[resumen.cl] El pasado mes de agosto se promulgó el decreto que crea la región de 'uble, en rigor, aprueba la conversión de la provincia de 'uble en una nueva región, separándola de la Octava y asignándole el número 16. Este nuevo reordenamiento administrativo viene a confirmar lo ya sabido: el fracaso y lo inadecuado del modelo administrativo impuesto por la dictadura y que la clase política se ha negado a reconocer.

Hasta el golpe militar de septiembre de 1973, Chile se organizaba territorialmente en 26 provincias. Esta división obedecía a la génesis histórica del país, a las realidades geográficas, culturales, y principalmente a las posibilidades de desarrollo económico de los territorios. Esta idea de desarrollo se sostenía, a su vez, en la política de fomento productivo impulsado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), desde 1945 en adelante, que se basó en generar capacidad industrial de manufactura y procesamientos primarios tendientes a sustituir las importaciones como principal fuente de provisión de recursos y productos. Esta producción manufacturera se complementaba con la tradicional explotación de recursos primarios de la minería del salitre, del cobre y del carbón y, desde 1950, al incipiente desarrollo de la explotación petrolífera en el extremo austral del país a través de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). A ello se suma, las políticas de ordenamiento impulsadas por la Oficina Nacional de Planificación (ODEPLAN) desde 1969, que intentaba potenciar la descentralización y apoyar el desarrollo de las provincias; políticas que no alcanzaron a tener un gran avance producto del golpe de estado de 1973 y las brutales transformaciones que impuso la dictadura.

Uno de los primeros cambios radicales que introdujo la dictadura en 1974 fue, precisamente, imponer un nuevo reordenamiento administrativo del país, terminando con las antiguas provincias y comunas. La organización política administrativa del régimen dictatorial estuvo orientada a dos objetivos: el desarrollo de la guerra interna y crear condiciones para la imposición de un nuevo modelo de desarrollo económico.

La dictadura dividió al país en trece regiones que obedecían a la distribución y ordenamiento de las fuerzas armadas a lo largo del territorio, particularmente con la organización del ejército; se asimiló el ordenamiento civil a las condiciones de manejo del ordenamiento militar o uniformado. Esto no fue producto de un capricho o de una manía uniformada, sino que era en obediencia y aplicación de los dictados del Pentágono yanqui que le exigía a las fuerzas armadas subordinadas de los países dependientes someterse a sus planes globales, concebidos en el marco de la Guerra Fría, y adaptar sus acciones al combate del enemigo interno. El enemigo interno era, por definición, toda la población del país; a partir de ello se iban descartando como enemigos a todos aquellos que demostraran sumisión, obediencia, subordinación a los dictados del imperio y del gobierno títere en cada país. En nuestro caso, el gobierno títere era una criminal dictadura pero que surgió por decisión e imposición del imperio yanqui, y la dictadura aplicaba a rajatabla el principio rector de esta hipótesis: todos son enemigos, mientras no demuestren que son inocentes.

Hasta entonces, el estado mayor de la defensa nacional manejaba en sus planes cinco hipótesis de guerra posible, cuatro de ellas se referían a eventuales situaciones de guerra con países vecinos; los objetivos externos de estas cuatro hipótesis no son conocidos pero son fáciles de imaginar. La quinta hipótesis se refería a eventuales situaciones de guerra civil interna y al combate a la subversión y las revoluciones populares. A esta última variante se dedicó no solo la reorganización interna del ejército desde mediados de los años sesenta, sino que también se constituye en la principal preocupación de las otras ramas de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales del país. Todos los planes de formación y de educación de los oficiales, así como los planes de instrucción y preparación de las tropas, se orientan al combate del enemigo interno. A estos individuos les convencen de la existencia de un enemigo interno, les convencen de que el pueblo es un adversario que hay que atacar, les convencen que la subversión y rebelión de los pueblos es signo de maldad y perversión. Les lavan el cerebro de una manera maquiavélica, demencial, pero efectiva, muy efectiva porque fabrican monstruos a partir de ella. Para reforzar y cimentar este adoctrinamiento, los oficiales eran llevados a las escuelas que los amos imperiales tienen en Panamá y Estados Unidos a recibir un último baño de doctrina y de aprendizaje de crueldades humanas. Luego, ya sabemos.

Sin embargo, el término formal de la dictadura en 1990 no cambia nada de este escenario ni de esta lógica de guerra interna. Más bien, las adaptaciones que se producen a comienzos del 2000 son producto, de nuevo, de imposiciones y prioridades de los amos imperiales. Los paradigmas de la Guerra Fría se cambiaron con la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la antigua Unión Soviética y la desaparición del Bloque Este en Europa y el Mundo. Desde entonces, las exigencias de guerra interna no son tan prioritarias y las fuerzas armadas subordinadas de los países dependientes son orientadas a servir de refuerzo, o de ejecutores o de carne de cañón para las necesidades bélicas, invasoras o controladoras de los yanquis por cualquier parte del mundo.

El enemigo interno, el pueblo y la subversión, sin la Unión Soviética y la Guerra Fría como parte del cuento ideológico en que se sustentaba la idea de la existencia de este enemigo interno, se transforma en el eufemismo o hipótesis bélica de "manejo de los conflictos de baja intensidad". A partir de entonces los ejércitos y fuerzas armadas dependientes, se reorganizan y orientan a estar siempre listos para responder a las necesidades imperiales (y a otros manejos de dudosa finalidad), por más que el actual comandante en jefe del ejército se moleste en advertir que el ejército está listo para reprimir al pueblo si se le llama. Para el control del enemigo interno y el manejo de los conflictos se baja intensidad, se opta por la militarización de las fuerzas policiales de manera que puedan cumplir el rol de organismos protectores del modelo de dominación y de aparatos represores del pueblo de manera más efectiva y decisiva. Es así como las fuerzas policiales de Carabineros adoptan cada vez más formas organizativas, instrucción, recursos, equipos y medios, propios de cuerpos militares regulares, pero siguen siendo nominalmente solo policías (aunque también incursionan en otros manejos de dudosa finalidad). Lo mismo vale para la Policía de Investigaciones (PDI) que con tantas fuerzas de élite, fuerzas comandos, grupos especializados, ya no se sabe si son un cuerpo policial que investiga delitos comunes o si es un cuerpo uniformado que opera de civil en labores represivas, haciendo reminiscencia de su pasado en dictadura. Las amenazas del señor Oviedo están de sobra.

Esta lógica belicosa, esta manera de ver la sociedad y a la población como adversarios, es uno de los factores que impide a la degradada clase política asumir el fracaso del modelo político administrativo heredado (como tanta otra basura) de la dictadura y de su constitución opresora. Mejor hacer como la avestruz, meter la cabeza bajo el escritorio y mantener la vista fija en el móvil, para no reconocer el fracaso y la ineptitud, que a la clase política si le reporta utilidades y beneficios puesto que para ellos este caos significa mantener privilegios y prebendas, reparticiones y circunscripciones.

No obstante, la realidad y la necesidad, de a poco han ido rasgando, sacándole girones, al modelo dominante. Ya vamos en 16 regiones, y seguimos disimulando, como que todo está bien, como que todo es una maravilla. ¡'uble Región! Claman los incautos, sin darse cuenta que nunca debió dejar de serlo aunque se llamara provincia, como tantas otras provincias borradas del mapa por arbitrio de una dictadura.

El ordenamiento administrativo del país con el modelo dictatorial, además del combate del enemigo interno, tenía como objetivo desde luego imponer un nuevo modelo de desarrollo económico. Para la imposición de este modelo es que se necesitaba tener al enemigo interno (el pueblo) controlado y sometido. Y no era para menos porque el nuevo modelo se basaba y se basa en la destrucción de la industria de manufactura nacional y de procesamiento primario, se basaba y se basa en la jibarización del aparato del Estado y de la capacidad de intervención económica del Estado, se basaba y se basa en la apropiación de los bienes y servicios que posee y administra el Estado, se basaba y se basa en las mentadas "siete modernizaciones" que impuso la dictadura en 1982 y que son la piedra angular en se sostiene este sistema y este modelo. Por eso lo protegen tanto y lo mantienen haciéndose los entendidos y los modernos. Lo que no alcanzaron a destruir o privatizar en dictadura, lo hicieron luego en esta pretendida democracia en donde los sucesivos gobiernos han fungido de eficientes administradores del modelo, de empleados de los poderosos dueños o de emprendedores "cocineros" para preservar explotaciones y conservar privilegios. Si algo quedaba sin prever, no faltó como someterlos financiándoles las campañas y otras yerbas. Negocio redondo.

Negocio redondo fue también para el actual gobierno Nuevamayorista o Concertacionista el haber hecho campaña con la propuesta de crear una nueva constitución que ponga término por fin al engendro dictatorial. Incluso se avinieron a hacer un llamado a Asamblea Constituyente para producir una constitución legítima y democrática. Como suele ocurrir, todo quedó en puro cuento, en puro show, comisiones de expertos, grupos de asesores, que prometen estudiar cambios, pero en realidad estudian fórmulas para que nada cambie. Parece que solo a desgajes y a tirones habrá que seguir demoliendo el aparataje opresivo y de dominación que tan amarrado dejaron los dictadores y sus amos imperiales.