan para otorgar protección e impunidad encubierta o disfrazada.