El lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio ha marcado la agenda durante los últimos días. En este contexto, previo a su publicación, seis investigadoras y científicas dieron a conocer al menos siete puntos que debieran considerarse a largo plazo por parte de las políticas de Estado sobre salares y litio.
Por J. Arroyo Olea
Diversas voces se han hecho escuchar luego que el Gobierno anunciara la noche del jueves la Estrategia Nacional del Litio, hoja de ruta y delimitaciones que pretenden que sean el marco sobre el cual se desarrollará la exploración y explotación del mineral durante los próximos años, fortaleciendo el ya conocido vínculo público-privado que se institucionalizó durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.
En este caso, se han acusado fisuras en la estrategia planteada por el presidente Gabriel Boric, las cuales van desde la continuidad que se le da a la explotación por parte de los grupos económicos a los frágiles ecosistemas de los salares, la apertura de hasta un 70% de salares para explotar, el intento de levantar una empresa nacional vinculada necesariamente al mundo privado y la nula participación de las comunidades en la construcción de la Estrategia Nacional, acotando y limitando sus voces a lo que dicte el Gobierno.
En este contexto, el mismo día -pero horas antes- en que se anunció por cadena nacional la política de Estado, se publicó una columna por parte de la agrupación Halófilos referida a la materia. El texto es firmado por Cristina Dorador, Verónica Molina, Olga Barbosa, Gladys Hayashida, Karina Díaz y Valeska Molina, y alerta que «la promesa de que el litio nos abrirá las puertas a una economía que frene la crisis climática se enfrenta a la dura realidad de que la explotación del litio genera graves consecuencias para los ecosistemas de donde se extrae este mineral en Sudamérica».
Así, las científicas apuntan a que la discusión respecto al litio se ha abordado desde una mirada cortoplacista, ausentándose elementos esenciales como una participación efectiva de comunidades locales -enfatizando en las de pueblos originarios en el marco del Convenio 169 de la OIT-, además de una mirada estratégica que «se pregunte qué pasará cuando pase la fiebre del litio y solo nos quedemos con salares destruidos, una empobrecida diversidad biológica, más gases de efecto invernadero y menos fuentes de agua en el desierto más árido del mundo».
Entre los puntos tratados, Halófilos enfatizó en la necesidad de una protección real de los salares, planteando que «resulta incomprensible que la legislación actual permita sin muchos inconvenientes la explotación minera al interior de parques nacionales. Incluso si estas llegaran a prohibirse, las faenas mineras alrededor de sitios protegidos también pueden generar graves impactos en sus ecosistemas (por filtración o derrame de elementos tóxicos, por destrucción de fuentes de agua, etc.)».
Por otra parte, se ha exigido transparentar la cadena de producción del litio en todo el entramado que conlleva para generar «conciencia del real costo ambiental de obtener minerales», sumado a la necesidad de protección de las fuentes de aguas naturales del desierto de Atacama.
Asimismo, la agrupación de científicas es clara en que no solo se deben crear zonas de protección especial, sino que «los salares menos intervenidos en la actualidad (especialmente los altiplánicos) deben ser protegidos a la brevedad y debe frenarse cualquier intento de explotación industrial en ellos». En este sentido, señalan que «la protección de los salares es un deber intergeneracional que no puede ser supeditado al beneficio cortoplacista de la venta de un mineral con un futuro incierto».