Por Facundo Valderrama

A comienzos de esta semana algunos diputados de oposición dejaron entrever la idea de «evaluar seriamente» una acusación constitucional tanto para el presidente en funciones, Sebastián Piñera, como su ministro de Salud, Enrique Paris, a causa del desastre sanitario en que nos tienen sometidos.

Una acusación constitucional contra un presidente requiere aunar voluntades de un grupo importante de congresistas, tarea que se ve bastante compleja. Lo que sería una simple moción de censura en un país parlamentario -que en el mundo son muy habituales- en nuestro rígido y decimonónico sistema hiperpresidencialista y centralizado se presenta como prácticamente el fin de la república, sinónimo de caos y desgobierno.

¿No es acaso precisamente el caos y el desgobierno lo que estamos padeciendo en este momento? La cifra de 31 303 muertes totales según el último Informe Epidemiológico es brutal, un número que cuesta dimensionar. 100 veces más personas muertas que el fatídico terremoto del 27F, por ejemplo.

Y sí, la culpa es del Gobierno. Pese a las pataletas de Paris, la desesperación de Beollolio y la inmensa campaña mediática para intentar dar vuelta esta sensación, la idea está instalada. Por eso intentan infructuosamente culpar a la gente por un par de fiestas clandestinas y alguna conducta irresponsable como la causa del desastre, no obstante, en general el pueblo chileno ha sido responsable en cuanto está a su alcance, usando mascarillas en las calles y realizando medidas de aseo, aunque es poco lo que puede hacer si se le obliga a seguir trabajando en estas condiciones, sin una Renta Básica Universal que permita quedarse en casa y hacer cuarentanas efectivas.

Chile es usado de ejemplo en mundo como un país con una alta tasa de vacunación y sus pésimos resultados en el control de la pandemia, viviendo paralelamente las exitosas cifras de inoculación y el peor momento en más de un año de pandemia. Al buscar explicaciones a esta paradoja todo apunta a un nombre: Sebastián Piñera.

Mantener a Piñera en La Moneda es un riesgo para la salud de la población y así se ha esmerado por demostrarlo constantemente durante este año de pandemia. Demasiados teclados se han desgastado este año señalando que pone los intereses del empresariado por sobre la vida de la población así que no profundizaré en ese punto, además que la población lo sabe mejor nadie, sólo puntualizaría en que recién esta semana tomó medidas sugeridas desde marzo de 2020 por los grupos de expertos, como el cierre de fronteras, hoteles transitorios y reducción de los comercios que pueden funcionar, normativas que de haberse aplicado a tiempo hubiesen significado la posibilidad de contar con una trazabilidad que en estos momentos resulta imposible de conseguir y cuya necesidad es vital.

Hace unos días la presidenta del Colmed, Izkia Siches, señaló en una muy comentada entrevista un tema que resulta central: No ha habido ningún cambio respecto a la gestión de Mañalich en relación a la de Paris en el Minsal, indicando que las decisiones no se toman en base a criterios epidemiológicos sino que cualquier otra índole, apuntando directamente a Piñera como la persona que tiene la palabra final. Por eso los ministros son irrelevantes, son simples ejecutores de un gobierno sobreideologizado que debe tener un pronto final para el bien de Chile.

Estamos cumpliendo un año desde la criminal estrategia de apostar por la inmunidad de rebaño, cuando Mañalich señaló por los medios de comunicación que su idea era que todos nos contagiáramos, pero de manera lenta, a un par de meses de su mundialmente famosa esperanza que las mutaciones del virus lo transformaran en buena persona. Asimismo, en un par de meses cumpliremos el aniversario de la negativa a entregar los correos del Minsal para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público respecto a las estrategias del Gobierno.

Así también, el pasado 25 de marzo se cumplió exactamente un año desde que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunciara por primera vez su intención para el retorno a clases presenciales para el 27 de abril (de 2020). Esta fecha nunca llegó a concretarse por el rechazo tanto de las comunidades educativas, médicas y de la sociedad en su conjunto, sin embargo, esto no impidió que durante todo un año estuviera insistiendo en esta idea, proponiendo distintas fechas, todas desestimadas, ganándose el mote de «mono porfiado» por parte de la población en alusión al juguete infantil. Negarse a obedecer al ministro de Educación salvó miles de vidas y eso es algo de lo que el pueblo chileno debe sentirse orgulloso, a pesar de lo complejo que ha sido este año, desobedecer a una autoridad que te está llevando a la muerte es un deber, una de las tantas aristas positivas de haber pasado por el Estallido Social antes de la llegada de la pandemia.

Continuar con la lista sería interminable, desde las «leves mejorías», hasta los permisos de vacaciones, el intendente Guevara diciendo que no hay estudios que apunten al transporte público como foco de contagio, el apostar a la vacunación como única forma de prevención y su criminal comunicación de riesgo, entre un trágico etcétera, todas concomitantes a la estrategia general de Piñera.

Estamos gobernados por fanáticos neoliberales, que creen estar haciendo lo máximo posible, y ése es precisamente el problema. Necesitamos salir pronto de esta crisis.

Tenemos que evitar más muertes, y ésa debe ser la prioridad número uno. Requerimos seguir avanzando en el proceso de vacunación, sí, y ojalá de la manera más rápida y ordenada posible, pero a la vez tenemos que apuntar a un confinamiento efectivo que disminuya la circulación viral, y para esto una Renta Básica Universal y suficiente es urgente, medida que en todo un año no ha estado en los planes de este gobierno que tiene al pueblo totalmente arrojado a su suerte (salvo por un par de bonos hiperfocalizados), pueblo que ha tenido que recurrir a sus propios ahorros previsionales para sortear la crisis y aun así las autoridades han hecho cuando han podido para impedirlo.

En este sentido, para evitar, por ejemplo, un transporte público lleno de gente yendo a trabajar, deben tener la seguridad que quedándose en casa podrán sostener la vida mientras dure la cuarentena que, por cierto, será más corta si se hace realmente efectiva, pues las cuarentenas han perdido efectividad al extenderse indefinidamente, produciendo a la vez un tremendo desgaste psicológico. Así, una Renta Básica Universal, vale decir para todo el mundo, sin postular, y suficiente, con un monto no inferior a $450 mil pesos, la cifra que el mismo Estado de Chile define como la línea de la pobreza (para una familia de cuatro personas).

Es prácticamente imposible que un gobierno sobreideologizado como éste que le es imposible comprender el mundo fuera de las anteojeras del neoliberalismo pueda tomar medidas así, pues no es capaz de pensar fuera de su caja de herramientas dogmática de un paradigma que el pueblo chileno derrotó el 18 de octubre de 2019.

Este gobierno debe terminar cuanto antes, no es una cuestión solamente política sino de supervivencia sanitaria y a través de esta columna interpelo directamente a todas las bancadas de oposición a que por favor actúen como tal y nos salven la vida.

Sé que ese peso del republicanismo portaliano presidencialista es difícil de romper, y si ya no lo hicieron por las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, deben considerar las muertes que no dejan de crecer, si no quieren ser juzgados por la historia como cómplices del desastre sanitario que está cobrando cada vez con más fuerzas tintes humanitarios.

La acusación constitucional es de una urgencia vital. Evitemos sigan muriendo compatriotas. Salvemos a Chile de este lastre.