Anglo American, BHP y Glencore: El devastador caso de la mina Cerrejón en Colombia

Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y una de las más grandes del mundo, es propiedad en tres partes iguales de Anglo American, BHP y Glencore. La mina está ubicada en la región de La Guajira, en el extremo norte de Colombia, una zona remota y empobrecida poblada por unos 400.000 indígenas wayúu que mayoritariamente viven por debajo del umbral de la pobreza y que luchan por sobrevivir en un entorno hostil, agravado por la sequía constante.

Por Mark Curtis | Traducido por Ricardo Cifuentes*

La mina Cerrejón ha tenido a través de los años graves impactos en estas comunidades, los que han sido bien documentados. Los ríos y arroyos cercanos han sido desviados o contaminados por las operaciones mineras, lo que amenaza el acceso local al agua potable. Los reasentamientos de las comunidades locales para dar paso a la expansión de la mina han erosionado la vida social y han conducido a la pérdida sostenida de los medios de vida agrarios. En la mayoría de los casos, las consultas entre la empresa minera y la población local han sido inadecuadas, se han postergado y no se han completado.

 

Agua

El agua está en el centro de los conflictos entre las comunidades y la mina. La Guajira, que se encuentra entre las regiones más áridas de Colombia, ha sufrido menos lluvias de lo normal en los últimos años. El gobierno colombiano ha establecido repetidamente vínculos entre la escasez de agua y el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, esta explicación ha descuidado otras causas de la falta de agua, en particular las provenientes de las industrias. La fuente de agua más importante de la región, el río Ranchería, ha sido embalsada por la represa del Cercado, construida por el gobierno colombiano en 2011. Las comunidades locales se quejan de que el río ahora sirve a la industria agrícola y a la mina Cerrejón en lugar de ellos.

Un informe reciente señala que la represa de Ranchería permite a Cerrejón usar 17 millones de litros de agua al día, mientras que a cada residente de La Guajira le queda un promedio de 0,7 litros por día para vivir. Cerrejón desvió algunos arroyos durante la expansión anterior de las áreas mineras para acceder a las reservas de carbón en las cuencas hidrográficas. Según los pobladores de las comunidades afectadas, algunos de estos arroyos ya no fluyen. A lo largo de los años, varios informes han indicado que el agua de los ríos y arroyos cercanos ha sido contaminada por las operaciones mineras. Muchas personas de diferentes comunidades dicen que el agua no es apta para beber y que sólo se puede usar para lavar.

La falta de agua es la mayor amenaza para los wayúu y sus hijos. Durante el período 20082016 se documentaron las muertes de 4.770 niños wayúu como resultado de la sed, la desnutrición y las enfermedades evitables. Esto motivó en 2015 la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pedir al gobierno colombiano que tomara medidas de precaución inmediatas para garantizar la vida y la seguridad personal del pueblo wayúu en La Guajira.

 

Polvo

Durante años, los aldeanos han estado expuestos al polvo de carbón, tanto de las actividades de extracción en la mina como de los trenes que transportan el carbón extraído a través de sus territorios. Un informe reciente de la ONG sueca Forum Syd señala que los miembros de la comunidad afectados por la exposición al polvo de carbón han sufrido enfermedades cutáneas agravadas, problemas estomacales, trastornos oculares y problemas respiratorios. Aunque hay pruebas significativas que sugieren que existe un gran número de efectos nocivos para la salud relacionados con el polvo de carbón en la región, y a pesar de que la mina lleva 40 años en funcionamiento, nunca se ha llevado a cabo una investigación independiente sobre los efectos que tiene en la salud de la población local.

 

Consulta

Forum Syd también señala que la supervivencia de los wayúu, su tejido social y sus tradiciones ancestrales están amenazados por las operaciones mineras de Cerrejón: la mina está situada en medio de sus tierras ancestrales y su territorio está siendo dividido por la línea férrea de la empresa. Las actividades mineras han restringido el derecho a la libre circulación y a prácticas como la pesca, la caza, el pastoreo de ganado y la recolección de plantas medicinales. Los miembros de las comunidades indígenas han perdido sus lugares sagrados y se ha destruido una vida social cohesionada.

Los representantes de las comunidades locales también dicen que a menudo ha habido una falta de consultas en relación con las actividades mineras en la región. En los casos en que se han realizado consultas, éstas han sido a menudo insuficientes; en muchos casos, las comunidades no fueron debidamente informadas antes de que se iniciaran las actividades mineras o sobre los planes de expansión de la empresa.

 

Reasentamiento

A partir de 1985, algunas comunidades se han visto obligadas a reasentarse debido a la mina. En 2001, antes de que las tres multinacionales actuales asumieran la propiedad, la mina desplazó a la comunidad afrodescendiente de Tabaco, forzando a 700 personas a abandonar sus hogares mientras una excavadora aplastaba sus casas. Un año después, la comunidad presentó una petición legal exigiendo el reasentamiento, la cual fue aprobada por el tribunal, que ordenó la reconstrucción del pueblo y su infraestructura; sin embargo, hasta el día de hoy, la empresa y la municipalidad local no han obedecido esta orden. En total, ocho comunidades afrodescendientes e indígenas han sido desplazadas por la fuerza, junto con otras que han sido sometidas a mecanismos legales que permiten a Cerrejón apropiarse de tierras ancestrales para sus actividades mineras.

El reasentamiento de las comunidades ha significado la pérdida de tierras para la agricultura, la caza y la recolección y, como consecuencia, el desempleo masivo y la dificultad para mantener los medios de subsistencia. La población rural se ha visto obligada a desplazarse a las zonas urbanas, sin contar con la educación y la formación profesional que podrían haberle permitido realizar una transición adecuada hacia nuevos entornos. Los informes sugieren que el reasentamiento, al perturbar las comunidades, ha aumentado la delincuencia, los sentimientos de inseguridad y las divisiones sociales. Muchos aldeanos afirman que la empresa no ha cumplido sus promesas sobre el empleo, el agua y los servicios de salud en los reasentamientos.

Como ha señalado Richard Solly, de la London Mining Network, las comunidades siguen siendo desalojadas, a pesar de que nunca se les ha consultado sobre la cuestión más básica, a saber, si aceptan o no la mina.166 Además, los nuevos asentamientos que las comunidades han recibido de Cerrejón son a menudo inferiores a sus antiguos caseríos: las casas son a menudo de mala calidad y el agua es inadecuada para el consumo o la agricultura.

A principios de 2016, muchas familias de las comunidades de Chancleta y Patilla, que fueron reasentadas por Cerrejón entre 2012 y 2014, habían regresado a sus antiguas aldeas cercanas a la mina de Cerrejón, debido a condiciones insuficientes en los nuevos asentamientos. Sin embargo, en febrero de 2016, la última familia de aldeanos que había regresado a su antigua aldea en la comunidad de Roche, frustrada por las condiciones del nuevo asentamiento construido por Cerrejón, fue brutalmente desalojada por la policía colombiana.

Un problema importante es que, en medio de la expansión minera en la zona, el gobierno colombiano no se ha tomado el tiempo para establecer mecanismos de gobernanza y estructuras institucionales adecuadas para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Sin estas políticas, no sólo sobre el papel sino en la práctica, el pueblo colombiano nunca se beneficiará realmente de los recursos de su propia tierra

 

Afirmaciones de las empresas

Cerrejón y sus dueños multinacionales niegan que la contaminación del aire y del agua tenga un impacto adverso en la salud de las comunidades. Dicen que "el Programa de Gestión Ambiental de Cerrejón (implementado desde el inicio de nuestra actividad minera) monitorea continuamente la calidad del agua y del aire, determinando las medidas de control para prevenir, mitigar y compensar cualquier impacto ambiental potencial de nuestras operaciones". Las compañías dicen que monitorean regularmente la calidad del agua, tomando cada año miles de muestras del río local.

Sir John Parker, Presidente de Anglo American (hasta octubre de 2017), ha señalado que la fundación Cerrejón se centra en mejorar el suministro y la calidad del agua, beneficiando a más de 19.000 personas en 126 comunidades. Además, debido a la sequía, Cerrejón ha trabajado con la comunidad local para entregar más de 30 millones de litros de agua a más de 200 comunidades incluyendo 27.000 residentes.171 Las empresas afirman que: "La mayor parte del agua utilizada en las operaciones de Cerrejón es de baja calidad, empleada para humedecer los caminos en una medida de mitigación ambiental para controlar los niveles de polvo. Como ya se ha dicho, esta agua no es apta para el consumo humano, agrícola o ganadero.

Sobre las acusaciones de falta de consulta, las empresas dicen que "Cerrejón es respetuoso de la ley colombiana y de los estándares sociales relacionados con la consulta previa, libre e informada". En cuanto a los reasentamientos, las empresas dicen que "los llevamos a cabo siguiendo directrices internacionalmente reconocidas que definen el uso de procesos participativos y la provisión de paquetes de compensación correspondientes a los impactos y que les permiten reestablecer sus vidas en las nuevas aldeas". Agregan que "el paquete de compensación de Cerrejón[para las comunidades asentadas] es integral y fue acordado con las familias para lograr un mejor nivel de vida".172 Sir John Parker también ha señalado que la mina proporciona el 65% del PIB de la región, y 500 millones de dólares en impuestos.

* El texto corresponde a un capítulo del informe «Los ríos que sangran. Minería británica en América Latina» actualizado a octubre de 2020 y publicado por las organizaciones War on Want y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- OLCA.

Fotografía principal: De Tanenhaus – IMG_0523.JPG, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11408769

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