El Estado financia con dineros de todos los chilenos y chilenas a El Mercurio y Copesa (La Tercera) mediante avisaje. Ambos grupos mediáticos comparten líneas editoriales afines y representan sólo a un sector de la sociedad, siendo una de las graves falencias democráticas del legado de los 30 años. El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad de repartir este avisaje hiperconcentrado para fomentar el derecho a la libre información que debe tener cualquier persona y así avanzar en la profundización democrática que el país requiere de manera tan urgente, como dejó de manifiesto el Estallido Social.

Por Alejandro Baeza

El pasado viernes 22 de abril se dio a conocer un informe del Consejo para la Transparencia que caracterizó el gasto en avisaje y publicidad del Estado en prensa durante 2019 y 2020, demostrando que cerca de 100 millones de dólares en este ítem están concentrados principalmente en los grupos empresariales de El Mercurio, Copesa, además de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Este reporte analizó los datos de la plataforma Mercado Público cruzados con la información disponible de la Dirección de Presupuestos, identificando aumentos en las contrataciones vía «Convenio Marco» y en menor cantidad vía trato directo.

En los casos de Convenios Marco, existe una brutal concentración en tres empresas, una de ellas «Empresa El Mercurio S.A.P.» que los anteriores dos años señalados recibió $4.242.810.765. No obstante, las otras dos, «Sociedad Periodística Araucanía» y «Empresa Periodística el Norte S.A.», también pertenecen a El Mercurio y recibieron $805.245.139 y $672.571.500 respectivamente.

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Desde el Consejo para la Transparencia, se dio cuenta de proveedores que se repiten entre las 10 empresas con mayores montos de adjudicación de licitaciones durante 2019 y 2020, estando la Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión y la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) en primer lugar con $613.137.284.

En otras palabras, el Estado utiliza dinero de todos los chilenos y chilenas para sostener, mediante avisaje, sólo una visión política e ideológica en los medios de comunicación. Lo que se traduce en una violación concreta al derecho de cualquier persona a acceder a la información y en un atentado a la democracia en uno de sus elementos más importantes: la libertad de prensa.

No quiero decir que en Chile no exista libertad de información, pero sí que el Estado viola la libertad prensa al favorecer con montos millonarios solamente a un pequeño grupo de empresas comunicacionales que comparten una misma visión política e ideológica y deja morir cualquier otro intento de prensa que se levante desde cualquier otra postura editorial.

Dictadura y postdictadura: El rol de la prensa en Chile

Hasta el 11 de septiembre de 1973, era posible encontrar tanto en los kioscos de Chile como en el espectro de radiofrecuencia, diarios, revistas y emisoras radiales que representaban a buena parte del mundo político chileno, desde la derecha, hasta los partidos de izquierda, pasando por la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica, sindicatos, gremios, etc. El rol de la prensa obrera que había empezado a finales del siglo XIX en las salitreras del norte y la cuenca del carbón al sur del Biobío, se había ganado un espacio dentro de la parrilla de opciones a la cualquier persona podía acceder.

No obstante, una de las primeras acciones de la dictadura luego del golpe de Estado fue cerrar inmediatamente a todos los medios de comunicación que no fueran partidarios de su régimen. Toda la prensa escrita, radio y televisión fue copada de personajes afines al terrorismo de Estado y se dedicaron a minimizar, ocultar y en muchos casos justificar, los crímenes de lesa humanidad cometidos para instaurar el actual sistema económico.

La prensa opositora se volvió clandestina y en una primera etapa sirvió como espacio para comunicar e intentar visibilizar a la resistencia. En la década de los 80′, algunos iniciativas como Apsis, Análisis, Fortín Mapocho y otros, hicieron esfuerzos encomiables de trabajo periodístico con todas las condiciones en contra para mostrar la realidad ocultada por régimen, lo que se tradujo con en muchos casos en persecución y muerte para sus periodistas.

Por su parte, Pinochet imponía su verdad en la prensa a través de El Mercurio y La Tercera principalmente, sostenidos con el avisaje estatal. Con el retorno a la democracia, los gobiernos postdictatoriales mantuvieron prácticamente intacta la estructura de financiamiento de ambos grupos.

La denominada «doctrina Tironi» (que en estricto rigor debería llamarse «doctrina Tironi-Correa-Boeninger») que caracterizó a la Concertación, propuso al nuevo orden civil, inhibir el rol del Estado en el fomento a la democratización de la información y dejar que la prensa se regulara por la sacrosanta autorregulación del mercado. No obstante, eso no fue tal, pues el Estado se dedicó sostenidamente a mantener a El Mercurio y Copesa (La Tercera) con dineros públicos.

Asimismo, la creación de la «Oficina» tendría entre otros objetivos, socavar la existencia de publicaciones que lucharon por el retorno de la democracia. En una entrevista de 2007 en El Ciudadano, el premio nacional de periodismo, Juan Pablo Cárdenas, comentó que «cuando vino la transición, estos medios de comunicación aspiraron a tener publicidad y, por supuesto, las agencias de las grandes empresas no nos apoyaron. No ponían avisos, pese a los altos índices de circulación que teníamos. Pensamos tener publicidad estatal y tampoco la tuvimos. Aylwin respetó los convenios que Pinochet había dejado amarrados con El Mercurio y La Tercera. Pero lo más escandaloso fue que ofertas de países amigos, como la del gobierno holandés para que nos afianzáramos, fueron boicoteadas por el primer gobierno democrático. Éste le hizo ver a los holandeses que la ayuda sería vista como una injerencia en los asuntos internos de Chile y nos bloquearon esta ayuda fundamental».

Una comisión investigadora sobre el avisaje estatal en medios de comunicación, que presidió el entonces diputado Marco Enriquez-Ominami en la cámara el año 2005 llegó a la conclusión que no existían «cifras públicas sobre la inversión del Estado en publicidad como tampoco hay información disponible sobre la inversión en radios ni sobre los medios regionales».

Por su parte, una investigación del Observatorio de Medios Fucatel de 2014 estudió la inversión del Estado ministerio por ministerio a través de Convenios Marco de avisajes estatal, concluyendo que había una «excesiva concentración de recursos provenientes de algunos ministerios (Hacienda, Mideplan, Ministerio Público y Justicia) en ‘El Mercurio’ (sobre 70 %), lo que no tiene relación con las ventas ni con el número de lectores de este medio. ‘El Mercurio’ también recibe casi el 90 % de los recursos de Tesorería y cerca del 50% del avisaje de empresas estatales como Corfo, Conaf y Fonasa, a pesar que el público de esta institución de salud corresponde a los estratos socioeconómicos medio-bajos, que no se ajusta al perfil de los lectores de dicho diario, según sus propias metas declaradas.»

El informe también dio cuenta de que «la selectividad arbitraria en el avisaje del Estado ha sido, entre otras, la causa de que numerosos medios independientes se han visto obligados a cerrar por falta de apoyo publicitario. Debido a ello el pluralismo se ha ido debilitando a un extremo que se ha hecho muy peligroso para el desarrollo del propio sistema democrático».

El Mercurio, al actuar como monopolio en muchas regiones y provincias con sus ediciones impresas, resulta ser el único beneficiado para este tipo de publicaciones que por Ley se requieren hacer en publicación de carácter «diario», bajo el arcaico y cada vez más en retirada, modelo de el papel.

La privatización absoluta de la prensa vivió quizás uno de sus momentos más vergonzosos con el cierre durante el primer gobierno de Sebastián Piñera del diario estatal La Nación, sin ningún otro argumento más que la sobreideologización campante del neoliberalismo y privar al Estado de cualquier forma de comunicación que no sea a través de los grandes grupos económicos que controlan la prensa.

«El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile», afirmaba una demanda presentada por Manuel Cabieses, periodista y entonces director de la desaparecida revista Punto Fina ante el Tribunal de Libre Competencia en 2009 contra El Estado, por este tener una política preferente en su avisaje hacia El Mercurio y Copesa, acción que fue desestimada por el organismo.

Una oportunidad de oro para le gobierno de Boric: Democratizar el avisaje del Estado y aumentar la pluralidad de la información

Si bien el derecho al acceso libre a la información no formó parte de la campaña de la actual coalición en La Moneda (como sí proponía Jadue en su «ley de medios»), es un elemento importantísimo en la ampliación de derechos a la población y un asunto clave en la profundización democrática del nuevo Chile.

La prensa y sus 30 años de duopolio fueron parte central de las masivas protestas populares durante el Estallido Social. Seguir negando una distribución equitativa del avisaje del Estado en los medios de comunicación sería un error histórico de continuismo con las políticas de la Concertación.

El dinero de todos los chilenos y chilenas no puede seguir concentrándose en tan pocas empresas informativas que comparten un mismo interés ideológico y líneas editoriales prácticamente iguales. Por ello es que el gobierno de Boric tiene una oportunidad de oro para corregir este error y repartir de manera equitativa a medios que pueden ampliar la mirada en el debate público hacia un espectro mucho más plural y así, suplir la falta de democracia en este ámbito y acabar con uno de los legados ideológicos más importantes del pinochetismo y la Concertación.