Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén apunta al Estado y Conaf por destrucción de archivos de sitio de memoria

A las autoridades ancestrales del pueblo mapuche, autoridades del Estado de Chile, y al pueblo en general:

Nos dirigimos a ustedes como Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén, organización que representa a familiares de los 18 trabajadores agrarios y forestales ejecutados luego del golpe de Estado en 1973 en la Reserva Nacional Malleco y en los fundos El Morro, el Carmen y Maitenes y Pemehue.

El día 26 de septiembre de 2021, la Reserva Nacional Malleco y el Sitio de Memoria fueron tomados por la Alianza Territorial Mapuche, en una acción de control territorial, quienes hicieron uso permanente de la Casa de Administración de CONAF que es parte del Monumento Nacional y Sitio de Memoria, Sitio Histórico Matanza de Mulchén: Fundo Carmen y Maitenes (Decreto Nº 186, 2017). Este espacio, que actualmente se proyecta como un museo, fue usado como centro de detención y tortura en octubre de 1973, y actualmente albergaba el archivo  documental que como Agrupación hemos rescatado de forma autogestionada. Este acervo consistía en aproximadamente 27 cajas de documentación, además de bitácoras, y documentación particular y pública, que es de la mayor importancia para recuperar nuestra memoria territorial, así como eventual prueba en causas judiciales.

Como Agrupación reconocemos que el conflicto mapuche es una causa que nos antecede, y hemos expresado en todo momento nuestra total disposición hacia el diálogo y la no violencia. En ese contexto, hemos emplazado a CONAF y al Estado de Chile al respeto constante de los derechos humanos, condenando el recientemente declarado Estado de Sitio y la militarización del Wallmapu.

Por nuestro compromiso con la búsqueda de justicia, reparación y memoria, hicimos presente a la Alianza Territorial Mapuche nuestra preocupación sobre la importancia del resguardo de los archivos del Sitio de Memoria. A su vez, demandamos a CONAF la solución de este conflicto de forma pacífica, haciendo presente su responsabilidad respecto de no establecer las condiciones adecuadas para que dichos documentos hayan sido conservados y protegidos adecuadamente de acuerdo con el Decreto Nº Ley 5.200.

El día 13 de octubre, funcionarios de CONAF nos avisaron que la Alianza Territorial Mapuche hizo abandono de la Reserva, y que el Sitio de Memoria y los archivos se encontraban en buenas condiciones. Sin embargo, al día siguiente, jueves 14 de octubre, funcionarios de CONAF visitaron el sitio durante la mañana, y en la tarde se nos informó que el archivo desapareció completamente, no quedando nada de toda la historia y testimonios que con tanta dedicación habíamos resguardado. El día viernes 15 de octubre visitamos el sitio en compañía de la comunidad mapuche Rodrigo Melinao Likan y comunidad mapuche Motrulo Che, que de forma previa se encuentran haciendo control territorial en la Reserva, pero respetando el sitio histórico, y de funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales, y pudimos constatar que efectivamente el archivo había desaparecido. También constatamos la desproporcionada presencia policial en el lugar, y el control que sufrimos por parte de los funcionarios de Carabineros presentes en la zona.

A través de la presente declaración queremos hacer público estos antecedentes, para que el pueblo mapuche y la sociedad civil puedan comprender la gravedad de los hechos que ahí se desarrollaron, y el daño irreparable que  significa que estos documentos hayan desaparecido.

Además, queremos manifestar que:

1. Emplazamos al Gobierno de Chile, y a las autoridades de CONAF, por no haber tomado las medidas correspondientes para recuperar los archivos a tiempo y no haber sentado las bases para una solución adecuada respecto de la situación del Sitio de Memoria y las demandas territoriales del pueblo Mapuche.

2. Responsabilizamos al Estado de Chile y a las autoridades de CONAF por el total estado de abandono en que se encuentra el Sitio de Memoria Matanza de Mulchén, y que se refleja en la pérdida definitiva del archivo y su legado. Lo que hemos vivido es parte de un diagnóstico más amplio sobre el persistente actuar negligente del Estado de Chile para con los sitios de memoria, y en particular del Gobierno de Sebastián Piñera y su política negacionista.

3. Denunciamos el actuar de CONAF por no haber resguardado correctamente la información que se encontraba presente en el sitio, y haber incumplido sus obligaciones para con el Decreto Ley 5.200 y su deber de protección de la información y documentación pública. Creemos que esto es parte de una cultura e historia institucional que ha desconocido responsabilidad en los hechos de violencia que ocurrieron en octubre de 1973 y que terminaron con nuestros familiares muertos y nuestras familias desplazadas y violentadas. Este actuar también desconoce el Decreto Ley 19.123 que garantiza la reparación del daño moral a las víctimas de violación de los Derechos Humanos.

4. Solicitamos a la Alianza Territorial Mapuche su colaboración en la entrega de información que ayude a esclarecer los hechos sobre la desaparición de los archivos que se encontraban en la Casa de Administración.

5. Solicitamos a la fiscalía y a los Tribunales de Justicia su mayor compromiso con la investigación de los hechos que hemos denunciado, porque no podemos seguir tolerando que en este país nos gobierne la impunidad y el silencio ante las violaciones a los Derechos Humanos.

6. Reiteramos nuestro compromiso por la búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Abrazamos la unión y potencia de todas las luchas que denuncian la opresión del Estado de Chile, y su responsabilidad en la violación sistemática de los Derechos Humanos contra nuestros pueblos.

Esperamos continuar con el trabajo de la Mesa Interinstitucional que hemos establecido junto a CONAF, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Dirección Regional del Servicio de Patrimonio, que tiene por objetivo desarrollar y preservar el Sitio de Memoria, así como también avanzar hacia la construcción de un plan de gestión que garantice el derecho a la participación activa de nuestra Agrupación y de la sociedad civil en el manejo de dicho sitio.

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