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El TPP y las luchas sociales en Chile

21 septiembre 2016

[Por Lucia Sepúlveda Ruíz y Paula Muñoz Gómez *]   La Presidenta Michelle Bachelet mantiene el secretismo sobre el Acuerdo Transpacífico TPP impulsado por Obama, ya que ni los ciudadanos chilenos ni los parlamentarios saben la fecha exacta en que llegará al Congreso el tratado, ni qué urgencia tendrá su tramitación. El acuerdo, que incluye a  Australia, Brunei, Canadá, Chile, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam sólo será válido si los países que lo aprueben, suman al menos el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) del total de países miembros. Como Estados Unidos ostenta el 67%  del PIB,  su rol es decisivo.  Pero la aprobación del TPP está siendo puesta en duda precisamente allí, ya que el discurso de campaña de los candidatos a la presidencia ha sido de rechazo.

 Bachelet acudió al rescate, y en  medio del cada vez mayor descrédito de su gobierno, escogió recientemente como auditorio a la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana para revelar que enviará el proyecto “en el segundo semestre”, antes que concluya la actual administración norteamericana.

Su anuncio, conocido pocos días después de que millones de ciudadanos marcharon en todo el país para exigir el fin del sistema previsional chileno impuesto en dictadura,  fue el eco que permitió  vincular el rechazo al TPP con esas demandas.  Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtienen ganancias escandalosas para sus dueños, y entregan pensiones promedio  de montos indignos. Entrevistado en CNN Chile, el líder del movimiento social #No Más AFP, Luis Mesina, tras ser recibido  por la Presidenta Bachelet pocos días después de la segunda marcha nacional,   declaró que le solicitó “la no ratificación del tratado, ya que por una parte los propios candidatos norteamericanos lo rechazan, y por otra, sabemos que las AFPs son de capitales extranjeros, especialmente tres de ellas, Principal, Metlife y Prudential, que son norteamericanas y podrían llevarnos a los tribunales internacionales con el consiguiente daño a la soberanía nacional”.

El dirigente social alude a las disposiciones del tratado que garantizan a los inversores extranjeros una “expectativa razonable de ganancia” (no definida), mediante un sistema de solución de controversias entre estos y el Estado en que han invertido.  El mecanismo consiste en investigar (en secreto)  y sancionar al Estado por la vía de tribunales arbitrales internacionales, los cuales no cumplen las normas del debido proceso. Sus fallos, inapelables, podrán exigir indemnización y anular las políticas estatales que hayan dado origen al reclamo.

Es primera vez que Mesina expone públicamente el efecto “candado” del TPP sobre las demandas sociales, al operar como un factor de clara inhibición a cambios estructurales, y como una suerte de gobierno de las corporaciones transnacionales que limita el ejercicio de la democracia y del propio parlamento. Patricio Guzmán, asesor de #NoMás AFPs  participó en el Encuentro Nacional de la Plataforma Chile Mejor sin TPP realizado el 3 de septiembre en Santiago, donde se acordó unir las luchas  a nivel comunal, regional y nacional. El calendario incluye movilizaciones el 16 de octubre y el 4 de noviembre. Para esa fecha de noviembre, #No Más AFP ha convocado a paro nacional. Junto a organizaciones sociales y ambientales como Indignados o Newen Kimun,  provenientes de ciudades como Temuco, Los Angeles, Valparaíso, y Curicó,   representantes  de los trabajadores de la salud, presentes en el Encuentro Nacional a través de FENPRUS y del movimiento Salud para Todos se mostraron plenamente dispuestos a asegurar el éxito de la convocatoria conjunta.

Impactos en salud y otros derechos

En el caso de Chile, a través de diferentes medidas administrativas  el TPP extiende de 5 a 8 años el período de vigencia de la protección de información no divulgada de los medicamentos biológicos. Eso implica que habrá una demora de 3 años para poder contar con medicamentos genéricos. El costo de esta medida para el sistema de salud chileno sería  de 770 millones de dólares anuales, equivalentes al presupuesto anual de cinco leyes “Ricarte Soto”, nombre popular de una ley aprobada recientemente para asegurar el acceso a medicamentos para el cáncer y otras de altísimo costo. Es decir, también aquí se anula un logro del movimiento social que buscaba asegurar la salud como un derecho de todos y todas.

En materia de propiedad intelectual, el TPP vulnera el derecho a la libertad de expresión al poner en vigor la cláusula de notificación y bajada vigente en Estados Unidos, que en forma automática permite eliminar en forma masiva contenidos sin investigación previa. Esto puede ser utilizado para ejercer  censura política por parte de gobiernos. Al mismo tiempo, el tratado obliga a los proveedores a informar e iniciar acciones penales contra  quienes rompan las medidas tecnológicas de protección para acceder a materiales con propiedad intelectual, sin importar que eso se haga sin fines de lucro, por interés público, en razón de padecer impedimentos visuales o con fines de investigación y desarrollo. Innovadores, periodistas, activistas  podrán ser criminalizados.

A esa privatización del conocimiento se agrega la vulneración del derecho a la alimentación. El Tratado Transpacífico obliga a la ratificación del Convenio UPOV 91 de  privatización de la semilla que en Chile requiere  reponer la tramitación del proyecto de ley  de Derechos de Obtentores Vegetales, popularmente  llamada “Ley Monsanto”. Ello afectaría la agricultura familiar campesina y la biodiversidad al imponer en la práctica el monopolio de la semilla “mejorada” y criminalizar el libre intercambio y reproducción de la semilla, un derecho ancestral de campesinos y pueblos indígenas que no han sido consultados según dispone el Convenio 169 firmado por el Estado chileno. Además, el tratado crea un Grupo de Trabajo sobre Biotecnología cuya misión es vigilar  las leyes actuales y  futuras  y que apunta a impedir el etiquetado de alimentos transgénicos y a promover ese tipo de cultivos, que hoy en Chile no están autorizados para el mercado interno. Todo el tratado se rige bajo el principio de que lo central es no poner obstáculos al comercio, por tanto las leyes ambientales, o laborales deben subordinarse a ese predicamento.

 territoriales.  Nuevos parlamentarios se han pronunciado públicamente en contra del tratado en forma individual, pero aún muchos excusan su indefinición en el hecho de que aun no está en discusión el  proyecto.

En las últimas entrevistas  que ha sostenido la Plataforma con  diputados de oposición y de gobierno, ambos coincidieron en considerar poco probable que el proyecto sea discutido este año, tanto por las iniciativas de ley pendientes de votación que figuran en el gobierno de la Nueva Mayoría (como el de educación y el del aborto)  como por las señales de rechazo que llegan desde  Estados Unidos. Para la Plataforma,  sin embargo,  lo central es unir la lucha contra el TPP a las demandas sociales urgentes, como la de #No Más AFP y las luchas estudiantiles. Con un parlamento puesto en tela de juicio por acusaciones de corrupción en el financiamiento de la política, la tarea de lograr el voto NO al TPP sólo puede lograrse si a través de la movilización local, los parlamentarios  comprenden que  está en juego su futuro político si van en contra de la voluntad popular.  Y eso deberá quedar en evidencia en las calles y en los territorios, porque  Chile está despertando.

Santiago de Chile, 8 de septiembre de 2016

*Las autoras son miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, www.chilemejorsintpp.cl  @mejorsintpp

http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/9/el-tpp-y-las-luchas-sociales-en-chile/

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