[resumen.cl] En un reciente comunicado de prensa la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) expuso algunas de las constataciones de las expertas y expertos del organismo que visitan Chile en el contexto del levantamiento popular acaecido en las últimas semanas.

Siete son las y los relatores que arribaron al país el 28 de octubre luego que recibieran denuncias de violaciones de la normativa internacional relativa al uso de la fuerza por parte de efectivos policiales y militares. Antes de su llegada, Sebastían Piñera también se sumó a la petición de una misión de observación en lo que se podría interpretar como un burdo intento de recoger aprobación por parte de la comitiva, más aun si se considera que quienes laboran en la propia institución destinada a promover y monitorear el respeto de los Derechos Humanos -el INDH– han sufrido ataques y, cuando no, se les ha obstaculizado en sus funciones por parte de agentes del Estado, como lo han denunciado hace días.

La comunicación expone que "La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad".

Y agrega: «Las y los expertos también están profundamente preocupados por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas antes de la detención; y por la información recibida sobre abusos perpetrados en contra de niños y niñas, malos tratos y golpes que podrían constituir tortura. También se han recibido informes de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes, incluyendo prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención. "Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección», dijeron los expertos.»

Sin mayores especificaciones, el comunicado afirma que «el Gobierno de Chile tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos». No obstante, no se hace referencia a las prácticas provocadoras de tales situaciones por parte de propios agentes del Estado, quienes sistemáticamente transgreden los propios protocolos de sus instituciones con el absoluto beneplácito de sus autoridades.

Según lo presupuestado, la comitiva permanecerá en territorio nacional hasta el 22 de noviembre.