Salud y vivienda como derechos, sindicatos en la toma de decisiones de las empresas y otros importantes artículos fueron aprobados por la Convención

El debate en la Convención Constitucional ya está entrando en los temas de las demandas sociales más reclamadas por los pueblos de Chile en la movilización popular. En este sentido fue que durante la última jornada (que se extendió hasta eso de las 1:00 AM), el pleno del organismo aprobó una serie de artículos en orden de asegurar derechos que estarán presentes en el proyecto de nueva Constitución.

Por Alejandro Baeza

Una intensa jornada de trabajo de más de 12 horas de debate y votación, fue la sesión N°85 del pleno de la Convención Constitucional, donde se aprobó una serie de artículos que consagran derechos sociales en el proyecto de nueva carta magna que deberá someterse a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

En ésta se votó el Segundo Informe presentado por la comisión de Derechos Fundamentales, donde destacan temas importantísimos demandados en las protestas populares de la última década de movilización social, por lo que es histórico que se hayan establecido en el borrador de nueva Constitución el derecho a la salud; derecho a la seguridad social; derecho humano al agua y al saneamiento; derecho a la vivienda; y derecho a la educación.

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Así se aprobaron entonces las siguientes normativas por más de 2/3:

Que "toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada" y que será el Estado el responsable de "asegurar el goce universal y oportuno de este derecho".

Por su parte, se estableció un Sistema de Seguridad público que otorgue protección en caso de enfermar, por discapacidad, vejez y otros. "Este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados", reconociendo también al trabajo doméstico por primera vez en la historia. "La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad", expresa su primer párrafo. Con ello, no cierra el debate en cuanto a si será un sistema solidario o se mantendrá la capitalización individual de las AFP, lo que debe ser afinado aún.

Asimismo, destaca también la inclusión de los trabajadores y trabajadoras en la toma decisiones de las empresas en que trabajan a través de representantes de sindicatos, pudiendo entonces incluso ser parte de los directorios. En concreto, el artículo aprobado indica que «Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa(…)». En este sentido, además se establece «El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional(…)». La nueva Constitución asegura también el derecho a la negociación colectiva: «Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación (…)», no obstante, también establece que «No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública».

En cuanto a Salud, el articulado que fue aprobado para ser parte de la nueva carta magna indica que «El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad (…)».

Se estableció además que «Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral» y que «Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos (…)», en un avance hacia la reparación y justicia ante los atropellos a los derechos fundamentales.

En relación a la temática de Educación, se terminó por definir que "el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación".

El pleno aprobó también el derecho a la ciudad y al territorio: «El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los DDHH en el territorio(…)». Finalmente, el derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas previo a que se adopten medidas que administrativas y legislativas que les afecten.

Así, y pese a la gran presión mediática de los grupos empresariales que tratan de aportillar su trabajo, la Convención Constitucional sigue avanzando en la articulación de la primera carta magna democrática en 200 años. Para hoy miércoles 20 el organismo dará paso a la discusión y votación general y particular del tercer informe de la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos.

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