En las últimas semanas hemos visto que el ojo noticioso se ha posado sobre las actuaciones de personeros de las Fuerzas Armadas y policiales, cuando todo se trataba de delincuencia y la consabida relación que los medios intentan crear entre el delito y las demandas sociales, además de los temas relativos a la migración, la porfiada realidad nos pone delante a militares y policías como parte importante de los problemas que enfrentamos en nuestra frágil arquitectura democrática.

Si, porque es la democracia quien pagará los platos rotos de la fiesta militar. Veamos algunos hechos recientes que nos apoyan argumentativamente.

El hecho más esperpéntico vino de la mano del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, quien reaccionó airadamente ante una prensa timorata que osó preguntar por los delitos económicos a los que se lo relaciona, un acto innecesario considerando la benevolencia de la jueza Escandón, a cargo de esas acusaciones, quien lo absolvió debido a la pésima investigación llevada adelante por la Fiscalía nacional.  Extraño por lo menos que en un caso de tan connotado no se realice bien el trabajo del persecutor; miles son las formas de escamotear a la justicia, se sabe, y aquí estamos frente a una de esas maneras. En definitiva, no sabemos si Fuente-Alba es culpable y no lo sabemos porque el fiscal José Morales no hizo bien su trabajo, retengan ese nombre, probablemente lo encontraremos en el futuro cercano en algún cargo interesante.

Pero no es lo único, al triste caso del conscripto Franco Vargas y sus compañeros de la Brigada N° 24 Huamachuco se suma la muerte de una estudiante de la Escuela de formación penitenciaria. La joven Ignacia Albornoz fue obligada a hacer ejercicios físicos de madrugada estando con un cuadro de neumonía. Los compañeros denunciaron malas condiciones de entrenamiento para los gendarmes en formación, incluida, nuevamente, la falta de ropa adecuada para estas tareas. Por supuesto, ningún alto mando ha renunciado ni se ha definido una sanción frente a estas violaciones a los derechos fundamentales de las y los jóvenes.

En definitiva, la protección a los altos cargos de las Fuerzas Armadas y policiales es un clásico que se niega a morir, las formas de actuar contra la sociedad civil, incluso cuando esta entrega a sus hijos para reproducir sus aparatos de control y dominación es inaguantable en pleno siglo XXI, también lo es la anuencia del sistema político, que hace vista gorda en lo relativo a estos casos, solo disponibles para generar discursos vacíos que no se traducen en reformas reales a los cuerpos de orden y seguridad.

La democracia ya no es monedita de oro, y con estas actuaciones se debilita aún más. La mesa está servida para un resurgimiento fascista, de eso estarán hablando en Madrid.

RESUMEN