Cristalina, trasparente, inodora, insípida y refrescante. Inocente  y pura. Fuente de vida, elemento vital.  Compone nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos de este planeta en elevados porcentajes. El cuerpo humano no tolera su ausencia y se desencadena la muerte frente a la prolongada privación.  El agua, como sabemos, es un recurso imprescindible para la supervivencia humana. Podríamos dejar de pagar nuestras cuentas y vivir sin luz, sin gas, incluso sin comida, pero no sin agua.

Todos los días, en nuestra rutina más elemental, nuestras actividades contemplan el uso del agua. Tomar una ducha, lavarse los dientes y  preparar una taza de café. Cocinar alimentos, lavar la ropa, regar, hidratarnos. Con un simple movimiento, abrimos una llave y el agua se hace presente. Pocos se cuestionan cuáles son los procesos detrás  de este servicio y menos son los que se preguntan qué se esconde detrás de la inocente trasparencia de un vaso de agua.

Hace algunos días, en el sector  de Valle Grande en Lampa, se disparó  una alarma cuando los vecinos  se enteraron,  de forma casual, que el agua potable que consumen a diario contiene arsénico en niveles elevados por sobre la norma.  La preocupación y la molestia reinó entre los habitantes y la denuncia se hizo pública. Con el tema en los medios, a la luz de las miradas, las reacciones no tardaron en llegar. Declaraciones por un lado y por otro, gritos de protesta y llamados a la calma de parte de la autoridad.

Ahora bien, Lampa no es el único sitio de nuestro país que tiene problemas con el servicio de  agua potable. Es el que más recientemente ha resaltado, gracias a la acción de sus vecinos, pero existen muchos más.  En el mismo informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios  que revela  el problema de Valle Grande, se descubren otras localidades que presentan niveles por sobre lo permitido de diversas sustancias contaminantes y perjudiciales para la salud.

En total, suman 28 sectores donde la calidad del agua potable ha sido evaluada  con un categórico "no cumple".  El agua que se bebe en estos lugares tiene presencia elevada de elementos tales como nitratos, sulfatos, fluoruro, manganeso, arsénico, hierro y coliformes.  La presencia de estas sustancias acarrea inconvenientes que van desde lo más tenue, como el mal sabor y olor o la turbiedad, a problemas serios de salud.  Desde una diarrea causada por los sulfatos a una metahemoglobinemia (enfermedad producto de inhibir el transporte de oxígeno en la sangre) fruto del consumo de nitratos, hasta un aumento en las probabilidades de generar cáncer y abortos por la presencia elevada de arsénico.

La empresa Novaguas, responsable del  suminuiestro en Lampa, ha sido incitada a tomar las medidas pertinentes para remediar esta situación dentro de los próximos meses. Aun así, las respuestas no complacen del todo a la población y se estudian acciones legales.   Pero, yo me pregunto,  ¿qué hay de aquellos lugares donde las voces no se han organizado y las empresas siguen operando bajo las mismas condiciones? ¿Es necesario que la ciudadanía tenga que salir a las calles para que se les asegure la inocuidad de tan vital elemento? ¿Se puede confiar en el rol fiscalizador de la  Superintendencia de Servicios Sanitarios? Y, aún más, ¿podemos fiarnos de la normativa aplicada en Chile?

Lo cierto es que existen diversos parámetros para determinar  los niveles aceptables o no de ciertas sustancias presentes en el agua a nivel  mundial.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el referente en Chile a la hora de establecer los límites permitidos a las empresas abastecedoras de agua potable. Pero en ningún caso es el referente más estricto. Como ejemplo, podemos destacar el caso de las concentraciones de nitratos, donde la OMS fija un límite de 50 mg/l, mientras que la  Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Norteamérica (EPA) sitúa este límite en 10 mg/l de nitrato.

Como en muchas situaciones, nuestro país cuenta con parámetros que suelen ser más flexibles a la hora de establecer restricciones que puedan contrariar u obstruir el funcionamiento de las empresas, aun cuando esto vaya en perjuicio de la salud de los ciudadanos o del medio ambiente. Esto se da en el caso de los aditivos para alimentos, medicamentos, pesticidas y en otras áreas que se vinculan con el bienestar de las personas.

Es cierto que muchas sustancias que consumimos pueden ser perjudiciales para la salud, que dependiendo de las cantidades todo puede ser tóxico. Quien consuma aspirinas o azúcar refinada indiscriminadamente puede enfermar por ello. Pero distinto es cuando el consumo no es optativo y la población se ve obligada a consumir sustancias sin tener una opción disponible a la mano. Claro, las familias más acomodadas podrán instalar su propio filtro o beber agua embotellada, pero el común de los chilenos no.

Ahora, una cosa es no filtrar lo suficiente el agua para asegurar el cumplimiento de los estándares y su inocuidad, y otra, es adicionar optativamente sustancias al agua. Es esto último lo que ocurre con el agua del país, la cual es  fluorizada bajo las directrices del Ministerio de Salud con la excusa de combatir las caries en las dentaduras de los niños de la población más pobre.

Respecto de los beneficios y perjuicios de la presencia de flúor en el agua potable existe una discusión desde hace bastantes años. Aun cuando algunos se empeñan en defender sus favores para con los dientes,  múltiples estudios han demostrado que esta sustancia es tóxica y se acumula en el organismo a través de los años causando enfermedades como la osteoporosis, problemas digestivos  y flúorosis (debilita el esmalte de los dientes). Además, se le asocia a déficits neurológicos, al desorden atencional, debilitamiento de las facultades mentales y  apaciguamiento por su efecto sedante.  Es por estos últimos factores que muchos ven en la fluorización del agua potable, una herramienta sutil para el sometimiento de la población.

Pero más allá de las ideas conspirativas detrás del uso de esta y otras sustancias, lo cierto es que la población del país está siendo medicada sin su consentimiento y sin mayor información al respecto. La única región de Chile que está exenta de esta normativa, es la Octava Región, gracias al trabajo de científicos  investigadores de la Universidad de Concepción que alertaron en su momento a la población. La presión ciudadana permitió que la zona del Bio-Bio sea la única del país que no tiene fluorada su agua potable, lo que la pone a la par con países que han prohibido esta medida como Alemania, Holanda, Francia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Países Bajos, Irlanda del Norte, Austria y República Checa, entre muchos.

Tristemente, las facultades de las entidades reguladoras y fiscalizadoras del país se ven cuestionadas con temas de preocupación tan delicados como lo es  el agua potable que bebemos cada día. Si las fiscalizaciones para los cumplimientos de las normativas no son efectivas y las mismas normativas no aseguran la inocuidad del consumo, entonces ¿en quién podemos confiar para asegurarnos un agua potable de calidad? ¿Es acaso la ciudadanía quien debe estar velando constantemente para que primen  criterios más elevados y rigurosos que prevengan el daño a la salud de millones chilenos? ¿Es acaso esto aceptable? Claramente no.

Foto: Vecinos de Centinela 2 en los cerros de Talcahuano, durante los días posteriores al terremoto, 2010.