En abril de 2021 la Corte Suprema no reconoció los hostigamientos y vulneración de derechos contra Andrea y Octavio Gana, lo que ha motivado a llevar el caso de censura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con la organización Acción Constitucional. A la fecha ninguna institución se ha pronunciado respecto al caso ni ha aportado con mayor información sobre los acontecimientos ocurridos.

Por Delight Lab

Mientras eran proyectadas las palabras "Humanidad" y "Solidaridad" en el edificio de la torre Telefónica el martes 19 de mayo de 2020, autos sin patente y un camión ocultaron la intervención con seis focos de luz blanca de largo alcance.

Lo anterior, implicó la presentación de un recurso de protección a favor del colectivo contra las personas que realizaron la censura; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones; Jefe de la Defensa de la Región Metropolitana; Ministerio de Interior y de Seguridad Pública; Intendencia de la Región Metropolitana.

Este proceso tardó 11 meses, entre los que ocurrieron otras 3 situaciones de hostigamiento y censura por parte de fuerzas policiales al colectivo y a integrantes de Galería CIMA. Estos hechos no fueron considerados como agravantes a pesar de contar con pruebas.

Fotografía: Luis Bahamondes

A un año de esta situación, con instrumentos legales rechazados y respuestas ineficientes por parte de las instituciones involucradas,  es que el colectivo proyectó la palabra "impunidad" en la torre Telefónica para hacer recuerdo de que en el país están latentes las dinámicas y omisiones sistemáticas contra el arte.

Lee| Denuncian a carabineros de presionar para obtener nombres de partícipes de proyección lumínica en Plaza Dignidad

Para no perder registro y contexto de las experiencias y herramientas que ha traído el proceso judicial de este caso, es que el colectivo junto a Acción Constitucional publicaron un sitio web en donde relatan los acontecimientos de censura vividos y se comparten los recursos legales presentados.

El abogado integrante de Acción Constitucional, Danny Rayman señala: "Lamentablemente las vías institucionales en Chile no han sido efectivas en la protección de la libertad de expresión, pese a ello la posibilidad de construir registros de estas vulneraciones termina siendo clave para visibilizar y denunciarlas ante instancias internacionales".

El accionar de la justicia contra el colectivo fue analizado mediante un amicus curiae presentado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social FLEPS.

Además, estos hechos han sido reportados en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2020 y en el Informe sobre Libertad de Expresión en Chile 2020 del Observatorio del Derecho a la Comunicación y Fundación Datos Protegidos.

Para más información, puedes revisar el sitio en español / inglés.

Fotografía principal: Luis Bahamondes