[resumen.cl] «Cautiverio en Estado de Derecho: Prisión Política en Chile», fue el nombre que recibió el foro-conversatorio realizado este lunes en la sala de estudiantes «12 de mayo», en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Instancia en la cual miembros de organizaciones de presos y de ayuda a los mismos describieron las torturas de las cuales son víctimas y los principales instrumentos de defensa con los que cuentan.

Los expositores fueron César Pizarro, miembro de la agrupación 81 Razones por Luchar, organización fundada luego del incendio en la Cárcel de San Miguel en Santiago en diciembre de 2010, catalogada como el peor desastre penitenciario del país; Galo Velozo, ex preso, técnico jurídico y estudiante de abogacía de la Universidad Santo Tomás, y parte del Observatorio Social Penitenciario; y Cristian Arismendi, vocero de la organización de presos políticos Confrares rompiendo el silencio – Colectivo Pueblo Rebelde, recientemente en libertad.

Cesar, quien realizó su exposición vía Facebook vídeo desde Santiago, relató que la labor que realizan «es complicada porque hay que enfrentarse con el Estado, con torturadores que estuvieron en la dictadura y que hoy son de la ANI [Agencia Nacional de Inteligencia]». De esta manera, hizo hincapié en que es importante dar «el paso a la organización, [ya que] es un piso para poder defender a los presos desde la cárcel y desde lo administrativo, mediante escritos, mediante funas o mediante fugas».

Participación de Cesar Pizarro del colectivo 81 Razones en la proyección.

Iniciado su presentación, Galo Velozo declaró «somos pobres los que estamos en la cárcel», evidenciando la presencia transversal de las clases explotadas en el fenómeno carcelario.

Además reveló datos sobre el manejo de las prisiones en el país: según el postulante a abogado, Chile gasta 430 mil millones de pesos en sus prisiones, de los cuales el 80% está destinado a represión y a la acumulación de capital de los inversionistas de las cárceles concesionadas. O sea, que de los 790 mil pesos que están destinados a cada preso mensualmente, «una cifra mucho mayor que el sueldo mínimo», recalca, la mayor parte está destinado al «proceso de castigo, como también es parte de la compensación de quien puso el capital para construir la cárcel».

También recalcó la importancia de la organización de los presos y familiares para la defensa de sus derechos, siendo el conocimiento de los mismos el primer paso para la utilización de los instrumentos legales. «Tienes que saber qué derecho te vulneran para definir los instrumentos judiciales que podrían servir, por ejemplo, los tres más conocidos son el recurso de protección, el recurso de amparo, que ambos se presentan en la corte de apelaciones, y el otro que es muy recurrente es el amparo de garantía, que se puede presentar en un tribunal de garantía [el cual] tienen que ver con la concordancia con los tratados internacionales firmados por Chile, haciendo un llamado al artículo quinto de la Constitución que dice que en el país dichos tratados tienen carácter de ley», instruyó Galo.

Por su parte Cristian, definió algunas de las torturas de las cuales fue víctima y los constantes cambios de unidad y módulos.

En cuanto a la atención psicológica, relató la constante sobremedicación dada dentro de la prisión, donde psicólogos promueven la utilización de clonazepam y otros fármacos para mantener dóciles a los internos. Sobre dichos profesionales de la salud, denunció la imposibilidad de acceder a uno para una evaluación psicológica: «En una condena de diez años, recién hasta el cuarto año podrás optar a una visita, que es cuando puedes optar a algún beneficio carcelario. Antes de eso tendrás informes que se calcan uno tras otro durante semestres completos y en distintas personas».

Entrando más en el plano de la prisión política, comentó que uno de los principales impedimentos para la defensa de los derechos de los presos es la «atomización de las distintas orgánicas causada porque el Estado se ha dedicado a criminalizar de una forma diferente a lo que antes calificaban como terrorismo, lo ha bajado al nivel de la delincuencia, y en ese contexto que ha generado una fuerte división dentro de las distintas orgánicas». Y «a la vez, un control social muy potente a través de distintos órganos que están alrededor de las organizaciones sociales que son las que han sido los pilares fundamentales de las movilizaciones de los prisioneros políticos. En ese contexto, el colectivo pueblo rebelde cree que se necesita generar un espacio de diálogo dentro, del respeto de todas las diferencias que hayan, para analizar los casos de montajes político-judiciales que efectúan los aparatos represivos, principalmente a través de la ANI, de la Policía de Investigaciones y Carabineros».