La cercanía del plebiscito del próximo 25 de octubre acrecienta la ofensiva de la derecha gobernante para intentar torcer la voluntad ciudadana que busca poner término al actual ordenamiento constitucional que ha servido de marco regulatorio para la instalación de la desigualdad, del abuso y la explotación en la sociedad chilena. El acto plebiscitario en sí mismo es una consecuencia de esta constitución abusiva que pretendió perpetuarse aun a costa de las necesidades y aspiraciones del conjunto de la población. La única forma legal de desechar esta injusta constitución dictatorial es por vía de un plebiscito.

El actual orden de cosas es lo que ha posibilitado que los poderosos hayan instaurado su imperio de injusticia y por lo mismo es que ahora intentan diversas maniobras con la finalidad de limitar o condicionar la efectividad del proceso constitucional que se pone en marcha para terminar con este sistema de arbitrios.

Aunque los métodos más utilizados son, desde luego, el amedrentamiento y la represión, no escatiman en recurrir a oscuras maniobras leguleyas y sucias manipulaciones mediáticas para tratar de sacar ventajas o de ensuciar el proceso plebiscitario. La ofensiva liderada desde la propia Moneda por el gabinete del odio, pretende anticipar condicionantes tanto a la participación popular en la elaboración de la nueva constitución como a los contenidos de la misma, pero esto ocurre, además, en un contexto de constantes amenazas del uso de la fuerza represiva y despliegues de escenarios catastróficos.

El ya gastado y recurrente argumento de que el cambio estructural generará el caos, sigue siendo utilizado como punta de lanza en campañas de terror que nada tienen que envidiarle a las campañas de guerra sicológica contra el pueblo chileno desarrolladas durante la dictadura. De hecho son un fiel reflejo de aquella época y una comprobación más de que la derecha en su conjunto es parte inherente, autora, partícipe y cómplice, de aquel régimen de oprobio.

A la par con predicar el terror, la derecha lo pone en práctica a través de su gobierno. La represión inmediata a cualquier manifestación ciudadana no adepta al régimen o a la potestad de los poderosos, es el mecanismo predilecto de los gobernantes para tratar de imponer la voluntad política de que nada cambie. Las movilizaciones populares, sean éstas por causales reivindicativas específicas de las personas movilizadas, sean por expresiones de apoyo al "Apruebo" en el plebiscito, son brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales mandatadas por el Gobierno para aplastar las expresiones de lucha popular. Se trata de una forma criminal de "marcar territorios" y de advertir que el actuar de los gobernantes no conoce de límites morales.

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Así también son reprimidas y violentadas por Carabineros las expresiones artísticas, gráficas, visuales o lumínicas que diversos actores sociales utilizan para hacer saber sus inquietudes y demandas. Sin embargo, la policía uniformada recurre al uso de métodos artificiosos para impedir la muestra de estas ideas y manifestaciones artísticas, lo que constituye una clara vulneración del derecho a la libertad de expresión, de libertad de manifestación y del libre ejercicio de las posibilidades del arte. Atropello de derechos que han sido graciosamente tolerada por las autoridades de Gobierno y protegida por una corroída institucionalidad. Ello ocurre a la par de que esas mismas autoridades aplauden y consienten la protección y resguardo que la policía brinda a las manifestaciones de grupos de la derecha y de sectores declaradamente fascistas como grupos neo-nazis.

Éstas son sólo muestras de ciertos privilegios que se autoasigna una derecha atrincherada en el gobierno para hacer y deshacer a su entero antojo. Una ventaja impropia ha sido, entre otras, la participación en la llamada "Franja del Rechazo" de entidades que dicen representar a miembros de las Fuerzas Armadas en retiro pero que hacen uso descarado de símbolos y emblemas de carácter institucional, es decir, claramente asociados a la identidad de las instituciones armadas del país. Eso, aparte de ser un atropello, es una apropiación indebida de símbolos que se supone no son patrimonio de un sector minoritario de la sociedad, por muy poderosos que sean.

En esta eventualidad plebiscitaria y de proceso constituyente que obliga a tener claras definiciones estructurales el supuesto de que las Fuerzas Armadas y de Orden son representativas de todos los chilenos queda reducido a eso, a un supuesto, porque en realidad son y representan el interés y la voluntad de los grupos de poder, de la oligarquía, del establishment, de la podredumbre institucionalizada, de la derecha política. El subterfugio de "en retiro" no alcanza para ocultar la concomitancia de las instituciones oficiales en un actuar reñido con la propia legalidad que ellos instalaron por la fuerza de las armas, pues son los mismos personajes que cargan con la tragedia que causaron a nuestro país con miles de muertos y desaparecidos, que cargan con la vergüenza de haber instaurado la corrupción como norma de conducta desde sus más altos mandos hacia abajo -partiendo por el propio tirano- y que campea en las entidades uniformadas y policiales en el Chile de hoy. Son estos mismos individuos que se jactan de sus crímenes, que se vanaglorian de los privilegios e impunidad de que puedan gozar, que demandan la intervención militar en la Araucanía y que invocan la injerencia uniformada en la política contingente.

Este atropello de los manipuladores de los uniformados, aunque sea en retiro, representa otra evidencia más de la necesidad urgente que tenemos como país de poner término a estos indignantes flagelos. Las Fuerzas Armadas y policiales ya fueron el instrumento que utilizó la poderosa oligarquía criolla, como sirvientes de los intereses estadounidense, para organizar, propiciar y ejecutar el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende en 1973, y para instaurar la cruel y criminal dictadura que asoló a nuestro país por largos 17 años. Misma dictadura que dejó amarrada a nuestra sociedad, a la economía, a la institucionalidad, con tales ataduras que -por más de 30 años- han causado daños permanentes al desarrollo del país en condiciones de dignidad humana. Esas ataduras son las que hoy el pueblo ha decidido liberarse.

Los desafíos de construir un país mejor requieren que la doctrina y la conformación de las instituciones uniformadas deban ser cambiadas y reestructuradas de raíz; deben dejar de ser el instrumento servil de los grandes empresarios para convertirse en organismos que desarrollen sus funciones y actividades en beneficio de los intereses de toda la población, de la sociedad, del país, de la humanidad, y no seguir actuando como meros gendarmes de los poderosos amos del mercado, ni como meros repetidores de los designios de la decadencia estadounidense.

La violencia represiva ha sido instalada y sigue siendo alentada por este Gobierno. Ésa es la lógica y el sentido real que tiene la prolongación del estado de emergencia por parte del mandatario, con el pretexto de que lo hace por necesidades de control de las medidas preventivas de la pandemia, en circunstancias de que todo el país sabe que las fuerzas policiales y militares no han tenido ni tienen como tarea la labor social de evitar la propagación de los contagios sino de controlar las movilizaciones. Prolongar este estado de excepción -caso único en el mundo en pandemia- es una manera descarada de mantener bajo amenaza a la población civil movilizada, al pueblo chileno protagonista del Estallido e impulsor y protagonista de los cambios que se avecinan.

El gobierno chileno debiera limitarse a cumplir sus funciones formales, en la medida de lo posible según sus limitadas capacidades, pero debe garantizar la prescindencia en los procesos venideros y dejar de entrometerse en lo que no está en sus atribuciones ni facultades. Como medida básica de sanidad política y seguridad pública, en especial, los gobernantes debiesen abandonar su actitud de fomento al odio; resulta del todo intolerable e indignante que desde las esferas del Ejecutivo se reitere un permanente pregón del uso de la fuerza y de recurrir a la violencia represiva del Estado como respuesta y solución a las demandas y exigencias ciudadanas. La amenaza del uso de las Fuerzas Armadas para seguir reprimiendo a la población civil, francamente, está de sobra; hace rato que eso es una realidad y nadie en el mundo social lo ignora, pero no por ello se inhabilitará para ejercer sus derechos.

La próxima celebración del primer año desde el Estallido Social del 18 de octubre está siendo vista y anticipada por el Gobierno como una gran ocasión para reprimir al pueblo y lucir el impresionante arsenal represivo con que han nutrido a las fuerzas policiales en estos meses de pandemia. Ese mismo espíritu represor es el que anima a los gobernantes y a la derecha para enfrentar el plebiscito del 25 de octubre y el devenir posterior a esa fecha. Para esas contingencias, pareciera ser que la población chilena ya tiene aprendida la lección y sabrá también cómo enfrentarla.

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