La alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca es conocida por sus figuras de greda con representaciones zoomorfas, como el chancho y la cabra, o antropomorfas, como la guitarrera. Además de otras piezas utilitarias, como las vasijiformes. De acuerdo a estudios, en su proceso de elaboración se distinguen 16 etapas, reunidas en «tres procesos técnicos principales: la obtención y preparación de las materias primas -la greda se amasa o se pisa-; su porcionado y modelado, seguido de los tratamientos primarios de superficie -incluyendo la construcción de la base y el armado de la figura-; y los procedimientos secundarios como el raspado, el bruñido con agua y en seco, el encolado, el lustre y la pintura, la cocción y teñido, y el añadido de colo blanco», como lo sintetiza la investigadora Marcela Bahamonde Zamorano.

Aniceto Hevia

Hace un mes, la UNESCO inscribió a la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. De parte del Ministerio de las Culturas, esta declaratoria fue comunicada sin informar que implica un llamado de atención respecto a la inexistencia de tales resguardos, en este caso, ante el avance de negocios con resultados degradantes para el ecosistema y la comunidad. La entidad internacional reconoció que «la viabilidad de este elemento se ve amenazada por factores demográficos y medioambientales y por la precariedad de los contextos sociales. Con el desplazamiento de los jóvenes a las zonas urbanas, la posibilidad de transmisión disminuye. El acceso a las materias primas también es cada vez más difícil debido a la pérdida de biodiversidad y a la degradación del suelo. Además, la ausencia de regulación propicia la apropiación de la propiedad intelectual en torno al conocimiento de la alfarería y su uso por parte de diseñadores y artistas con fines lucrativos, sin compartir los beneficios con las artesanas».

En una entrevista otorgada a la Universidad de Chile, la cultora Gabriela García Ramírez explicó que esta práctica ha sido realizada principalmente por mujeres, permitiéndoles acceder a mejores condiciones de vida a través de la venta de sus productos en diversas instancias. Agregó que si bien han recibido los saberes propios de la alfarería desde su ascendencia femenina, también incorporan elementos nuevos en su labor, como el decorado de cada objeto y nuevos tipos de procedimientos.

Alfarera María Espinoza. Extraída de SIGPA

En julio de 2018, la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca fue consignada en el registro de patrimonio cultural inmaterial en Chile. Este procedimiento, aunque respondió a una de las obligaciones asumidas por el Estado con la suscripción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, careció de la implementación de medidas coherentes con tal propósito. Al contrario, han sido las propias cultoras quienes han denunciado la inexistencia de ellas y exigido que se establezcan.

Alfarera recogiendo greda. Extraída de UNESCO.

Así como apunta UNESCO, las cultoras señalan que las condiciones de acceso a materias primas son cada vez más dificultosas, por una parte, la privatización de terrenos, además de su explotación con monocultivos forestales han mermado la disponibilidad de arcilla y, por otra, la operación de empresas de áridos en las riveras de ríos ha provocado que se vuelva cada vez más costoso proveerse de las piedras fundamentales en su trabajo. Esta perturbación del paisaje de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca y sus alrededores, pone en severo peligro este patrimonio y, ante este escenario, han demandado del Estado medidas eficaces de salvaguardia, principalmente en el aseguramiento del acceso a las materias primas utilizadas por ellas. Una síntesis de estas denuncias, fue expuesta por ellas en una protesta durante el IX Seminario Patrimonio Cultural Inmaterial, en Santiago el 2019.

Entre los Principios Éticos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, establecidos por la UNESCO, se consigna que las comunidades, organizaciones locales, nacionales y transnacionales «deberán evaluar cuidadosamente el impacto directo e indirecto, a largo y corto plazo, potencial y definitivo de toda acción que pueda afectar a la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial o de las comunidades que lo practican». Junto con ello, el Estado también se obliga a «adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio», como lo señala la Convención. Ante tales compromisos, se espera que las autoridades incumbentes implementen una política coherente.

Fotografía principal extraída de Alfarería de Quinchamalí