Por Daniel Mathews para Resumen.cl
Asia abarca la mitad del planeta, y en ella vive más de la mitad de la población mundial, con un elevado porcentaje de jóvenes. Desde hace años, esta región viene ganando fuerza política y económica, y dando lugar a una rápida transformación en la balanza de poder y riqueza global. China y Estados Unidos compiten entre sí en influencia, y también es importante la dinámica existente entre las grandes potencias de la región, como India y China, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Éste es el telón de fondo de cualquier análisis de la zona en materia de derechos humanos.
El año 2014, de acuerdo al informe de Amnistía Internacional tuvo algunos avances en derechos humanos. Por la elección de algunos gobiernos que prometieron mejoras en este ámbito pero sobre todo por amplias movilizaciones sociales que pusieron al pueblo en el protagonismo de la política. Al concluir 2014, un año después de las elecciones y las manifestaciones masivas de Camboya, los actos pacíficos de protesta en la capital, Phnom Penh, se habían convertido casi en un fenómeno diario.
En Hong Kong, miles de manifestantes, liderados mayoritariamente por estudiantes, salieron a la calle en septiembre para pedir el sufragio universal. Posteriormente, más de 100 activistas fueron detenidos en China continental por haber apoyado a los manifestantes de Hong Kong y, al concluir el año, 31 de ellos seguían recluidos.
Ante el crecimiento del activismo, las autoridades de muchos países recurrieron a restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. A lo largo del año se intensificó en China la represión del activismo social. En Corea del Norte no parecía haber organizaciones de la sociedad civil, periódicos ni partidos políticos independientes. La población norcoreana estaba expuesta a registros de las autoridades, y a castigos por leer, ver u oír medios de comunicación extranjeros.
En Camboya, las fuerzas de seguridad respondieron con uso excesivo de la fuerza a protestas pacíficas, disparando incluso a los manifestantes con munición real, a consecuencia de lo cual en enero murieron varios trabajadores en huelga del sector textil. Se encarceló a activistas en favor del derecho a la vivienda por haber protestado pacíficamente. En Tailandia, tras el golpe de Estado de mayo y la imposición de la ley marcial, muchas personas fueron detenidas de forma arbitraria, las reuniones políticas de más de cinco personas quedaron prohibidas y se juzgó a civiles ante tribunales militares sin derecho de apelación. También se utilizaron las leyes para restringir la libertad de expresión.
En la República de Corea (Corea del Sur), el líder sindicalista Kim Jung-woo fue condenado a prisión por haber tratado de impedir a unos funcionarios municipales desmantelar tiendas de campaña y un altar conmemorativo en el lugar donde se celebraba una protesta.
Hay quienes, cansados de la abusiva hegemonía mundial que tienen los Estados Unidos, voltean los ojos a Rusia o China como alternativa. El problema es que en verdad no son opciones muy buenas. Lo más probable es que, si es eso lo que se muestra como propuesta de cambio, muchos prefieran seguir como están. No sólo son países tan capitalistas como cualquier otro sino que, en el caso de China, el acceso a prestaciones y servicios, como la educación, la salud y las pensiones, continuó vinculado a discriminaciones por las que cada persona tiene una categoría en el hukou, que siguió siendo un motivo de discriminación. Este sistema obligó también a muchos migrantes internos a dejar a sus hijos en el campo.
El desarrollo que vemos en China tiene que ver con estas diferencias sociales, pero también con un tema que nos afecta a los que vivimos lejos de este país. China consolidó su posición como uno de los principales fabricantes y exportadores de un abanico cada vez mayor de material para la represión social, entre los que figuraban artículos que no tenían ninguna función policial legítima, como porras eléctricas aturdidoras y grilletes con pesos. Además, China exportó otro material que podía utilizarse legítimamente para hacer cumplir la ley, pero que se prestaba fácilmente a abusos, como gas lacrimógeno o vehículos antidisturbios, sin someterlo a los debidos controles, ni siquiera en los casos en que era considerable el peligro de que los organismos receptores cometieran violaciones graves de derechos humanos.
En lo que a Rusia, y en general todos los países que alguna vez fueron la Unión Soviética, corresponde están bajo el férreo control de gobiernos autoritarios. Desde que Vladímir Putin volvió a la presidencia, se aceleró el deterioro del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión en Rusia. Se elevaron las penas, incluso por las infracciones de la ley sobre manifestaciones. Las protestas espontáneas de pequeña magnitud se disolvían por sistema, aunque fueran absolutamente pacíficas, y cientos de personas fueron detenidas y multadas o condenadas a breves periodos de reclusión a lo largo del año.
Antes se consideraba la falta de libertades como una necesidad de un socialismo aislado. Lo curioso es que el retorno del capitalismo no ha significado mayores libertades sino incluso menos. En Asia Central, seguía habiendo gobiernos autoritarios aferrados al poder en Kazajistán y, aún en mayor medida, en Turkmenistán. Donde esos gobiernos parecieron tambalearse ligeramente, como en Uzbekistán, fue más el resultado de las luchas internas de la clase dirigente que una respuesta al descontento general, cuya expresión continuaba reprimiéndose.
Los que estamos a favor de la utopía quizá no debamos perdernos en los grandes bloques de la política mundial. Posiblemente sea más fácil mirar hacia una pequeña isla latinoamericana que, según el informe de AI que venimos comentando, es el país que menos presos políticos tiene en el continente. Y no son presos sólo por opinar. O, mejor aún, pensar que el futuro se construye en las plazas y calles que jóvenes y trabajadores van tomando en distintas partes del mundo.