[resumen.cl] El caso por el asesinato de 19 trabajadores de las comunas de Laja y San Rosendo en septiembre de 1973, que lleva el ministro para casos de Violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, es uno de los sucesos más notorios de la participación de civiles en la comisión de crímenes contra los trabajadores que intentaron liberarse del yugo patronal durante el período del gobierno de Allende, o contra aquellos que intentaron resistir a las fuerzas fachas y golpistas. En este hecho, el crimen no solo se expresa en las ejecuciones, sino que se prolonga en la inhumación ilegal de las víctimas (desaparición), con la implicancia activa de ejecutivos y funcionarios de la Planta Laja de la empresa papelera CMPC que son importantes empresarios del rubro forestal, así como de la implicancia de otros civiles fachos.

La participación de los civiles, sin embargo, ha sido una de las aristas que el ministro Aldana ha evadido afrontar con criterios de justicia y oportunidad. Aunque el año 2012 procesó a 11 carabineros (otros tres policías también partícipes y responsables de la masacre ya habían fallecido a esa época), y recién en enero de 2014 procesó a 2 ex oficiales de carabineros, dejó intocables a los civiles involucrados en los delitos.

La deliberada intención de no procesar a los conspicuos civiles involucrados, así como la lentitud en el avance y resolución de la causa, provocan el legítimo reclamo y queja de los familiares de las víctimas que esta vez se expresa en una carta pública de un hijo de uno de los asesinados, que reproducimos a continuación.

Estimado juez Carlos Aldana, Ministro especial para casos de DDHH:

En la investigación y procesamientos por los luctuosos hechos de la masacre de Laja y San Rosendo, se hace posible encausar a los civiles involucrados en uno de los crímenes más crueles y deleznables de la dictadura de Pinochet, puesto que existen evidencias contundentes para ello. Sr. Ministro, hasta aquí el proceso ha perseguido la responsabilidad de los carabineros que, en calidad de sicarios, ensangrentaron sus manos en esta matanza masiva. El proceso a la masacre de Laja y San Rosendo está ya en las últimas diligencias, pero aún existe la posibilidad de que se inicien inéditas acusaciones contra aquellos civiles que participaron en crímenes contra la humanidad. Es públicamente sabido que actuaron civiles en la elaboración de una lista de personas a ser ejecutadas (autoría intelectual), que colaboraron en las detenciones, en las ejecuciones y en el encubrimiento de estos actos de terror (autoría material). Recientemente, los carabineros fueron careados con gerentes, guardias y otros funcionarios de la CMPC (hoy dividida en empresa CMPC, perteneciente a la familia Matte, y forestal MININCO, de Roberto Izquierdo Menéndez, gerente de CMPC en 1973).

Ante el acercamiento a un cierre del caso, mi temor y el de muchos familiares, es que intereses espurios impongan obstáculos al encausamiento de esos civiles, por lo que he decidido dirigirme en forma pública a Ud., Sr. Ministro, para expresar mi legítimo derecho a la demanda de justicia.

Sr. Ministro, soy hijo de un ejecutado y desaparecido de este país, reclamando que no sea legitimada la impunidad a través de un fallo que, de no procesar a los agentes civiles de estos crímenes, se haría -una vez más- cómplice de crímenes contra la humanidad. Mis temores tienen fundamentos concretos. Es por todos sabido que en los procesos por causas de DDHH, la impunidad de los agentes civiles ha sido sistemática. La Justicia solamente ha perseguido a los hechores materiales de actos horrendos y connotados, ejerciendo una "justicia simbólica" en la que los agentes civiles, ligados a poderosos intereses, permanecen impunes. Tal mantención de la impunidad resulta indignante, y acaba anulando los avances de una justicia parcial y simbólica.

Hemos tenido esperanzas en la decisión de abrir procesos que reivindiquen a nuestros familiares torturados, ejecutados y desaparecidos. Pero, a pesar de la encomiable labor de diversos magistrados y abogados de DDHH, es lamentable que no existan aún las garantías de justicia que reclamamos. ¿Cómo sería posible confiar en la Justicia chilena en circunstancias que la jueza Rosa Egmen, involucrada en este caso como responsable de mantener oculta la información sobre mi padre y otras 18 personas desaparecidas durante casi dos décadas, actualmente sigue ocupando un alto cargo de la Corte Suprema sin cuestionamientos por parte del Poder Judicial? Muy por el contrario, ha recibido el puesto que ostenta en la tercera sala de la Corte Suprema, misma que actualmente discute liberar a genocidas de la dictadura condenados en Punta Peuco.

Sr. Ministro, los familiares tenemos esperanzas, pero tememos que las instituciones del Estado sigan contaminadas por los códigos hipócritas de la dictadura. Egnem conocía la ubicación de los desaparecidos, pero la ocultó -según reconoció- para proteger su cargo de secretaria del juzgado de Yumbel. Dado el escándalo público y una vez cuestionado su alto cargo, a Egnem le pedimos una reunión privada. En la cita, se disculpó e hizo compromisos. Pero sus disculpas resultaron tan confiables como sus actos en la función de secretaria de juzgado, cuando ocultó la ubicación de los desaparecidos sólo para proteger su posición social, sin realizar ni una sola acción en nombre de la justicia a la que supuestamente sirve. Sus disculpas y sus promesas de entregar información al proceso, se esfumaron y, posteriormente, volvió a declarar que no tenía más antecedentes. Egnem en el ejercicio de funciones judiciales ocultó en una caja fuerte el parte policial que identificaba el lugar de la fosa común, sin temer a la Justicia ni reparar en principios, o tan sólo en el dolor de decenas de familias.

Ello prueba que no sirven de nada las simples disculpas por parte de los involucrados en crímenes contra la humanidad, materia tan trascendente para la salud del país. Lo demuestra la conducta de esta Ministra de Justicia que, apenas conseguido salir del escándalo, ha renegado de sus compromisos para con los deudos de los 19 asesinados, retomando con descaro su complicidad con los genocidas. La consecuencia de esto es fácil de advertir: Egnem, así como otros que se granjean el control de los poderes públicos, no dudarán en ejercer el mismo papel siniestro en el futuro. La Ministra Egnem mantiene los privilegios que han sido su prioridad, por sobre todo principio de humanidad o de justicia. Egnem y otros que poseen cuotas de poder actúan por causas ajenas al interés general. En definitiva, actos de este tipo relativizan las garantías jurídicas a quienes demandamos justicia. ¿Por qué Egnem no ha sido expulsada del Poder Judicial ni ha respondido por sus actos? Y también nos preguntamos: ¿Quién es responsable de que Egnem llegue a tan alto puesto de la Corte Suprema?

Señor Ministro, los que mandaron a torturar, ejecutar y desaparecer a mi padre en una de las matanzas masivas de la dictadura, fueron los mismos que, a pocos días del golpe de Estado, concurrieron a través de Ponce Lerou (ex yerno de Pinochet) al remate de los grandes fundos forestales de la zona a precios ridículamente bajos. Esto vino en provecho directo de los grupos económicos involucrados en la matanza, en especial de la forestal MININCO, propiedad de Roberto Izquierdo, quien, a su vez, fue "mano derecha" del grupo Matte y actualmente se encuentra entre los más ricos del país, presidiendo uno de los dos conglomerados (Angelini y Matte) que se adueñaron de la pesca en Chile y que depredan nuestro mar. ¿Qué duda cabe que aquí se encuentra uno de los móviles principales de estos crímenes contra la humanidad?

43 años después, la matanza de Laja y San Rosendo está conectada con los únicos favorecidos de tal horror, un par de familias con el poder para adueñarse de todo. La familia Matte, implicada directa en la matanza masiva tras el golpe militar, principal destructora contemporánea del mundo mapuche (Wallmapu) y feroz depredadora del mar, ha sido favorecida por leyes ilegítimas impuestas en dictadura y por leyes corruptas posteriores. No bastando con ello, es responsable de delitos de corrupción económica en hechos tan graves como la colusión del papel higiénico y de los pañales, caso en el que, en los hechos, el crimen no paga. La suma de pruebas que involucra la historia de estos grupos económicos dirigidos por la familia Matte, expone una secuencia criminal que delata la oprobiosa impunidad en que vive nuestro país. Mientras la impunidad sea validada por los Tribunales de Justicia, estos grupos todopoderosos seguirán siendo una amenaza continua que nos seguirá arrebatando la posibilidad de la democracia (como ya lo hiciera brutalmente en 1973), con el solo fin de obtener ganancias inmensas a costa de todo nuestro pueblo, aunque ello implique la ejecución de actos de violencia como el referido. Estos actos retratan a una mafia de la estafa y del garrote que somete a una comunidad que sufre la privación de justicia. Con esta realidad prístina y con la conservación de una justicia centrada sólo en casos simbólicos y sin condenas efectivas, el que no se encauce a los autores civiles resultará en que el Poder Judicial vuelva a hacerse cómplice de la impunidad en crímenes de la dictadura, más todavía cuando al interior de la Corte Suprema permanezcan magistrados con un papel determinante en la desaparición de ejecutados.

Durante marzo de 2017, Usted solicitó un plazo de dedicación exclusiva en el proceso de la masacre de Laja-San Rosendo, y ha declarado que es necesario estudiar detenidamente las diligencias. Y, ciertamente, existen suficientes antecedentes para profundizar en las declaraciones y contradicciones de los investigados civiles de las plantas de Laja de la CMPC. Como señalara el dirigente de los familiares, Mauricio Araneda, deseamos que su acción se ajuste a derecho, sin mirar a quienes, sino que "aceptando todos los antecedentes puestos en la investigación respecto de los civiles que son responsables directos", y esperamos que encauce, someta a proceso y acuse como partícipes activos, en calidad de autores materiales, intelectuales, cómplices y/o encubridores de la matanza de nuestros familiares en San Rosendo y Laja, cometida el 18 de septiembre de 1973.

Sr. Ministro, los hechos que las familias de los ejecutados vemos son que: Los uniformados de la dictadura no actuaron solos; la participación de civiles está asociada a grupos económicos que se beneficiaron del terror impuesto; el Poder Judicial tuvo complicidad al colaborar en el ocultamiento de los desaparecidos, y al limitar y reducir sus fallos en los casos de violaciones a los DDHH, a pesar de las declaraciones del Estado sobre hacer justicia. Para estos horrores no sirve el perdón sin actos de justicia. Los integrantes de esa parte de la sociedad que reclaman el perdón exigiendo que no se juzgue, son exactamente los que obtuvieron privilegios de sus actos criminales y que intentan confundir con la finalidad de que no exista justicia ni sanción a los responsables, para que una vez más salgan impunes y conservando su poder. Esto es lo que en nuestro caso exigimos: Justicia para impedir la impunidad, para que nuestra sociedad sepa la verdad plena y para impedir la consecuente repetición de la barbarie causada por algunos ambiciosos sin escrúpulos, pero con mucho poder.

Juan Acuña Barriga

Hijo del asesinado político de la dictadura Juan Acuña Concha

Concepción, abril de 2017

Carta extraída de resumenlatinoamericano.org