España intenta ocultar el mayor caso de espionaje de Europa

Gonzalo Boye es un abogado chileno, residente en España, especializado en derecho penal internacional que defiende al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en el exilio en Bélgica, después de la represión al movimiento independentista catalán en 2017. En su último libro, Boye habla del "Catalangate", el caso de espionaje que destapó el periódico The New Yorker el 18 de abril pasado, basada en la investigación de la organización Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, que dejaba al descubierto el espionaje ilegal contra 65 líderes independentistas catalanes, además de algunos dirigentes vascos, todo ello con los programas como el israelí Pegasus.

Por Joaquín Pérez

El Gobierno español, en un primer momento negó los hechos e intentó desacreditar a Citizen Lab. Pasados unos pocos días, confesó que no sólo espió a políticos catalanes y vascos, sino que además al propio jefe de Estado, Pedro Sánchez, y varios ministros. La prensa española tomó este dato y quitó de la agenda el espionaje a los líderes catalanes, de hecho se especuló que el cambio de la política exterior de España en relación al Sahara Occidental y su acercamiento a la postura Marroquí, aliado de Israel, se debía a que los servicios secretos del Estado sionista extorsionaban a Sánchez con información obtenida.

Sin embargo, el espionaje contra los políticos catalanes seguía ahí, sin respuesta por parte del gobierno español. Luego de semanas, Madrid reconoció que habían espiado con Pegasus a 18 independentistas durante 2019, con el aval del juez Pablo Lucas Murillo del Tribunal Supremo. Se trata de 18 casos, distintos a los denunciados por Citizen Lab ya que estos eran de 2017 (1 caso) y de 2020 (64 casos), pero ninguno de 2019. Por lo cual, pasó de 65 líderes a 83 como mínimo.

El caso de espionaje a Gonzalo Boye, es un muy buen ejemplo para mostrar el actuar de los tribunales españoles y el papel que han jugado en la represión al pueblo catalán. El juez Lucas Murillo que autorizó las escuchas al abogado, era al mismo tiempo el juez que resolvía los recursos de Boye referentes a la inmunidad de los europarlamentarios catalanes Puigdemont, Comín y Ponsatí. Ya antes, Gonzalo Boye intentó infructuosamente recurrir contra el juez Murillo por parcialidad, debido a declaraciones y entrevistas contra el independentismo catalán. Hoy sabemos que este juez español, por la mañana autorizaba espiar al abogado y por la tarde resolvía sus recursos.

Además, este espionaje telefónico que el gobierno español pretendió presentar como legal, viola la propia ley española por varios motivos:

Primero, un juez en España sólo puede autorizar intervenir comunicaciones, pero en ningún caso puede autorizar lo que posibilita Pegasus: acceder a todo el contenido del móvil (comunicaciones, documentos, vídeos, fotografías) y también poderlo controlar (activar cámaras y micrófonos, enviar o borrar correos electrónicos).

Toda interceptación de comunicaciones, con autorización judicial, debe ser siempre bajo custodia judicial, mientras que las hechas con el software espía israelí, la información es controlada por una empresa privada y extranjera: la empresa israelí NSO.

Por ejemplo, mientras Boye era espiado, llevaba en paralelo la defensa de unos dirigentes sirios que fueron juzgados y condenados en Alemania. Sus conversaciones estuvieron en posesión de la empresa y nadie hoy puede garantizar de que dichas conversaciones no hubieran sido usadas en contra de los ciudadanos sirios.

La complejidad del caso español es tal que hoy el parlamento europeo tiene una comisión especial investigando abusos cometidos con Pegasus en Europa, pero la investigación sólo se remite a Polonia y Hungría, no en el Estado español, donde está radicado el mayor caso de espionaje de Pegasus de toda Europa.

La Unión Europea sigue dando la espalda a Cataluña y desconociendo la conculcación de libertades civiles y democráticas que allí se producen, la población catalana también es europea, sin embargo, hasta el momento Europa no ha garantizado sus derechos debido a las presiones del Estado español.

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Imagen extraída de niusdiario.es

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