Por Flavio Araneda Hidalgo / resumen.cl

El próximo 23 de septiembre se cumple un año de la promulgación de la ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. En el transcurso de casi ya un año, las dificultades de la aplicación de la ley han sido múltiples. En mayo pasado, la Contraloría General de la República de Chile derogó el protocolo de objeción de conciencia elaborado por el Ministerio de Salud, por no ajustarse al derecho.

Una de las principales trabas que enfrenta la ley es la gran cantidad de profesionales de la salud que se declara objetor de conciencia para realizar abortos al momento de invocarse cualquiera de las tres causales que establece la jurisdicción chilena. Según cifras obtenidas por CIPER, de los 69 establecimientos públicos habilitados para interrumpir un embarazo, existen 41 donde más de la mitad de los médicos se ha declarado objetor en alguna de las tres causales.

En el caso de la tercera causal – embarazo por violación- 538 obstetras se declaran objetores de los 1.140 que existen en el sector público. Aldo Santibáñez, presidente nacional de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), se refirió a la realidad de las mujeres en las regiones del país que están siendo afectadas por las decisiones de los profesionales médicos. "La realidad es que hay muchos objetores de conciencia que se concentran en regiones como O’Higgins, Maule, Araucanía y sobretodo, en Osorno, donde el 100% de los obstetras se declaran en objeción de conciencia, lo que significa que las mujeres de la zona no podrán exigir su derecho. Esta situación es gravísima, ya que va más allá de los valores humanos que pueda tener cada persona, acá se debe respetar la ley en todos los establecimientos de salud del país".

Durante 2017, se registraron 807 causas con mujeres víctimas de violación en las regiones de O’Higgins, Maule y Araucanía. De ellas, 342 involucraron a niñas menores de 14 años. En la Región de La Araucanía, más del 75% de los médicos contratados en hospitales habilitados se ha declarado objetor en la tercera causal. Mientras que en las regiones del Maule y de O'Higgins ese porcentaje supera el 80%.

Aldo Santibáñez relató que cada establecimiento tiene que resolver de la mejor manera la situación de los objetores. "Tienen que buscar a los médicos que cumplan con la demanda de mujeres que quieren hacer valer la ley que las resguarda. Desde que comenzó la discusión de la despenalización del aborto tuvimos una posición de apoyo. Si bien entendemos como Confederación Fenpruss que es un avance, al menos, la promulgación de esta ley, somos críticos a las situaciones de objeción de conciencia a nivel institucional e individual. En 2017 no se concretó el protocolo y este año nos enfrentamos al fallido documento que elaboró el Ministerio de Salud del actual Gobierno, por consiguiente, iniciamos un proceso de revisión a la Contraloría en conjunto con otras organizaciones sindicales, de la cual anularon el protocolo del Gobierno de Chile por no ajustarse a derecho".

La ley de aborto en tres causales contempla una asignación de $230 millones en 2018. El monto destinado a comprar equipamiento a nivel nacional alcanza solo para el 30% de las necesidades identificadas para la implementación de la ley. Para Santibáñez, es importante la calidad de equipo y recursos que deben existir para la situación de interrumpir un embarazo por alguna de las tres causales. "Un aspecto fundamental son los equipos de apoyo que se deben implementar en los establecimientos de salud, compuestos por trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos, ya que es la primera atención que recibe la mujer, por lo cual debe tener la mayor orientación y apoyo, porque es un momento sumamente delicado".

Hasta el 16 de julio de este año, 359 mujeres habían invocado la nomativa para interrumpir sus embarazos acogiéndose a alguna de las tres causales que contempla la ley 21.030. En 194 de los casos fue por riesgo de vida de la madre, 164 por inviabilidad fetal y 64 por violación. De ese total, solo 35 mujeres decidieron continuar con su embarazo, es decir, menos del 10%.

En la región del Bío Bío existen 21 objetores por la causal de riesgo vital, 29 por inviabilidad fetal y 55 por embarazo por violación. A casi un año de la promulgación de la ley que despenaliza el aborto, en Concepción, de un total de 19 casos por alguna de las tres causales, solo 3 mujeres decidieron continuar con el embarazo -un 15%-. Situación similar ocurrió en Talcahuano, ya que de 33 mujeres que se presentaron para interrumpir el embarazo, solo una decidió no abortar.

Foto: Revista Bagual