[resumen.cl] Este 7 de noviembre se conmemora un año más del disparo que cinco días más tarde provocó la muerte del comunero mapuche Alex Lemún Saavedra, a sus 17 años, cuando participaba de un proceso de recuperación territorial en el fundo Santa Elisa de la comuna de Ercilla el año 2002.

Alex Lemún pertenecía a la comunidad Rekem Lemun y había concurrido en solidaridad de la comunidad Montutui Mapu para realizar una ocupación del fundo mencionado, de propiedad de Forestal Mininco. En tal contexto, arribó un contingente de carabineros con el propósito de desalojar a quienes estaban ahí, atacándoles con armas.

El mayor de carabineros Marcos Aurelio Treuer Heyssen, disparó su escopeta de perdigones contra Alex Lemún, impactándole en su cabeza generando daños que provocaron su muerte tras días de agonía.

En anteriores conmemoraciones, comunidades han declarado que:

«Alex fue auxiliado inmediatamente por su gente, trasladándolo en carreta y luego en ambulancia hasta Angol, luego al hospital de Temuco, y finalmente, para intentar limpiar su responsabilidad, el gobierno chileno lo trasladó a la Clínica Alemana de esa ciudad, donde permanece resistiendo cinco días conectado a un respirador mecánico».

El autor de este asesinato había sido sobreseído por la justicia militar argumentando que el policía, había actuado en defensa personal, pese a que todos los testimonios indican que Alex Lemún no portaba armas.

El 2006, la familia de Alex Lemún recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomendó, en marzo del 2017, al Estado chileno llevar a cabo una investigación efectiva, imponer sanciones correspondientes y sancionar a los agentes estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. Tras ello, el 13 de octubre de 2017 la Corte Suprema determinó reabrir el caso y por ende la investigación en contra de Marcos Aurelio Treuer Heyssen.

Hasta ahora el juicio está en curso y sus procedimientos se han ralentizado, sin que aun exista condena efectiva contra el homicida a 18 años de su crimen. Junto con ello, persiste la omisión de instituciones supuestamente dedicadas al resguardo de los derechos de menores de edad.