Tribunal Monsanto y Relatora ONU coinciden en que agricultura industrial crea condiciones para la violación de Derechos Humanos
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Tribunal Monsanto y Relatora ONU coinciden en que agricultura industrial crea condiciones para la violación de Derechos Humanos

20 Abril 2017

[resumen.cl] Progresivamente se ha masificado la crítica hacia la agricultura industrial, motivada por millares de denuncias de perjuicios provocados por ésta, contra quienes trabajan en sus procesos, viven cerca de sus centros de producción y/o consumimos sus productos. Ante ello, se ha posicionando la agroecología como una respuesta eficaz y eficiente a los requerimientos nutricionales de las comunidades, en tanto sus métodos no se oponen a los ciclos naturales, sino que se integran a éstos, generando círculos virtuosos en el ámbito del aprovechamiento de los recursos, sustentabilidad socioambiental y calidad nutricional de sus alimentos.

Luego de oír una multitud de testigos de diversos lugares del mundo que narraron cómo los negocios de la transnacional Monsanto afectaron sus territorios y hábitos de subsistencia, este 18 de abril, el Tribunal Internacional Monsanto estableció que esta empresa es responsable de violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. El Tribunal ha sido una iniciativa de la sociedad organizada, emulando la iniciativa precursora de Bertrand Russel y Jean Paul Sartre que en una instancia similar [sin que sus conclusiones sean vinculantes] se propusieron establecer un juicio a los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos contra del pueblo vietnamita durante la guerra de liberación. La relevancia de este Tribunal se sostiene en la diversidad y en los millares de personas que participaron o estuvieron atentos a sus sesiones y al abundante cúmulo de antecedentes recogidos en el transcurso de su actividad. Aunque de sus conclusiones no se desprenda obligación alguna, éstas, junto a los testimonios vertidos en sus sesiones, quedarán como planteamientos y pruebas que fortalecerán los discursos de comunidades que emprendan luchas contra el uso de plaguicidas, la producción y el consumo de alimentos transgénicos y por conquistar grados crecientes de soberanía alimentaria.

Relatora Hilal Elver. Fuente: Parabere Forum

Sin embargo, este no ha sido el único golpe recibido por las transnacionales agrícolas, pues hace algunas semanas se incorporó una nueva voz al acervo de testimonios que alertan sobre las dañinas repercusiones de agroindustria. Éste corresponde al reciente Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Hilal Elver, quien expone de forma pormenorizada diversas situaciones provocadas en la práctica agroindustrial que podrían representar violaciones a los Derechos Humanos, particularmente las relacionadas al uso de plaguicidas. Finalmente, concluye argumentando que las prácticas de la agroecología representan alternativas necesarias de ser implementadas para la producción alimentaria global. Ahora pasaremos a revisar resumidamente el contenido de este Informe, el cual puedes descargar acá.

Salud, ambiente y dependencia

La Relatora comienza su comunicación afirmando que el número de personas afectadas por la exposición a plaguicidas podría ascender a los 41 millones y que las muertes por intoxicación aguda, a partir de éstos, alcanza a las doscientas mil por año, de las cuales el 99% ocurre dentro de “países en desarrollo”. No obstante la gravedad de estas cifras, advierte que podrían ser mayores si se considera las dificultades para establecer vínculos causales entre el uso de plaguicidas y las enfermedades, pues las consecuencias de la exposición a éstos no se expresan de manera inmediata, además de existir una insuficiente cantidad de estudios dedicados a vigilar estos fenómenos.

En muchos casos, los posibles efectos en la salud humana de los plaguicidas no se estudian ampliamente antes de ser comercializados, alerta Hilal Elver. Tampoco son indagados los efectos de sus “principios inactivos” ni la combinación de éstos luego de la exposición a verdaderos “cócteles” de plaguicidas, a través de alimentos (vegetales o animales), agua, suelo y aire contaminados.

Los trabajadores agrícolas también se han visto especialmente afectados por la exposición directa a plaguicidas. La Relatora añade que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que el 60% de los niños trabajadores se desempeñan en la agricultura, convirtiéndose en una población susceptible a ser intoxicada. Por otra parte, los trabajadores estacionales y migrantes también lo están, ya sea por la precariedad laboral y su extremo empobrecimiento que los coacciona a aceptar puestos de empleo en condiciones sanitarias riesgosas, o por la barrera idiomática, la cual podría impedir la comprensión de instrucciones para su protección.

Quienes viven cerca de los predios de la industria agrícola también han sufrido graves consecuencias producto de la exposición persistente a los plaguicidas usados en ellos.

Las mujeres embarazadas y los niños son una población particularmente vulnerable. De acuerdo a la investigadora éstos últimos lo son, en tanto sus órganos no están desarrollados completamente y su menor tamaño los expone a concentrar mayores dosis de compuestos tóxicos por unidad de peso corporal. Además, su actividad enzimática tampoco está completamente expandida, por cuanto no pueden realizar procesos orgánicos de desintoxicación. Respecto a las mujeres gestantes, la autora asevera que arriesgan sufrir abortos espontáneos o partos prematuros, y si sus hijos sobreviven, generalmente adolecen de una serie de secuelas, porque los elementos de los plaguicidas pueden atravesar la barrera placentaria, intoxicando el feto. De hecho, se han detectado trazas de plaguicidas en el cordón umbilical o en las primeras heces de los neonatos. Por otra parte, la leche materna también puede se constituir en un vehículo para transmitir tóxicos al lactante.

La Relatora expone que “como ejemplo de exposición… cabe mencionar el caso de Costa Rica, donde se descubrió que los niños que vivían cerca de las plantaciones bananeras estaban expuestos a altos niveles de insecticidas. En la India, se descubrió que los habitantes de la aldea Padre del estado de Kerala, cercana a plantaciones de anacardo, presentaban una alta incidencia de enfermedades y muertes que se han vinculado al endosulfán, un plaguicida altamente peligroso. Al parecer, las tasas de discapacidad entre los habitantes son un 73% superiores a la tasa general para la totalidad del estado. Durante la década de 1970, el plaguicida DCBP se utilizó ampliamente en las plantaciones bananeras y de piña de todo el mundo. En Davao (Filipinas), donde se utilizó en la década de 1980, se demostraron científicamente altos niveles de esterilidad como consecuencia de la exposición al plaguicida. También se detectaron otras afecciones, como cáncer, asma, tuberculosis o enfermedades de la piel, pero no se demostró científicamente la vinculación. Si bien las autoridades locales prohibieron la pulverización aérea tras las protestas de la comunidad, el Tribunal Supremo de Filipinas revocó esa prohibición, presuntamente presionado por las corporaciones bananeras. También se han desestimado demandas presentadas por los trabajadores de las plantaciones, lo que ha privado de indemnizaciones a las víctimas. Transcurridos 20 años, a pesar de la prohibición mundial del DBCP, los suelos y las fuentes de agua siguen contaminados”.

Junto a estos casos, describe lo ocurrido con poblaciones originarias del Ártico, en quienes “se han detectado plaguicidas peligrosos que nunca se habían utilizado cerca de sus comunidades. También se ha descubierto que estas personas presentan una incidencia de cáncer y otras enfermedades superior al promedio.” Según la autora, esto se puede explicar porque “los productos químicos viajan hacia el norte mediante el transporte a larga distancia en el medio ambiente, en el agua y el viento, bioacumulándose y biomagnificándose en alimentos tradicionales como los peces y los mamíferos marinos”.

El impacto ambiental de la agricultura industrial se registra también en la pérdida de servicios ecositémicos, como el control natural de plagas y la fertilidad de los suelos, por la aplicación de tóxicos que impiden el afloramiento y desarrollo de individuos diversas especies predadoras o presas de otras. A esta situación se añade que los procesos de esta agricultura se implementan bajo un esquema extractivo, sin establecer mecanismos orientados a la restitución o regeneración de las condiciones naturales posibilitadoras de la inicial producción de alimentos, degradando el suelo y subsuelo con cada ciclo productivo. Como no cambian estos métodos y, en consecuencia, continúa la pérdida de servicios ambientales mencionados, ésta se busca compensar por medio de la aplicación, en mayor cantidad, de plaguicidas o fertilizantes artificiales, cada vez más invasivos o concentrados.

Hilal Elver también advierte que, si bien el lavado de frutos u hortalizas puede disminuir la cantidad de tóxicos, esto no constituye una medida segura, pues buena parte de los plaguicidas usados actualmente son sistémicos, o sea, han sido absorbidos por las raíces y se han distribuido por toda la planta. Un ejemplo de plaguicida sistémico son las variedades neonicotonoides que, junto con intoxicar a los consumidores de los alimentos expuestos a su aplicación, también están “provocando una degradación de los suelos y una contaminación del agua, y poniendo en peligro servicios de los ecosistemas vitales, como el control biológico de las plagas”. Además, la autora señala que éstos, “aunque diseñados para dañar el sistema nervioso central de las plagas objetivo… también pueden causar daños a invertebrados beneficiosos y a aves, mariposas y otra fauna y flora silvestre… [De hecho] se acusa a los neonicotinoides de ser responsables del “trastorno del colapso de las colonias” de abejas en todo el mundo. Por ejemplo, el descenso del 50% en las poblaciones de abejas melíferas de los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en un plazo de 25 años se ha atribuido al amplio uso de estos insecticidas”. Y explica que “este descenso amenaza a la base misma de la agricultura, ya que las poblaciones de abejas silvestres y de abejas melíferas gestionadas son el principal actor en la polinización de los cultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que, de unas 100 especies cultivadas (que aportan el 90% de los alimentos mundiales), el 71% son polinizadas por abejas”, por cuanto lo ocurrido con el uso de estos plaguicidas es gravísimo y es de suma urgencia decretar una moratoria respecto a su uso. No obstante, sólo la Unión Europea y Venezuela han prohibido su uso.

La Relatora continúa informando que los plaguicidas sistemáticos son los responsables de buena parte de la exposición de los seres humanos a los agrotóxicos a través de la dieta, los cuales pueden estar están contenidos en semillas de cultivo industrial, como las de maíz, soja y cacahuate.

Por otra parte, otro plaguicida, el glifosato, que constituye uno de los plaguicidas de mayor uso, se aplica sobre ejemplares transgénicos diseñados para resistir su toxicidad, a diferencia de las plantas no deseadas (maleza) destinadas a perecer. Sus efectos en organismos vivos han sido calificados como nocivos por diversos estudios, los cuales sirvieron de prueba para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo rotulara como “probable cancerígeno”.

Oligopolio

Necesariamente debiera imponerse un criterio precautorio para la producción y uso de estos productos, respecto a los cuales no hay certeza de su impacto en el ambiente y en la salud humana. La inexistencia de un criterio precautorio ocurre en un contexto donde tampoco hay una normativa mundial eficaz para su regulación y donde países de América, Asia y África, son los poseedores de las reglas (si es que tienen) más permisivas.

La voluntad de las empresas agroindustriales se ha impuesto ante la mayoría de los intentos por establecer resguardos respecto a los productos de su negocio. En este sentido, Hilal Elver asevera que “los esfuerzos de la industria de los plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado las reformas y paralizado las restricciones globales de plaguicidas en todo el mundo. Cuando esto se señala, algunas de las justificaciones que estas corporaciones esgrimen para sus medidas de presión son, entre otras, que las empresas se rigen por sus propios códigos de conducta o que aplican las leyes locales”, por cierto elaboradas en función de sus propios intereses, como ocurre en Chile. Y es que “el oligopolio de la industria química tiene un enorme poder. Fusiones recientes han dado lugar a tres únicas corporaciones poderosas (Monsanto y Bayer, Dow y Dupont, y Syngenta y ChemChina), que controlan más del 65% de las ventas mundiales de plaguicidas… [En consecuencia] se plantean graves conflictos de interés, ya que estas empresas también controlan prácticamente el 61% de las ventas comerciales de semillas”.

La Relatora también denuncia que “las empresas a menudo ponen en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos; algunas de ellas han sido incluso acusadas de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones. También se han formulado acusaciones graves de que se ha “comprado” a científicos para que reformulen los aspectos clave del debate relativo a este sector. Otras prácticas flagrantes son, por ejemplo, infiltrarse en los organismos federales de regulación mediante lo que se conoce como el fenómeno de “la puerta giratoria”… Los fabricantes de plaguicidas también fomentan asociaciones estratégicas “público-privadas” que permitan poner en duda su culpabilidad o ayudan a aumentar su credibilidad. También realizan constantes donaciones a entidades educativas que llevan a cabo investigaciones relativas a los plaguicidas, las cuales están pasando a depender de esta industria por el descenso de la financiación pública”.

Agroecología

Hilal Elver desmiente diferentes argumentos propagados por la agroindustria como intento de legitimar su actividad. Al respecto transcribiremos algunas afirmaciones de la autora:

– El argumento promovido por la industria agroquímica de que los plaguicidas resultan necesarios para lograr una seguridad alimentaria no solo es inexacto sino que además resulta peligrosamente engañoso. En principio hay suficientes alimentos para alimentar a la población mundial; lo que representa un obstáculo importante para el acceso a esos alimentos de quienes los necesitan son los sistemas no equitativos de producción y distribución.

– En vez de fomentar la resistencia, la selección genética de los cultivos en la agricultura industrial se ha centrado en desarrollar variedades de alto rendimiento que respondan bien a los insumos químicos, pero que son más susceptibles a las plagas y a las enfermedades. Dado que la mayoría de las empresas de semillas son hoy en día propiedad de empresas agroquímicas, hay poco interés en elaborar variedades robustas. Para lograr reducir los plaguicidas es fundamental volver a introducir diversidad en la agricultura y alejarse de los monocultivos y las variedades únicas.

– A pesar de su uso generalizado, los plaguicidas químicos no han logrado reducir las pérdidas de cosechas en los últimos 40 años. Ello se ha atribuido a su uso indiscriminado y no selectivo, que hace que no solo mueran las plagas, sino también sus enemigos naturales y los insectos polinizadores. La eficacia de los plaguicidas químicos también se ve enormemente reducida por la resistencia que se desarrolla a ellos con el tiempo.

– Los agricultores que utilizan semillas genéticamente modificadas están obligados a comprar los plaguicidas acordes a ellas, lo cual beneficia a la industria de los plaguicidas sin tener en cuenta la carga económica que ello supone para los agricultores o el costo que conlleva para el medio ambiente.

-Reemplazar los plaguicidas altamente peligrosos por otros menos peligrosos es algo necesario desde hace ya tiempo pero no es una solución sostenible, ya que muchos plaguicidas considerados en un principio relativamente “benignos” demuestran con el tiempo representar un riesgo muy grave para la salud y el medio ambiente.

Finalmente, la autora describe en términos generales los principios de la agroecología y entrega justificaciones de por qué sus métodos constituyen una alternativa necesaria de implementar. Aquí pasamos a exhibir algunas de sus aseveraciones.

-La agroecología, considerada por muchos la base de la agricultura sostenible, sustituye los productos químicos por productos biológicos. Consiste en el estudio integrado de la ecología de todos los sistemas alimentarios, incluyendo dimensiones ecológicas, económicas y sociales. Promueve las prácticas agrícolas adaptadas a los entornos locales y estimula las interacciones biológicas beneficiosas entre distintas plantas y especies para lograr un suelo sano y fertilidad a largo plazo.

– En la agricultura ecológica, los cultivos se protegen de los daños ocasionados por las plagas aumentando la diversidad biológica y alentando la presencia de los enemigos naturales de las plagas.

– Los cultivos agroecológicos pueden ayudar a asegurar los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y de quienes viven en situación de pobreza, incluidas las mujeres, porque no existe una fuerte dependencia de caros insumos externos. Bien gestionados, la diversidad biológica y la utilización eficiente de los recursos pueden permitir a los pequeños agricultores obtener una mayor productividad por hectárea que las grandes explotaciones agrícolas industriales.

– Es más probable que la agroecología, que tiene por objeto crear agroecosistemas equilibrados y sostenibles, vaya a lograr rendimientos constantes a largo plazo, por su mayor capacidad para soportar las variaciones climáticas y hacer frente a las plagas de forma natural.

-El éxito [de la agroecología] debe calcularse en base a criterios distintos a la rentabilidad económica, y tener en cuenta el coste de los plaguicidas para la salud humana, la economía y el medio ambiente. La agroecología impide una exposición directa a plaguicidas tóxicos y ayuda a mejorar la calidad del aire, el suelo, el agua superficial y el agua subterránea. Por su menor consumo energético, la agroecología también puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionando sumideros de carbono.

Conclusiones

La Relatora recoge una de las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual indica la necesidad interpretar el “derecho a la alimentación adecuada” considerando, no sólo la cantidad de los alimentos producidos, sino que también su calidad, lo cual implica establecer normas respecto a la inocuidad y sustentabilidad de sus procesos de producción.

Este llamado de atención es de gran pertinencia, a nivel mundial y nacional, pues el Estado de Chile, como muchos otros, maneja el concepto de “seguridad alimentaria”, con el cual justifica su preocupación exclusiva por el acceso a alimentos, soslayando el problema de su calidad y de las implicancias socioambientales y políticas de su producción, cuando en realidad, todas estos aspectos están vinculados al derecho a la alimentación.

Hilal Elver finaliza su exposición concluyendo que “hoy en día el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. Estas cuestiones están estrechamente interrelacionadas y deben abordarse de manera conjunta para hacer plenamente efectivo el derecho a la alimentación. Los esfuerzos por combatir los plaguicidas peligrosos solo tendrán éxito si tienen en cuenta los factores ecológicos, económicos y sociales de las políticas agrícolas que se articulan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es necesaria voluntad política para reevaluar y hacer frente a los intereses particulares, los incentivos y las relaciones de poder que mantienen en pie la agricultura industrial dependiente de productos agroquímicos. Deben cuestionarse tanto las políticas agrícolas como los sistemas de comercio y la influencia de las empresas en las políticas públicas si se quieren abandonar los sistemas industriales de alimentación dependientes de plaguicidas.”

Nota: Próximamente publicaremos un resumen de las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto.

Foto principal: Fotoreportaje “El costo humano de los agrotóxicos” de Pablo Piovano

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