[resumen.cl] Uno de los pilares centrales de la dictadura, anclado y profundizado por los gobiernos posteriores, cumple hoy 40 años de vigencia en Chile. Parte medular del laboratorio neoliberal que estalló en octubre de 2019 tras años de indignación y desigualdad.

Fue el 4 de noviembre de 1980 que una de las llamadas «modernizaciones claves» realizadas por la dictadura se impuso en Chile. El proyecto neoliberal, amplio en la práctica, establecía un pilar central abriendo la década de los ochenta, un año después de la imposición del Plan Laboral.

Promulgado en esta fecha -y publicado en el Diario Oficial el 13 de noviembre del mismo año- el Decreto Ley 3.500 establecía el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile. Si bien fue acompañado de una batería de decretos -DL 3.501, DL 3502 y DFL 101-, la centralidad estuvo en el que durante las masivas movilizaciones de 2016 realizadas por el Movimiento No + AFP se escribía en muros y pancartas: el DL 3.500.

Así José Piñera Echenique, ministro del Trabajo y Previsión Social en dictadura, incentivó la implantación de lo que llamó en algunas columnas «La madre de todas las reformas».

Promesas como una tasa de reemplazo de hasta el 80% del sueldo, sumado al contexto represivo propio de la época, la campaña mediática, la mentira y la persecución por administrativos y jefaturas de los lugares de trabajo fueron parte del repertorio con el cual se implantó el sistema de AFP en Chile durante la década de los ochenta.

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Es claro el rol del régimen dictatorial para la implantación y primeros pasos del sistema de capitalización individual, cuestión que está documentada por las propias actas de la Junta Militar como también por estudios sobre la materia y, por sobre todo, presente en la memoria de la población. Sin embargo, los gobiernos postdictatoriales fueron quienes validaron, incentivaron y anclaron el modelo.

El llamado «continuismo» del gobierno liderado por Patricio Aylwin quien modificó el promedio de rentabilidad, el traspaso de riesgo en base a la rentabilidad negativa establecida bajo la administración de Eduardo Frei, la creación de los multifondos durante el gobierno de Ricardo Lagos, la reforma previsional del año 2008 durante el gobierno de Michelle Bachelet y las criticadas propuestas del primer gobierno de Sebastián Piñera son solo una muestra de la nula intención de modificar el sistema de AFP, sino que de blindarlo y acomodarlo.

Durante las primeras décadas de la postdictadura no se presentó una crítica transversal y profunda hacia las Administradoras, sino que fue más bien luego de la crisis económica del año 2008 y con las primeras generaciones de jubilados/as con dicho sistema cuando se tomó la agenda pública, manteniéndose como objeto de crítica y que, con el inicio del Estallido Social y la crisis sanitaria actual, solo se ha agudizado la urgente necesidad de dar paso a un verdadero sistema de pensiones para Chile.

A 40 años de su implantación, las AFP, al igual que la constitución y la batería de pilares heredados y anclados de la dictadura, deben terminar.