[resumen.cl] Una auditoría ambiental analizó 117 proyectos con impacto ambiental que tramitaron su ejecución entre diciembre de 2018 y agosto de 2021. Son proyectos para los cuales el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había pedido al Gobierno Regional un pronunciamiento. Esto de acuerdo a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

En agosto de 2021, una solicitud emitida por el Consejero Regional del Bío Bío Javier Sandoval Ojeda buscó "establecer la existencia de una práctica reiterada a nuestro parecer, de no pronunciarse ante las solicitudes del Servicio de Evaluación Ambiental, con la lamentable consecuencia de quedar fuera del proceso de evaluación ambiental en un conjunto de proyectos que están afectando a las comunidades".

Esto ocurrió después de que la Contraloría General de la República estableció en su pronunciamiento N°E94605 de 2021 la ausencia del pronunciamiento del Gobierno Regional sobre el proyecto minero Biolantánidos que pretende establecer minería de tierras raras en los cerros cercanos a Penco.

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Los resultados de la auditoría mostraron que «en 54 de los 117 proyectos revisados, el Gobierno Regional del Bío Bío no emitió pronunciamiento en su primera o segunda etapa de evaluación ambiental. Mientras que otras 77 oportunidades lo hace pero fuera de los plazos establecidos por el Servicio de Evaluación Ambiental, contraviniendo lo indicado por la Contraloría General de República quien establece la necesidad de dar estricto cumplimiento a los plazos».

Localización geográfica de los proyectos analizados

Esta situación se configura como un aparente abandono de deberes. De los 66 proyectos finalmente aprobados durante el periodo analizado, el Gobierno Regional del Bío Bío no se pronunció en 39 de ellos. Algunos de estos proyectos están localizados en las comunas de Lebu, Coronel, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, Cabrero y Los Ángeles.

El Consejero Regional Javier Sandoval Ojeda señaló que: «El informe sobre los pronunciamientos del GORE respecto de proyectos de impacto ambiental es lapidario, así como insultante con las comunidades que se organizan para exigir participación ciudadana en muchos de estos proyectos".

Asimismo, indicó que "la evaluación ambiental de este órgano del Estado debe ser del más alto nivel, superior a la comisión de evaluación ambiental regional formada por los seremis del gobierno de turno, dada la pertinencia territorial de cada consejero o consejera regional. Pero que lamentablemente hoy es una participación inútil, tal y como muestra el resultado de la auditoría ambiental que solicitamos»

Sandoval agregó además algunas propuestas que incluyen: sesionar las veces que sea necesario y a tiempo como Consejo Regional. También implementar una Defensoría Ambiental Pública Regional para compensar a las organizaciones sociales que buscan defenderse de proyectos con impacto ambiental donde el GORE estuvo ausente.

Junto a esto propuso gestionar junto al Congreso y la Convención Constitucional, una modificación en la actual Comisión de Evaluación Ambiental Regional, la que actualmente es presidida por el delegado presidencial.