En la madrugada del 24 de julio de 2015, Nelson Quichillao López participaba de una protesta junto a sus compañeras y compañeros de la empresa Geovita, por la renovación y mejoramiento del Acuerdo Marco entre Codelco y la Confederación de Trabajadores del Cobre, a la cual su sindicato estaba afiliado. En ese contexto fue impactado por una bala disparada por un carabinero, mientras que otros compañeros fueron heridos también por acción de policías.

Aniceto Hevia

Cuando las instancias de diálogo resultan inútiles y son inexistentes los espacios democráticos para la resolución de conflictos, los grupos desfavorecidos buscan nuevos mecanismos para ejercer presión y así conseguir lo que les hace falta, o al menos, algo que atenúe la carencia. La concatenación de hechos que en general suceden a esto, en términos generales, son archiconocidos: referirse a manifestantes como delincuentes y así justificar las inmediatas hostilidades para las cuales están dispuestas las fuerzas represivas. Básicamente, eso ha ocurrido con las personas maltratadas, torturadas, heridas o asesinadas durante los gobiernos posdictatoriales en contextos de protesta social, eso pasó con Nelson Quichillao López hace siete años.

La Confederación de Trabajadores del Cobre y Codelco, en un texto conmemorativo declaró que «a pesar de todas las acciones legales y de denuncia emprendidas en conjunto con la familia de Nelson Quichillao, ante el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Relator Encargado Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación, la Organización Internacional del Trabajo, y la denuncia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile, por no investigar adecuadamente la muerte de Nelson a manos de Carabineros de Chile, por vulnerar el derecho a la verdad, a la justicia, a la integridad física, y, en definitiva, el derecho a la vida de Nelson Quichillao, el asesinato de nuestro compañero sigue impune».

Memorial Nelson Quichillao López

En efecto, el 28 de marzo de 2018, la Fiscalía de Atacama comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, señalando que el proyectil habría chocado en un vehículo, que los trabajadores tenían en la interrupción de carretera, para luego impactar al obrero y que las indagatorias realizadas «no lograron ser determinantes para formular una acusación de carácter penal frente a lo ocurrido. Motivo por el cual se adoptó la decisión de no perseverar en este caso».

El asesinato de este obrero del cobre acaeció en un contexto similar al del obrero forestal, también subcontratado, Rodrigo Cisterna, el 3 de mayo de 2007, cuando participaba de una movilización por mejoras como el aumento de 40 mil pesos del sueldo base de los trabajadores, afuera de la planta de celulosa de Arauco, en Horcones. Ante la provocación de efectivos de Carabineros que atacaron automóviles que los obreros habían estacionado, los manifestantes buscaron impedir que ello continuara y en ese contexto, Rodrigo condujo un cargador forestal hacia los vehículos policiales, momento en que fue acribillado, mientras que cinco de sus compañeros resultaron heridos por disparos, uno de ellos con pérdida ocular.

Por el asesinato de Rodrigo Cisterna, no ha sido nadie condenado. Si bien, los antecedentes judiciales apuntan al sargento primero del GOPE Luis Mellado Jaque, este no ha recibido sanción. Tampoco fue responsabilizado el Subsecretario del Interior de entonces, Felipe Harboe, que, como se ha visto, últimamente ha fungido como convencional en representación de partidos de la disuelta Concertación. Ante la ausencia de justicia por parte de la institucionalidad chilena, el homicidio de Rodrigo Cisterna se ha tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores del Cobre y Codelco, ha convocado a una velatón en memoria de Nelson Quichillao López este domingo 24 de julio a las 18:30 horas en el Memorial homónimo en la localidad de El Salvador.