[resumen.cl] La organización internacional de defensa de los Derechos Humanos presentó hoy las conclusiones de su informe sobre el actuar de las instituciones represivas del gobierno de Sebastián Piñera contra el pueblo chileno, en estos 33 días de manifestaciones.

El informe presentado fue lapidario y estableció que las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera - principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional) - están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional señaló en la conferencia de prensa que "La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y critica que el gobierno de Sebastián Piñera no promueva el respeto de los derechos humanos, sino que todo lo contrario, ha ordenado profundizarlas "generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy".

La organización estableció que, especialmente por parte de Carabineros, la violación a los Derechos Humanos de las y los manifestantes es sistemática. "Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país […]"

Guevara llamó a que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del estado de emergencia sean juzgados por tribunales imparciales e independientes, criticando que los altos mandos no hayan detenido este actuar sistemático, aumentando así el volumen de denuncias de maltrato, tortura, y lesiones oculares irreparables. "La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional." fustigó.

Amnistía Internacional estableció que hay al menos 5 víctimas fatales asesinadas en manos de agentes del Estado. 4 de ellas a manos de militares y 1 a manos de Carabineros. Además cirticó que miembros de la PDI también ha utilizado armamento letal contra manifestantes. "Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales." señala.

En cuanto a torturas y malos tratos, el informe señala que ha constatado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual. Además de el ensañamiento con manifestantes y detenidos, documentó "la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano."

A estos 2 puntos se debe sumar un tercero en que la organización internacional critica el uso constante e inadecuado de escopetas antimotines con munición potencialmente letal contra manifestantes, pese a que la normativa internacional sostiene que sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible.

"Adicionalmente a un caso de muerte por perdigones, la organización ha documentado 14 casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes. Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza."

A la utilización inadecuada y excesiva de balines se suman también los disparos de lacrimógenas al cuerpo de los y las manifestantes -que también ha dejado a personas sin ojos – además de su utilización excesiva e inadecuada contra la población más vulnerable -adultos mayores y niños -.

A estos 3 capítulos se debe sumar un 4º en que Amnistía Internacional corroboró la obstaculización -y en algunos casos, la agresión – de la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Ana Piquer, señalo "Lamentablemente las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales".

Tras verificar estas realidades la organización realizó 4 recomendaciones al Estado de Chile:

Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.

Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.

Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.