En una reciente entrevista a nuestro medio, el abogado Sergio Millaman, defensor del comunero mapuche Juan Pichún, entregó detalles sobre el caso judicial de su defendido, calificando las pruebas presentadas por la Fiscalía como «meramente especulativas».

Por Nicolás Salazar Maleras

Juan Pichún, quien fue detenido y formalizado en junio de 2025 por hechos ocurridos en 2021, enfrenta una acusación que, según Millaman, carece de sustento sólido después de casi cuatro años de investigación. El abogado también expresó su preocupación por la prisión preventiva de Pichún y la solicitud de pena de presidio perpetuo por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

Escasez de pruebas directas contra Juan Pichun

Millaman sostuvo que los antecedentes recopilados por la Fiscalía no permiten sostener de manera «fundamentada y fehacientemente, que Juan Pichún haya participado en los hechos que se le acusan». El defensor argumentó que no hay testigos que lo ubiquen en el sitio del suceso, ni imágenes que lo vinculen al hecho. Además, las víctimas del incidente no han podido reconocer a ninguno de los participantes, ni dar características físicas que coincidan con las de su defendido.

La principal evidencia de la Fiscalía se basa en interceptaciones telefónicas entre los coimputados. Sin embargo, Millaman aseguró que estas conversaciones son «normales entre personas que se conocen» y no tienen relación con ningún acto ilícito. Según la defensa, la Policía de Investigaciones (PDI) interpreta estas conversaciones a partir de un «contenido velado», lo que lleva a la conclusión «erradamente» de que Pichún tuvo participación en los hechos.

Adicionalmente, se presentaron análisis del tráfico de voz y datos del teléfono de Juan Pichún. No obstante, Millaman señaló que estos informes muestran que el teléfono circuló por «diferentes antenas que habitualmente captan las llamadas y los tráficos de datos de don Juan Pichún». Por lo tanto, no se puede considerar este hecho como una prueba concluyente de su ubicación en el lugar de los hechos.

Prisión preventiva y obstáculos de comunicación

Actualmente Pichún se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Temuco. Millaman considera que esta medida es «injusta y carente de fundamentos». La defensa presentó un recurso de apelación que fue rechazado y recursos de amparo que fueron desestimados por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. El abogado argumentó que la prisión preventiva no se justifica por la falta de antecedentes que demuestren su participación y porque no existen elementos que lo configuren como un «peligro para la seguridad de la sociedad». Además, destacó el arraigo social y cultural de Pichún como «autoridad cultural de su pueblo, de su comunidad», enfatizando que durante todos los años que ha durado la investigación Juan Pichun ha mantenido domicilio y trabajo conocidos.

En cuanto a la comunicación con su cliente, Millaman comentó que la audiencia de formalización se realizó de manera telemática. Mencionó que la próxima audiencia de preparación de juicio oral está programada para ser telemática, pero expresó su intención de solicitar la presencialidad en el juicio oral. El abogado considera que en el juicio oral, un imputado debe estar lo más cerca posible de su defensor para resolver dudas y tener conocimiento del proceso.

Actualmente, la defensa no descarta una solicitud de traslado para que Pichún cumpla la prisión preventiva en la cárcel de Traiguén, una ciudad más cercana a su comunidad y familia. Millaman espera que Gendarmería informe positivamente sobre la solicitud, ya que es un «derecho fundamental» de toda persona estar cerca de su familia.

Petición de cadena perpetua y llamado a la comunidad internacional

El abogado manifestó su sorpresa y preocupación por el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública esté solicitando «derechamente cadena de perpetuo para todos los acusados incluyendo el lonko Juan Pichún». Millaman enfatizó que Juan Pichun «es acusado respecto a un hecho, por un incendio (reiterado y por porte ilegal de arma, hechos que en lo específico no hubo ninguna persona lesionada, ninguna persona herida de ninguna forma y mucho menos fallecida, entonces no entiendo las motivaciones que tiene el representante del gobierno para solicitar una cadena perpetua.

Finalmente, el abogado envió un mensaje a la comunidad internacional. Subrayó que, en su opinión, las acusaciones contra su defendido son infundadas y que las pruebas son escasas, por lo que espera que los tribunales «concluyan en absolver a Juan Pichún».

Una Historia Familiar de Persecución

La historia de la familia Pichun es un testimonio elocuente de la represión estatal contra el pueblo mapuche, con raíces que se remontan al menos a la década de los años 90. En aquellos años, con el resurgimiento de las reivindicaciones territoriales y la reorganización de las comunidades, varios miembros de la familia Pichun comenzaron a enfrentar procesos judiciales, acusaciones de terrorismo y allanamientos. Estos hechos sentaron las bases de una política sistemática de criminalización que perdura hasta hoy.

Pascual Pichun, padre de Juan y reconocido Lonko, fue uno de los primeros en sentir el peso de la judicialización en la familia. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, enfrentó múltiples procesos judiciales y fue encarcelado en diversas ocasiones, acusado bajo la Ley Antiterrorista por su rol en la recuperación de tierras ancestrales. Su caso se convirtió en un símbolo de la represión al movimiento mapuche, atrayendo la atención de organismos internacionales que denunciaron las irregularidades de su detención y juicio.

El patrón de persecución se extendió a la siguiente generación, afectando directamente a los hermanos de Juan. Rafael Pichun, hermano del actual detenido, también ha sido víctima de judicialización y encarcelamiento en varias ocasiones, acusado de participar en acciones reivindicativas. Actualmente se encuentra preso en la Cárcel de Temuco. Es así como la familia Pichún ha sido objeto de persecución política, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó, en el año 2024, que el Estado Chileno violó los derechos humanos de la familia Pichun, entre otras comunidades mapuche.

Video sobre la historia de la familia Pichun