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Ex senador del Biobío Hosaín Sabag podría ser citado a declarar por corrupción en Ley de Pesca

17 agosto 2016

[resumen.cl] Uno de los abogados querellantes en el caso CORPESCA Matías Ramírez, señaló que el Ex Senador de la Democracia Cristiana Hosain Sabag podría ser llamado a declarar en lo que se ha denominado la arista ASIPES, por los contactos que tuvo esta entidad industrial pesquera con parlamentarios y el posible financiamiento irregular de políticos.

El abogado es también representante de pescadores artesanales, los que se querellaron contra los parlamentarios que estaban el la Comisión de Pesca por considerarlos parte del entramado de corrupción de la Ley de Pesca. Cabe recordar que Sabag fue Senador por la Región del Biobío y miembro de la Comisión de Pesca en medio de la tramitación de la Ley Longueira.

Sabag aparece mencionado, junto a Cristián Campos, en correos que involucran conversaciones entre Francisco Mujica, ex Gerente de Corpesca, Rodrigo Sarquis, Gerente de Blumar y Luis Felipe Moncada, Gerente de Asipes. La querella de los pescadores se debe a datos aportados por Nelson Ávila, ex senador que señaló que los miembros de la Comisión recibieron 500 millones de pesos por parte de CORPESCA mediante el artilugio de “gastos reservados”.

En los correos, los gerentes pesqueros mencionan también a diversos congresistas como partícipes de sus círculos de influencia. Clemira Pacheco (de quien se dice está a favor de la renovación de licencias a 10 años), el ya mencionado Hosain Sabag y su hijo Jorge Sabag, Cristian Campos, José Miguel Ortiz, Roberto Delmastro; Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Pedro Araya y Orlando Vargas, son algunos de los congresitas nombrados en los emails.

Las investigaciones en torno a esta arista se pueden ver empañadas, eso si, por la reciente salida del caso del Fiscal Emiliano Arias. El encargado de la arista ASIPES fue removido de su cargo y se levantó un sumario en su contra por órdenes del Fiscal Nacional Jorge Abbott, luego de que Arias dio una entrevista a La Tercera donde afirmo que la Ley de Pesca “Es una ley en cuya formación se cometieron delitos (…) En consecuencia, en el proceso de la formación de la ley hay corrupción”

Arias había confirmado que la indagatoria involucraría también al actual Diputado Iván Fuentes, luego que un Reportaje de Informe Especial señalara que Fuentes junto al vicepresidente de la Corfapa, Misael Ruiz, recibieron un financiamiento mensual de $1,5 millones, además de pagos de pasajes para viajar desde Coyhaique hacia Santiago para asistir a sesiones en el Congreso a lo que se sumarían los aportes conseguidos por Patricio Walker (DC) para la candidatura de Fuentes al Congreso. Cabe recordar que Fuentes postuló como Independiente ocupando el lugar de la DC. Este sujeto intervino en la Ley de Pesca para beneficiar a la gran industria, mediante la introducción de una normativa que permite que los pescadores artesanales puedan vender el 100% de su cuota a la gran industria pesquera.

Por qué anular la Ley de Pesca

Junto con ser una ley promulgada a punta de sobornos pagados por la industria, es también un cuerpo legal que ampara la explotación pesquera en completo beneficio empresarial, dejando a la población en una condición de inseguridad laboral y alimentaria. Veamos por qué:

-Porque los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan estos métodos de captura no selectiva.

-En la ley, se reconoce la soberanía del Estado sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos, bajo el argumento que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país y, por ello, el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso correspondiente. De este modo, la propiedad recae entonces en quienes se adjudicaron el permiso para pescar. La ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones de su captura. Para la pesca artesanal hay lo que ya hemos visto: canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral.

–Estos permisos de pesca son por 20 años renovables. Además, quienes se lo adjudicaron, pueden hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiendo dividirlo hasta en cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar. Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa, donde no es necesario que existan peces, pues lo comercializado es el permiso y la proporción de su cuota de captura.

-La Ley permitió a Corpesca capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este recurso es la base para la producción de harina de pescado y su posterior fabricación de alimentos para la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones que genera alimentos nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda, además de los desastres socioambientales ya conocidos.

-Se ha hecho pública la práctica de la industria pesquera de fabricar harina de pescado con pesca de sardina y anchoveta no declarada, o sea, ilegal. Esta pesca, excede los límites de las cuotas de captura entregadas a los armadores, poniendo en severo riesgo la reproducción de estas pesquerías que han dado claras muestras de sufrir sobreexplotación. Pero esto, al parecer, no amerita para la Subsecretaría de Pesca un cambio en la administración pesquera. Si bien, el actual Subsecretario, Raúl Súnico declaró en septiembre de 2015 que “la pesca ilegal, es una amenaza que debemos combatir pues es uno de los principales problemas que afecta la recuperación de las especies”, no se refirió al problema sistémico: un tipo de administración pesquera que evade un plan de recuperación de las poblaciones de peces, al contrario continúa promoviendo la sobreexplotación y la corrupción. Un caso demostrativo es la fiscalización pesquera que realizan empresas privadas como Intertek Caleb Brett, donde sus propios trabajadores han denunciado a Resumen que “los que no aceptamos los sobornos somos vistos como imbéciles por nuestros colegas y además, recibimos fuertes hostigamientos por parte del personal de la flota cerquera”.

Anular para qué

Es necesario tener propuestas para superar estas condiciones, bajo las cuales se ha pauperizado la vida de los trabajadores de la pesca y de la sociedad chilena en su conjunto. Para ello se requiere un Plan de Pesca Sustentable que recupere las poblaciones de peces y establezca regímenes y métodos de pesca garantes de sustentabilidad. Actualmente, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca definen cuotas de captura a partir del cálculo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el cual ha mostrado su ineficacia.

Un Plan de Pesca Sustentable entiende a los trabajadores de la pesca como imprescindibles para el aprovisionamiento de un alimento fundamental en nuestra dieta y por ello debe utilizarse un criterio precautorio, sin poner en riesgo la reproducción de las poblaciones de peces. Un Plan de Pesca Sustentable también debería propiciar la asociatividad, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad costera en las labores de pesca, procesamiento y distribución de productos marinos, conformándose cooperativas que sustituyan al empresariado, el cual ejerce el control sobre todas estas fases productivas.

Estos proyectos que aspiran a pescar para vivir, no tienen cabida en la política pesquera actual, manejada desde las asociaciones empresariales pesqueras. La Ley de Pesca muestra su total ineficacia para cumplir los objetivos declarados por su impulsor Pablo Longueira, de instaurar una administración pesquera sustentable. Es urgente replantearse la política de administración pesquera. Se han perdido muchas oportunidades y cada vez quedan menos.

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