[resumen.cl] El proyecto de reforma al código de aguas pretendía adecuar el marco legal del aprovechamiento hídrico a los nuevos escenarios climáticos de las próximas décadas. Los principales puntos de la reforma eran: prioridad para consumo humano, cambio de derechos de agua de empresarios desde perpetuos a concesiones de 30 años y mayores atribuciones a la fiscalización. Sin embargo, desde el Ejecutivo han consentido la postura empresarial de no agregar «incertidumbre jurídica» a los negocios agroindustriales exportadores y terminar con los «ruidos» para las inversiones. 

Esta semana, la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, renovó la tramitación del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas con la participación del Ejecutivo. Según informa Pulso, fue el Director General de Aguas, Carlos Estévez, quien hizo el relato de las propuestas que modifican las definiciones y los límites claves del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

Este proyecto había sido cuestionado duramente por el sector empresarial, debido a la duración de los derechos de agua, los que se revisarían cada 30 años con posibilidad de renovación. Sin embargo, se realizó una nueva redacción con el objetivo de «despejar cualquier duda interpretativa del régimen (vigencia y duración) aplicable a los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma: seguirán siendo indefinidos en el tiempo. No tendrán una duración temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6″.

El sector privado, encabezado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, calificaba los 30 años como una «expropiación» debido a que restringía el carácter ilimitado de los actuales derechos de agua en poder del empresariado, y esto agregaría incertidumbre jurídica al negocio agroindustrial exportador, principalmente.

Este planteamiento del empresariado, habría sido acogido por el Ministerio de Hacienda, quien buscaba terminar con los «ruidos» que pudieran entorpecer las inversiones.

El objetivo de la indicación de derechos indefinidos sería la construcción de una mayor «seguridad jurídica» para el sector empresario. Otras indicaciones son: fomento al uso eficiente del agua, consumo humano y saneamiento, protección de áreas de conservación ambiental o patrimonial y el fortalecimiento de la administración y fiscalización.

Fotografía: Empresarios agrícolas y regantes protestan en ruta 5 sur en noviembre de 2016 para mantener la perpetuidad de sus derechos de agua.