En 1973, Pinochet confiscó de inmediato el diario El Clarín, emblemático medio de comunicación favorable a la Unidad Popular, en el contexto de aplastar la libertad de prensa y sumir al país en el terror dictatorial. Con el regreso a la democracia, los nuevos gobiernos se negaron a devolver el patrimonio embargado, por ello la relevancia de un fallo de un tribunal internacional que condena al Estado chileno a pagar 520 millones de euros sus propietarios.

Por Alejandro Baeza

Una resolución del juzgado 101 de Madrid, cuyo titular es Pedro José Puerta, ha emitido una resolución «que condena al Estado chileno pagar 551,77 millones de dólares (cerca de 520 millones de euros) a los propietarios españoles del diario El Clarín, confiscado por Pinochet el mismo día en que dio el golpe de Estado».

El diario El Clarín era uno de los más importantes medios nacionales en el momento del Golpe Militar de 1973. Con un tiraje de 250.000 ejemplares diarios y un enfoque democrático, se convirtió en objetivo principal del régimen.

Su dueño era el empresario republicano español exiliado en Chile, Víctor Pey (fallecido en 2018), quien llegó exiliado a Chile con el inicio de la dictadura franquista y se convirtió en un partidario de la izquierda chilena, particularmente durante el gobierno de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, donde El Clarín se transformó en el principal medio oficialista y uno de los más importantes del país en general.

En los años 90, Pey intentó por distintas vías legales en Chile recuperar su patrimonio expropiado, sin éxito. Esto debido a que militares hicieron desaparecer parte de la documentación. Una nota del mismo medio de comunicación señala que «los activos del periódico en Chile siguen ocupados por los militares casi medio siglo después».

En 1997 desistió de buscar vías legales en Chile y comenzó su búsqueda de reparación en tribunales internacionales. Más de dos décadas después, la ejecución del juez de Madrid que ordenó al Estado chileno reparar con cerca de 520 millones de euros a los descendientes de Pey.

Con ello, el Estado cumplirá una histórica deuda que tiene con la prensa no alineada con el duopolio que ha dominado la información desde el golpe de Estado hasta el día de hoy.