Por Valentina Riveros / Fotografías de Matías Del Río

El terremoto del 27 de febrero del 2010 dejó graves secuelas en las zonas costeras de la octava región y grandes promesas de reconstrucción para quienes perdieron sus viviendas por el siniestro. Un ejemplar caso es el de las y los pobladores del conjunto habitacional Mirador del Pacífico, quienes desde 2013 viven en pésimas condiciones debido a la negligencia de la empresa constructora a cargo -NOVAL- y las malas gestiones y fiscalización del SERVIU y la Municipalidad.

En mayo de 2013, el ex presidente Sebastián Piñera, meses antes de terminar su mandato presidencial, con un pomposo discurso decorado con el cinismo propio de los gobernantes, hacía entrega del conjunto habitacional Mirador del Pacífico, ubicado en el sector Centinela de la comuna de Talcahuano. Cientos de familias afectadas por el siniestro ocurrido en febrero de 2010 fueron re ubicadas en los nuevos departamentos, pese que a esa fecha -al igual que varios conjuntos entregados a damnificados- aun no se encontraban con la autorización de la Dirección de Obras Municipales para poder ser habitados.

Desde el primer invierno que los asignatarios pasaron en sus nuevos hogares comenzaron a aparecer distintos problemas en la infraestructura. Particularmente en el lote seis, conformado por cuatro torres y 64 familias, los vecinos evidenciaron la negligencia cometida por la constructora en sus viviendas: filtraciones de agua en las ventanas y techos volados por el viento, síntomas de los futuros problemas que surgirán a raíz de lo mismo y que se repetían en otros lotes y departamentos.

Con el paso del tiempo, comenzaron a manifestarse problemas de salud en los pobladores, principalmente respiratorios o infecciosos. Casos de asma, bronquitis, problemas a la piel producidos por hongos y además, falta de luz solar, la que en muchas de las viviendas no llega durante los 365 días del año. Ante esto, los vecinos presentaron sus molestias ante la municipalidad y la constructora, quienes sólo les daban soluciones parche, dejando de lado la verdad del asunto: las viviendas no estaban construidas en un suelo firme, y las condiciones de vida a las que estaban sometidos no eran dignas.

Durante el 2016, los pobladores del sector decidieron organizarse para hacer frente a la negligencia cometida por el SERVIU con ellos, presentando un recurso de protección para salvaguardar la salud e integridad de quienes, hasta el día de hoy, habitan en los departamentos.

Luego de esto, cuando el SERVIU ya estaba en conocimiento de la problemática existente el el conjunto habitacional, el Comité de damnificados Mi Sueño, bloque 6 (organización que los mismos vecinos conformaron) comenzó a recopilar datos en cuanto a las consecuencias negativas que trajo consigo el hecho de habitar los blocs, alcanzando así un total de 128 carpetas, de las cuales 23 fueron destinadas a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball y las 105 restantes a la directora del SERVIU, María Luz Gajardo. Dichas carpetas fueron filtradas para finalmente concluir que de todos los casos presentados y estudiados por las autoridades, sólo 78 se podían considerar de carácter crítico. Además, durante fines del 2016, también las autoridades enviaron a una fiscalizadora del SEREMI para observar las condiciones de vida de quienes solicitaban mejorías en sus hogares, pero sin ahondar en estudios técnicos que certificaran la información que los vecinos corroboraban.

Consecuencias de los problemas sanitarios

Vecinos y vecinas del lote 6 del conjunto Mirador del Pacífico están cada día más indignados por la situación límite a la que se han visto sometidos por la falta de compromiso de las autoridades con su problemática, que los mantiene expuestos serios problemas de salud, en especial a los niños. "Muchas de las enfermedades bronquiales que se nombraban se produjeron producto de estar viviendo en estas condiciones, ya que tenemos 32 departamentos a los que le llega luz solar y otros 32 a los que no. Tenemos muros de extensión que llegan a la misma altura del techo y la separación son de dos metros, por lo que no tenemos luz en todo el año, y la importancia de la luz solar es super importante para los niños durante su etapa de crecimiento", afirma Luis Riquelme, presidente del Comité de Damnificados Mi Sueño, quien desde que comenzaron los problemas en las viviendas ha buscado distintas formas de encontrar una solución a las pésimas condiciones en que deben vivir.

El impacto del problema ha afectado de distintas maneras a los pobladores, así lo afirma María Lagos, quien vive por años en el edificio y piensa en la necesidad de marcharse cuanto antes ante los problemas psicológicos que se desarrollaron en uno de sus hijos. "Si bien es cierto, antes vivíamos en una media agua, pero vivíamos en mejores condiciones. Y venirnos a un cuarto piso donde hay hongos, donde no hay un patio en el que los niños puedan jugar, hicieron que la salud de mi hijo pagara las consecuencias de todo esto".

Mariela Andrade, habitante del lote seis, comenta que su desde el segundo año de estancia en el edificio, su marido, quien sufre de artrosis, comenzó a presentar más problemas de los que su condición implican. "En el invierno él tiene que estar todo el día acostado, y más encima, por el frío, tenemos que tener dos estufas prendidas para poder calefaccionar. Además, yo nunca tuve problemas bronquiales, pero desde que llegué que sufro de bronquitis, tengo principio de asma (...), tampoco tenemos luz durante los 365 del año, por lo que estamos cansados, ya no aguantamos más. Lo único que queremos como familia, es irnos de aquí, pero no nos dan ninguna solución" afirma.

Construcción en terreno inhabilitado: un riesgo para las familias

Durante mucho tiempo, los vecinos sólo contaban con sus testimonios y la evidencia física de sus departamentos para solicitar soluciones, ya que la información que entregaba la constructora (NOVAL) no mostraba indicios de posibles negligencias. Esto, hasta que por casualidad, mientras los vecinos estudiaban el terreno para la construcción de una cancha dentro del conjunto, se dieron cuenta de que un estudio en el que la constructora se basó para comenzar a construir, fue falsificado. La empresa que estuvo a cargo de aquellos estudios fue LAP Vial.

Pese a esta evidencia recolectada por los vecinos, las autoridades seguían sin entregar respuestas satisfactorias a la multitud de urgencias vividas, ofreciendo sólo reparaciones esporádicas en los departamentos dañados; la municipalidad no se comprometió en ninguna instancia con los pobladores de la zona -denuncian los moradores- la constructora no se hizo responsable de la gravísima falta cometida al utilizar un informe falsificado y el SERVIU no les brindó un espacio en el que todas y todos los habitantes de la locación pudieran manifestarse y solicitar la ayuda que les correspondía. Por el contrario, sólo les ofrecieron un subsidio de arriendo por $208.000 pesos por 18 meses a quienes estaban dentro de los 78 casos más graves, dentro de los cuales no se incluían gastos de traslado e instalación, y terminado este plazo, los vecinos deberían visitar un departamento piloto (del cual no se ha establecido aun la ubicación) y decidir si se quedan, o se van.

De manera paralela, el SERVIU realizó un nuevo estudio de mecánica de suelo, el que arrojó que la mayoría de las construcciones estaban en buenas condiciones, excepto por los lotes 5, 6 y 8. Dichos estudios fueron realizados por una empresa seleccionada por la institución, lo que generó dudas en los pobladores, ya que en ellos se presentaron discrepancias respecto a los blocs en los cuales estaban los mayores problemas. Ante esto, los vecinos del comité, demandan que los nuevos estudios se deben realizar de manera independiente y pretenden que sean realizados por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Biobío (CITEC UBB), ya que a juicio de los afectadis, ellos ofrecen un peritaje técnico completo (estudio que nunca se había realizado en el terreno), siempre y cuando el SERVIU sea quien pague dichos estudios.

Los pobladores también mencionan otra serie de irregularidades cometidas por las autoridades, tales como la implementación del conjunto habitacional guiados por los resultados de otro construido en la zona norte del país, sin tener en consideración las diferencias climáticas y de suelo, y también el hecho de que, inicialmente, el proyecto habitacional estaba diseñado para 700 familias y éste se expandió, teniendo como beneficiaras a 1.023, ignorando que la zona en la cual se construyó está declarada como Zona No Edificable (ZNE) desde el año 2013.

La lucha del SERVIU contra los vecinos

Pese a que ya se estaba ejecutando un plan de trabajo por parte de los vecinos, el día 26 de diciembre de 2016, la señora María Luz Gajardo, directora regional de SERVIU les hizo llegar una carta a los asignatarios del Conjunto Mirador del Pacífico, en la cual establece que ellos ya habían tenido conversaciones formales con los vecinos en las cuales les ofrecieron realizar estudios y que ellos no habían enviado respuesta formal ante la propuesta, y solicitando, por último, la firma personal de cada vecino involucrado para autorizar que la empresa electa por las mismas autoridades a comenzaran a realizar los estudios de mecánica de suelo, dándoles un plazo de 10 días hábiles contando desde la entrega de la carta para responderles.

Ante esto, el día 9 de enero, los vecinos del comité enviaron una carta a Jaime Arévalo, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío y a la directora regional del SERVIU, en la cual manifestaban su oposición a reparar los daños de los edificios del lote. En dicha carta, mencionan las fechas en las que se realizaron reuniones de las cuales no todos los vecinos pudieron ser partícipes, y denunciaron que se tomaron decisiones a puertas cerradas para reparar las viviendas.

Los vecinos están de acuerdo con realizar estudios en los terrenos, pero no sólo de mecánica de suelo, sino un peritaje técnico que reúna todos los datos necesarios para evidenciar las malas condiciones de las viviendas, y que los estudios fueran realizados por CITEC UBB, ya que, ante las discrepancias existentes en anteriores estudios por empresas seleccionadas por el SERVIU, no confían en que los futuros resultados sean del todo veraces, y como pobladores, necesitan una empresa que les genere confianza y transparencia. Es decir, necesitan una ratificación técnica de lo que ellos sienten a diario: que los departamentos son inhabitables.

Aunque la negativa de los vecinos ante una intervención que continúe dándoles soluciones parches es evidente, personal del SERVIU comenzó de todas formas a realizar obras de mejoramiento y reparación en el conjunto, las cuales fueron paralizadas por los mismos habitantes de los blocs durante la jornada del viernes 13 de Enero. La situación se vio opacada por la reacción de uno de los trabajadores, quien dejó caer la pala de una retroexcavadora sobre el pie de la secretaria de la Junta de Vecinos, produciéndole una fractura.

El costo que las familias del Conjunto Habitacional Mirador del Pacífico han tenido que sobrellevar va más allá de lo económico, ya que se ha denigrado su calidad de vida como seres humanos al mantenerlos por 3 años en viviendas que no cuentan con las condiciones dignas que merecen, exponiendo a sus hijos e hijas a enfermedades que no han podido ser tratadas del todo, y obligándoles a estar día a día en la permanente incertidumbre de no saber qué pasará con su hogares, los cuales ni siquiera figuran como sus propiedades, teniéndolos en calidad de asignatarios durante toda su estadía en el lugar.

Han pasado casi siete años desde que el terremoto del 27 febrero afectó a gran parte del país, arrasando con las casas y sueños de cientos de personas que aun siguen sin obtener respuesta alguna de las autoridades, quedando a la deriva, siendo marginados de la sociedad y silenciados por la prensa, quién no les ha dado la cobertura que merecen para denunciar sus duras condiciones de vida.

Los vecinos quieren, de una vez por todas, vivir en paz.