El 27 de junio se cumplen 50 años del golpe de Estado liderado por el entonces Presidente de la República, Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Año a año esta fecha es rememorada de distintas formas pero, quizá por el simbolismo del aniversario "redondo" y/o el clima de tensión que, por diversos motivos, se vive en el presente, durante estas semanas han estado resonando las palabras "dictadura" y "derechos humanos" bastante más que lo habitual.

Por Sabrina Álvarez | Depto. de Historia americana. FHCE-UdelaR

Desde 2020 el Estado nacional de Uruguay está conducido por una coalición de partidos de derecha que tiene entre sus filas algunas figuras que han alimentado desde la teoría de "los dos demonios" hasta la negación de las atrocidades cometidas por agentes del Estado uruguayo durante la última dictadura (1973-1985). Todo esto, sumado a los magros avances en la materia alcanzados durante los gobiernos del Frente Amplio (en los que se depositaron unas cuantas expectativas), propicia un clima bastante particular. Además, en sólo 10 días, se produjeron tres hechos de relevancia que han puesto el tema en la agenda pública.

El 6 de junio uno de los equipos del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) que trabaja en el predio del Batallón 14 encontró restos óseos enterrados bajo cal que, se sospecha, pertenecerían a un detenido-desparecido. Como cada vez que aparecen restos humanos en estas circunstancias, se reaviva la angustia de madres y familiares y quienes acompañamos su lucha, al tiempo que se reafirma la convicción de seguir insistiendo por conocer la verdad. También se reaviva la indignación y la bronca con los responsables que cobarde y cínicamente siguen ocultando información. Nos toca esperar para que los especialistas que, con gran dedicación y compromiso, trabajan en estos complejos procesos científicos, puedan ofrecer información.

Te puede interesar: Eduardo Gudynas sobre crisis del agua potable en Uruguay: «Estamos ante una corresponsabilidad de sucesivas administraciones de gobierno»

A la semana siguiente se realizó un acto en el que el Estado uruguayo dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa que investigó su responsabilidad en los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio (causa conocida como "las muchachas de abril") y las desapariciones de Luis Eduardo González González y "scar Tassino.

Según las palabras de la Vice-presidenta de la República Esc. Beatriz Argimón (quién se encargó de hablar a título del Poder Ejecutivo), el Presidente Luis Lacalle Pou le encomendó hace un mes que se encargue de presidir el acto. Lamentablemente no explicitó el porqué de esta decisión. La organización de Madres y familiares de detenidos desaparecidos reclamó que fuera el Presidente de la República quien se encargara de la presentación en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Lacalle Pou simplemente se excusó de no asistir al acto, sin aceptar que se buscara otra fecha, tal como sugirió Madres y Familiares.

Si se tiene en cuenta la postura que ha sostenido su sector político durante y después de la dictadura civil-militar, no se puede más que sospechar que su intención fue ningunear el evento y hacerlo pasar como un trámite burocrático de cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana de Derechos humanos. Casi que como una confesión a voces, la Vice-presidente cerró el acto solicitando a la población que brinde la información que tenga. Los asistentes al acto, indignados, le exigimos que hagan esa solicitud a los responsables, algunos de ellos, estrechamente vinculados con la coalición de gobierno.

A los pocos días aparecieron subidos en el sitio web Internet Archive un conjunto de 1219 rollos de documentos microfilmados, aparentemente, del llamado "Archivo Berrutti"1. Este Archivo está bajo custodia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) pero contiene 836 rollos. Hacía unos días que el Comité de Coordinación para la implementación del Repositorio Luisa Cuesta (integrado por Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y la Universidad de la República) había anunciado una actividad a realizarse el 21 de junio en la que se presentará un repositorio digital, de acceso público, construido en acuerdo con las dos instituciones que procura tener los recaudos pertinentes en el manejo de información sensible como la que contienen los documentos.

Con gran sorpresa la mencionada Comisión informó que hay varios cientos de rollos que no están bajo su custodia y que se desconoce su procedencia. Estamos a la espera de algún tipo de explicación y responsabilización por la puesta a disposición del público de un conjunto documental de enorme valor para la justicia, la memoria y la Historia.

Estos tres episodios, sucedidos en un breve lapso de tiempo, muestran la actualidad de la dictadura civil-militar y sus consecuencias. Esperemos que la conmemoración de los 50 años sean un nuevo impulso y no se queden en el simple cumplimiento de una especie de "deber de memoria" o de actualización de las disputas interpretativas en torno al tema. En este sentido, la labor realizada por las organizaciones sociales y una parte de la academia ha servido de sostén de la lucha contra la impunidad, logrando que la temática sea apropiada por un mayor número de personas de distintas generaciones y lugares de procedencia. Esto se vio reflejado en la realmente masiva marcha del silencio de mayo de este año y en la cantidad y diversidad de actividades que se están y estarán realizando en estas semanas.

1 El "Archivo Berrutti" contiene documentación producida por el Servicio de Información de Defensa (SID) entre 1968 y 2004 aproximadamente. Los rollos de microfilms fueron encontrados en base a una denuncia anónima, en el ex Centro de detención y Torturas del Centro General de instrucción para oficiales de Reserva (CGIOR). Fueron entregados a la entonces Ministra de Defensa Nacional Dra. Azucena Berrutti, de quién reciben su denominación.

Foto: Portal de Museos de Uruguay