Tras el despojo mapuche en La Araucanía, el Estado chileno continuó entregando tierras a latifundistas y oligarcas. En 1934, campesinos, mapuche pewenche y trabajadores generaron un levantamiento armado por la demanda de tierra para subsistir. Arturo Alessandri Palma reprimió con saña el levantamiento, enviando carabineros que perpetraron centenares de muertes y desapariciones forzadas, ejecutando a mansalva a familias campesinas completas.
Por: Vicente Lagos Isla
El sector de la comuna de Lonquimay, situado en el corazón de la cordillera, caracterizado por sus agrestes condiciones climáticas y su difícil acceso. Como la mayoría de estos territorios, éste se encontraba bajo el poder de grandes terratenientes que, con la complicidad del Estado chileno, habían acaparado la tierra de la zona. Es este problema, el dilema de la tierra, el que desencadena en última instancia el levantamiento, ya que sin tierras el campesino y el mapuche están destinados a la pobreza y miseria.
El conflicto territorial se agudizó en el año de 1934 debido al crudo invierno y los traspasos de tierras a colonos oligarcas y terratenientes, que aumentaron la miseria y la pobreza de las familias campesinas y mapuches de la zona
Mientras se desarrollaba esa crudeza invernal, fueron expulsadas de sus tierras cerca de 64 familias a un lugar yermo que ellos mismos bautizaron como «El Matadero» por el destino irremediable que les esperaba allí: hambre, frío y muerte. Fueron precisamente estas familias, que ya no tenían nada más que perder, las primeras en levantarse en Lonquimay, movimiento que rápidamente se expandió a otros campesinos de la zona, así como a grupos mapuche-pehuenches y obreros que trabajaban en algunos lavaderos de oro del sector y en la construcción de un túnel.
La insurrección iba sumando más guerrilleros, recolectando y repartiendo los alimentos acaparados por los explotadores y las armas que antiguamente habían servido a los terratenientes para intimidarlos. El asunto se salió a tal punto de las manos que las fuerzas policiales locales fueron totalmente rebasadas, teniendo que pedir el urgente auxilio del poder militar del Estado.
Arturo Alessandri Palma reprimió con saña el levantamiento con centenares de muertes y desapariciones forzadas. Legisladores de la época solicitaron que se tuviera consideraciones y que un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco se encargara de las detenciones, precisamente para evitar que Carabineros masacrara a diestra y siniestra a familias campesinas, lo cual fue lo que finalmente ocurrió.
El desalojo de los colonos se llevó a cabo en forma extremadamente violenta, incluyendo varias casas incendiadas.
Fueron centenares los colonos asesinados luego de haber sido tomados prisioneros. En la hipótesis más conservadora, de cerca de 400 detenidos solo llegaron 56 a Temuco. Es decir, los desaparecidos superaron largamente los 300. Es lo que señala Ricardo Donoso: «centenares de muertos y heridos»
En el sector de Lolco, a cerca de 70 kilómetros de Lonquimay y a 15 de la confluencia de los ríos Lolco y Bío Bío, se efectuó la encerrona que dejó unos 500 prisioneros.
Las cifras de detenciones no cuadraron en absoluto, y en el traslado desde la zona cordillerana hasta Temuco, se presume que muchos prisioneros fueron ejecutados, o arrojados al río y hechos desaparecer.
Una investigación de 2014 publicada en Punto Final, apuntó a que nunca se esclareció judicialmente qué pasó con los -esta vez- detenidos desaparecidos.
El citado texto indica que dos estimaciones distintas informaron que a la cárcel de Temuco llegaron entre 70 y 53 prisioneros. Posteriormente en el Senado, Juan Pradenas Muñoz preguntaba a la audiencia por el destino de los cientos de prisioneros desaparecidos «¿Dónde están los demás, señor presidente? Si estas 500 personas estaban prisioneras no pudieron huir, y si hubiesen huido, la prensa habría dado cuenta de ello. Pues bien (…) tengo algunos antecedentes para creer que la mayor parte de estos hombres fueron asesinados cobardemente, sin juicio previo, sin establecerse responsabilidades»
El abogado de la Federación Obrera de Chile, Gerardo Ortúzar indicó a un diario de Collipulli que «expresó haber presentado una demanda criminal para la averiguación de numerosos delitos de los cuales ha tenido conocimiento. Entre los más graves figuran asesinato de toda la familia Sagredo, con mujeres y niños entre los cuales aparece una anciana de 70 años y una guagua de dos años (…), asesinato después de su detención sin que opusieran la menor resistencia de Marco Hermosilla, Cesáreo y Anselmo Orrego, Silvario Ortiz, Manuel Muñoz, José Benicio Reyes, y numerosas otras personas largo de enumerar».
Hace 86 años, en la Cordillera de los Andes en la Región de la Araucanía, ocurrió esta masacre, una de las más sangrientas de la historia conocida en esta región.