Flavio Araneda Hidalgo / resumen.cl

En el contexto del Primer Congreso de Organizaciones culturales y comunitarias, acerca de derechos sociales y extractivismo, realizado en Lota el pasado sábado y domingo, el abogado Álvaro Toro conversó con Resumen.

Este jurista ha litigado en diversos conflictos socioambientales, entre los cuales destacan la construcción de la Termoeléctrica Castilla en Atacama, la cual fue finalmente rechazada por la Corte Suprema el año 2012. También ha asesorado a la agrupación Bulnes Sin Termoeléctricas, en la oposición a la termoeléctrica denominada El Campesino, ante la cual la población de esta comuna sigue oponiéndose, así como también las comunidades costeras rechazan la instalación de un terminal gasífero en la bahía de Concepción y un gasoducto que transportará el combustible hacia esta central.

Las instituciones ambientales son relativamente recientes. ¿Cuáles son las diferencias más relevantes con la normativa anterior, respecto al modo de abordar los problemas socioambientales? ¿Son suficientes las garantías que el Estado dispone para el cumplimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Por qué?

La normativa ambiental actual tampoco soluciona las conflictividades que existen con las comunidades, esto porque el modelo en que está basada es un modelo para mantener la política extractivista. Son pequeños pasos en que se ha avanzado, sin embargo, si no se siguen profundizando, vamos hacia un desastre ambiental en el país, perdiendo zonas como el desierto, recursos hídricos, la expansión de los incendios producto de sequías y [el riesgo que implican] las mega construcciones de proyectos inmobiliarios en zonas de sacrificio.

Este es un país completamente kafkiano, ¿Por qué?, porque la inconsecuencia de la administración de este Gobierno es inconmensurable. El actual ministro de medioambiente, Marcelo Mena, es ex asesor de Octopus, [él] diseñó el modelo contaminante. La polémica con el proyecto Dominga es una clara jugada política, ya que las razones [del rechazo a su operación] es el impacto marino que tendría, sin embargo, ¿no tenían esa información cuando llegaron hace cuatro años al Gobierno? Para mí es un la búsqueda de un favoritismo electoral, además de toda la presión que ejerció la ciudadanía en la cuarta región para bajar ese proyecto.

Las diversas inversiones extractivas que operan en la región del Biobío y el país hacen uso de bienes comunes o deterioran condiciones ambientales necesarias para la habitabilidad humana. Desde tu experiencia como abogado de diversas comunidades ¿Qué acciones calificas como imprescindibles para que una comunidad pueda librarse de estos negocios?

Nosotros los abogados no ganamos los juicios, es la comunidad empoderada que paraliza los proyectos. La institucionalidad jurídica no resolverá los problemas, sino que son las organizaciones a través de presiones y generando redes de base que tienen mayor peso que hacen inviables los aspiraciones industriales. Entonces al momento de presentar el recurso judicial, la presión es tan grande que caen los proyectos. Ejemplos: Castilla, HidroAysen, Dominga y Pascua Lama que se encuentra paralizado. Ese es el camino de las comunidades para librarse de estos negocios tan nocivos para todos.

Insistentemente se habla de una supuesta separación de poderes en el Estado, dando a entender que cada institución se debe a sus propias normas, las cuales se habrían establecido para resguardar el bienestar de la población. De acuerdo a tu experiencia, ¿Cómo operan las instituciones ambientales? ¿Qué relación tiene su funcionamiento con la matriz primario exportadora del país?

Existe una gran relación de contubernios, autoridades medio ambientales que al salir del mundo del poder ejecutivo se trasladan al sector empresarial. El actual Ministro de Economía, fue gerente del proyecto Alto Maipo; el antiguo director general de Aguas ahora es consultor de resolución de problemas para resolver estudios de impacto ambiental de energías hídricas. Hay una relación muy estrecha en ambos mundos, no todos, pero es clara la relación en que saltan desde cargos públicos a cargos de empresas ligadas a las empresas extractivistas.

Hace años, afirmaste que el proyecto Octopus "no debió ser acogido a tramitación por el Servicio [de Evaluación Ambiental] porque se ha presentado como dos proyectos por separado". ¿Qué incidencia tuvo esta impugnación? ¿Qué razones preponderaron en ello?

El proyecto Octopus tenía un enorme respaldo en el anterior Ministro de Energía, y esto se traspasó a la actual autoridad. Es una lucha gigante contra un proyecto muy bien compenetrado con los intereses del Gobierno. Suponemos que va hacer aprobado administrativamente, entonces tenemos que hacer la gestión para llegar a tribunales para que acojan nuestros argumentos, y uno de ellos, es que es un proyecto divido. La norma del año 2010 establece que los proyectos no pueden ser fraccionados, esto a raíz que Octopus es fraccionado, ya que su terminal de gas en Talcahuano no puede existir sin la central en Bulnes, y así viceversa, no son independientes. Es un factor que tiene que ser considerado al momento de la evaluación cuando lo judicialicemos. Sin embargo, si no existe la presión de las comunidades en conflicto para sus autoridades esto se va a aprobar. Debe existir una solidaridad entre todos los actores sociales que hoy luchan desde distintos frentes, pero es la unidad, las redes de apoyo que permite la articulación para detener el avance industrial. Los derechos pueden estar escritos en la Constitución, pero hay que ejercerlos, dejar a un lado la individualidad.