Falta de recursos para la continuidad del Programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional y la inexistencia de un catastro de víctimas que son o fueron niños, niñas y adolescentes, están entre las principales brechas detectadas en relación a las acciones del Ejecutivo.

Al cumplirse cuatro años del inicio del estallido social, y en el marco de su proyecto institucional Verdad, Justicia y Reparación, la Defensoría de la Niñez da a conocer un nuevo Informe seguimiento de recomendaciones sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social que advierte en esta oportunidad el escaso avance en las investigaciones de las causas asociadas al estallido social. Dicho informe se suma a los anteriores, que entregan recomendaciones al Estado (2020) y también realizan seguimiento sobre la materia (2021 y 2022).

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"Hemos decidido darle continuidad a este trabajo de recomendaciones y seguimiento de ellas, ya que aún se advierten escasos avances en relación a los puntos críticos detectados en esta materia, especialmente el lento desarrollo que han mostrado las investigaciones de las causas asociadas al estallido social y a la ausencia de una política de reparación integral a la fecha", explica Pamela Meléndez, directora de la Unidad de Estudios y Estadísticas de la Defensoría de la Niñez.

El informe de la institución visualiza insuficiente progreso en materia de verdad, justicia y reparación de la violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de estallido social, sin embargo, se valora positivamente la creación de una Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público de manera independiente, en abril de 2023; y la entrega del Informe de propuestas y recomendaciones para una Reparación Integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia institucional durante el Estallido Social, elaborado por la Unidad Secretaría Ejecutiva de la Subsecretaría de Derechos Humanos y remitido a Presidencia, la que contó con un proceso participativo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en contexto de estallido.

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Sin embargo, la Defensoría de la Niñez aún detecta brechas y nudos críticos en esta temática, a partir del análisis y levantamiento de información realizado. Entre ellos, se advierte que el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 no contempla recursos destinados al financiamiento y continuidad del Programa de Derechos Humanos de Víctimas de Violencia Institucional, creado en 2023.

Por otra parte, la institución alerta una ausencia de un enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia en la Agenda Integral del gobierno, cuya muestra más evidente es la inexistencia a la fecha de un catastro de víctimas que son o fueron niños, niñas y adolescentes al momento de cometerse las violaciones de sus derechos humanos en el contexto de estallido social. Esto, señala la Defensoría de la Niñez, debería ser un piso mínimo para poder generar una política de reparación integral transversal, que permita subsanar los nudos críticos detectados e incorporar las recomendaciones emitidas por diversas instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, ya que la Agenda Integral aún no entrega respuestas efectivas, presentando una evidente desarticulación y falta de especialización.

En este contexto, la Defensoría de la Niñez remitió este informe al Ejecutivo, específicamente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Carabineros de Chile y al Ministerio Público, en cumplimiento con su mandato legal de "emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños", y de "observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado".