La «Red Profesional de Sociólogo/as de Chile» hizo público un comunicado cuestionado el rol que han cumplido las empresas de encuestas para este plebiscito de salida, apuntando a las carencias metodológicas que apuntarían a representar una realidad sesgada para intentar posicionar una opción y llamar a crear una ley que regule la materia.
Por Alejandro Baeza
La agrupación ya se había pronunciado para la segunda vuelta presidencial cuestionando el rol que estaban teniendo las encuestas para entonces, donde recordemos daban en su gran mayoría por triunfador a Kast o auguraban un resultado estrecho, cosa que no ocurrió, sino que el triunfo de Boric fue arrollador.
Si embargo, dada la situación actual del contexto del camino al plebiscito y el mar de empresas encuestas sin certificación metodológica que respalda el tipo de investigación y resultado que pretenden encontrar, o que incluso llegan a publicarse de manera semanal, es que la Red Profesional de Sociólogo/as de Chile decidió volver a hacer pública exactamente las mismas críticas, pues para la prensa hegemónica nada ha cambiado y las siguen utilizando como fuente.
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«Desde hace mucho tiempo que la comunidad sociológica nacional observa la corrupción en el mercado de las encuestas sociales sin poder pronunciarse al respecto» señalan en su comunicado la agrupación de la carrera profesional que se especializa en este tipo de investigaciones, apuntando también que debe existir una regulación legal en la materia.
«Rechazamos categóricamente la postura de "autorregulación" que propone la AIM (Asociación de Investigación de Mercado) como solución, y creemos que es absolutamente necesario una legislación que regule este mercado, lleno de falencias que afectan al país y a sus instituciones. Nos parece irresponsable dejarse confiar en la mano invisible del mercado, puesto que hemos visto los últimos años la falta de probidad de empresas prueban que el mercado está lejos de autorregularse. Necesitamos , al igual que otras profesiones que necesitan ser reguladas, una forma de normativa que permita la sanción y persecución de quienes vulneren ciertas reglas mínimas» indican.
En este sentido, apuntan que las encuestas de intención de voto y de opinión pública deben ser supervisadas por un sociólogo, socióloga o persona con postítulo en sociología que firme y se haga responsable profesionalmente de los datos expuestos. El sesgo podría producirse, según la agrupación, por la falta de formación de algunas carreras profesionales en el área «La falta de conocimiento del diseño de métodos cuantitativos a la hora de diseñar un cuestionario, puede llevar a serios problemas en tanto puedan ser ‘mal interpretadas’ o incorrectamente entendidas, lo que puede llevar a una alta tasa de casos en donde las personas de una muestra determinada no contesten exitosamente. Ahora bien, del mismo modo se puede diagnosticar que la falta de personal profesional cualificado para revisar el trabajo de campo y los cuestionarios, llevan poco a poco a la sumatoria final de errores inmanejables».
Finalmente, la agrupación de profesionales indicó la necesidad que legislar y regular la realización de encuestas con el fin de no dejar al arbitrio del mercado un asunto que se está volviendo cada vez más esencial para la democracia. «Creemos que es necesario que se transparenten los métodos y las bases de datos obtenidas, disponiendo de ellas públicamente para pueda existir una auditoría de la metodología utilizada en los estudios» concluyen.