Víctor Parra Villalobos / resumen.cl

El 21 de mayo de 2016 en la ciudad de Valparaíso y en medio de una protesta social, fue incendiada una farmacia que posteriormente alcanzó un edificio municipal. En este último inmueble perdió la vida el trabajador Eduardo Lara de 71 años, por una intoxicación aguda de monóxido de carbono.

Incendio edificio municipal. Foto: Radio Universidad de Chile.

Tanto la provocación del incendio como la muerte del trabajador generó conmoción y repudio en la población, mientras que medios de comunicación denunciaron distintas situaciones relacionadas a la muerte de Lara, tales como, descoordinaciones que habrían retrasado su rescate, así como el hecho de que, aunque se encontraba empleado como Auxiliar de Aseo, estaba realizando labores como guardia de seguridad del inmueble el día de su muerte.

Eduardo Lara el trabajador municipal fallecido en el incendio el 21 de Mayo de 2016

Radio Valentín Letelier reportó que la "la Inspección del Trabajo hizo un seguimiento a las condiciones laborales de Lara y cursó ocho multas a la Corporación Municipal (...) Esto porque no tenía contrato laboral escrito, llevaba 20 días sin descanso, y no tenía ni siquiera media hora de colación, entre otras irregularidades". Además de Eduardo Lara, pocos días después, falleció el bombero Francisco Puyol quien, según el Servicio Médico Legal, murió debido a que «tenía líquido y trombos en los pulmones, producto de la inhalación de gases tóxicos». Además su viuda declaró que «pasaron zorrillos que lanzaron gases tóxicos y al lado de su carro tiraron una bomba lacrimógena, todo lo que fue inhalado por mi marido y otro bombero».

Funeral Eduardo Lara. Foto: Radio Valentin Letelier

Posterior a los sucesos comenzó un juicio por la muerte de Eduardo Lara, acción que inculpó a 6 personas con condenas de 10 a 15 años de cárcel. En agosto de 2016 fueron detenidas 5 de estas personas. Las ciudades en donde se realizaron las detenciones fueron Coquimbo, Ovalle y Valparaíso, en un amplio procedimiento que fue registrado por Canal 13, en coordinación con la policía. Tras las detenciones, organizaciones sociales y populares en donde se desenvolvían estas personas denunciaron que la detención "se llevó a cabo en un violento operativo, que vulneró sus Derechos Humanos y los de su familia". Estas 5 personas fueron formalizadas y quedaron en libertad a la espera del desarrollo del proceso investigativo y la sentencia. Durante este proceso de investigación la fiscalía apuntó a un sexto involucrado con pruebas entre las que se encontraban fotos del acusado en denominados talleres y charlas sobre problemáticas socio-ambientales dos meses antes del incendio.

Se fue desarrollando así el proceso judicial que el pasado 7 de Julio de 2018 dejó condenados con las siguientes penas a 6 personas: Miguel Varela, 3 años y un día por porte de bomba molotov y 12 años y un día como autor de incendio con resultado de muerte; Felipe Ríos, 12 años y un día como autor de incendio con resultado de muerte y Constanza Gutiérrez, Hugo Barraza, Rodrigo Araya y Nicolás Bayer a 10 años y un día como co-autores de incendio con resultado de muerte. Ninguno de las y los acusados estuvo entre los detenidos que se registraron ese 21 de mayo de 2016.

Estas fotos se vincularon al caso sin ser parte de la investigación, sino antecedentes recabados por organismos de inteligencia del Estado y son anteriores al incendio. Foto: Documental 21 M Derribando un Montaje

Radio Universidad de Chile emitió un reportaje titulado "El camino secreto de Fiscalía para lograr condena en el caso Lara", en el cual hacen un seguimiento de la serie de irregularidades del caso. Entre las que incluyen los vacíos legales del proceso, la investigación en base a fotografías de algunos de los acusados asistiendo a actividades sobre conflictos socioambientales y datos obtenidos por Facebook. El reportaje muestra un documento entregado por la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL) de la Policía de Investigaciones (PDI) titulado Informe secreto N°76, el cual fue clave para inculpar a los acusados y que contenía información suministrada por aparatos de inteligencia nacional. Ese informe contenía, en su mayoría, imágenes de las protestas del 21 de mayo de 2016 en que muestran a un grupo de encapuchados intentando ingresar a una sucursal de la tienda Entel, ubicada en avenida Pedro Montt con calle Manuel Rodríguez. Según los entes persecutores de entre las personas identificadas en estas imágenes se encontraba Hugo Barraza y Nicolás Bayer. El informe agrega, según el reportaje, "fotografías de una actividad titulada "Jornada Contra la Devastación del Territorio", realizada el 10 de marzo del mismo año en Valparaíso, y que la JIPOL había tildado de "anarco-insurreccionalista". También se indicaba que en las imágenes captadas durante ese día era posible apreciar una "elevada similitud" con los rostros obtenidos durante la vigilancia del 21 de mayo. Es decir, el documento exhibía imágenes de dos días distintos. Junto con el informe secreto se entregaron los otros nombres de los y la condenada a través de la utilización de un programa llamado Analyst's Notebook y cuentas de Facebook, todo mediante un proceso indeterminado que los investigadores llamaron "minería de datos". El mismo medio liberó uno de los videos de policías infiltrados que fue parte del proceso de investigación, pero que finalmente no fue utilizado por los persecutores.

Fotos entregadas por inteligencia tomadas antes del incendio en donde acusados participan en actividades socioambientales. Foto: Documental 21 M Derribando un Montaje

Desde un comunicado emitido después de la condena, por cercanos y familiares de las personas condenadas, se indicó que "esto es un montaje. Ya que en primera instancia la investigación, en lo que la policía llama "la minería de datos" o sea la investigación en el lugar de los hechos, no arrojó ningún dato que vinculara a nuestros compañeros y compañeras con este hecho, NO existían pruebas contundentes: solo imágenes inconexas, borrosas; en resumen, el trabajo de campo no contiene ninguna mínima prueba, que los vincule a este trágico suceso. Ante la falta de resultados, se aplican los mismos métodos estratégicos por parte del estado para atacar a todo aquel que lo cuestiones". En el comunicado también afirman que las actividades en que se involucraron los acusados guardaban relación con la critica a los planes TPP e IIRSA, así como al modelo extractivista de recursos naturales.

Por su parte, Nicolás Bayer, uno de los declarados culpables, afirmó en un comunicado fechado el cinco de julio que "resulta evidente nuestra persecución, todo un montaje. Y todo debido a que algunos participábamos en foros medioambientales, para aprender, informarse e informar sobre los males empresariales que atacan y devastan el planeta... Instancias informativas sobre aquellos temas fueron escenarios de seguimiento, afirmando que todxs éramos parte de un grupo organizado, siendo que muchxs de nosotrxs ni siquiera nos conociamos. En base a esto y al rastreo de Facebook es que la fiscalía plantea su "sustancial y profesional" teoría utilizada como base durante el Juicio Oral"

En julio de 2018 se declararon culpables a las 6 personas por parte del Tribunal Oral en lo penal de Valparaíso, sin embargo, 5 personas no se presentaron a la lectura de sentencia, por lo que se emitió una orden de arresto que se mantiene hasta ahora. Según indicó Radio Valentín Letelier, en agosto de 2018 el tribunal constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad en favor de tres condenados en el caso de incendio del 21 de mayo, "luego que la Defensoría Penal Pública de Valparaíso, con las representaciones de los condenados Nicolás Bayer Monnard, Hugo Barraza Araya y Felipe Ríos Henríquez, ingresaran un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el órgano judicial". El principal argumento de este requerimiento es la utilización sin autorización legal, por parte del Fiscal, de datos suministrados por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Marcha del 21 de mayo de 2016 en Valparaiso. Imagen: Documental 21 M Derribando un Montaje

Tanto las personas condenadas como sus cercanos y cercanas han sostenido que no tienen relación con el siniestro y la muerte del trabajador Eduardo Lara, y han argumentado que esta persecución se explica por su participación en instancias de defensa ambiental. Además de lamentar la muerte del trabajador, han apuntado a la responsabilidad del Estado de Chile y las autoridades por mantener en servicio a un trabajador municipal de más de 70 años, quien debería estar disfrutando de un descanso luego de una vida laboral, no tuvo medidas mínimas de seguridad o apoyo al momento del siniestro.