Estos últimos días el tema más recurrente en la agenda noticiosa ha sido la pesca y la ley que la regulará desde el 1 de enero de 2013. Ésta fue aprobada por el Senado en la madrugada del jueves 29 de noviembre.
Antes que todo, podemos constatar que las leyes chilenas que regulan la actividad pesquera se han ido transformando en función de la disminución de los peces, producto de su sobreexplotación y de la destrucción de los ecosistemas. También, a partir de la concentración económica que ha generado esta actividad, dónde diversas familias se han enriquecido pudiendo impulsar nuevas inversiones que diversifican sus fuentes de dinero y poder.
El proyecto de ley aprobado garantiza a este sector quedarse con los pocos peces que quedan, y no solo eso, sino que también con el permiso de pescar, aunque no hayan peces. De hecho lo declara: «… es de la esencia de la regulación pesquera, en donde la incertidumbre y el riesgo es parte de la actividad, en consecuencia, en los regímenes de asignación no se puede garantizar la existencia de los recursos asignados».
El no aseguramiento de que hayan peces en el mar al momento que se asigne un permiso para pescarlos, es la síntesis de una serie de omisiones y permisos que tiene la ley y que marcan su carácter.
– La ley no incorpora mecanismos orientados a la recuperación de las poblaciones de peces ni a una pesca sustentable, aunque según el propio proyecto, ésta es su «columna vertebral».
Expresión de esta omisión es el hecho que los métodos de pesca como el arrastre y el cerco, no han sido prohibidos ni regulados y tampoco se impone un control sobre las descargas tóxicas que vierten al mar diversas industrias y centrales generadoras eléctricas, tales como las termoeléctricas a carbón.
– Se ha aprobado una contradictoria norma. Por una parte, se reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos, específicamente sobre los peces. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites juridicionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello.
La clave entonces está en quiénes tendrán el permiso para pescar. La ley asegura que las cuotas de pesca otorgadas a cada particular establecerán su proporción a partir del promedio de los últimos tres años. Por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedarán con el derecho de pescar. Para el resto habrán canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral que, hay que preguntarle a los lotinos si funcionan. [Lota concentra un 10% de los empleos de emergencia a nivel nacional y la Región del Bío Bío, el 59%]
– Estos permisos de pesca serán por 20 años renovables. Es decir, quienes se lo adjudiquen tendrán -por lo menos- hasta el 2052 el derecho exclusivo de pescar. Además, podrán hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiéndolo dividir hasta cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar.
Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa y ese será el negocio, dónde como dice la ley [en su esencia] no es necesario que existan peces para que hayan permisos pesca, porque sin ellos, igual hay negocio.
Pescar para vivir
Dentro del trajín que ha implicado la aprobación de esta ley, se debe registrar la movilización que protagonizó un sector de los trabajadores de la industria pesquera, haciendo el triste papel de testaferros del empresariado pesquero, igual que en el 2001, cuando la industria pagaba a éstos para que salieran a la calle a presionar por la aprobación de la ley «corta» de pesca.
Sin embargo, este año no fueron los mismos, pues prácticamente la mitad de los trabajadores de la industria pesquera han sido despedidos, por la sencilla razón que no hay peces para pescar ni para procesar. Desde el 2010, en Coronel y Talcahuano, se registran más de 2 mil despidos y gran parte de quienes han quedado laborando, lo hacen contratados temporalmente con sueldos y condiciones laborales miserables.
A través de los medios, sus voceros declararon que de prohibirse la pesca de arrastre y de no aprobarse la ley de pesca como fue planificada, sus empleos corrían peligro. Craso error, pues sus empleos hace tiempo están en serio riesgo de colapso, porque su fuente de trabajo no son las empresas, sino que es el mar y sus peces.
En tanto los trabajadores se empobrecen y el ecosistema marino colapsa, los empresarios pesqueros gozan de una salud financiera que les permite instalar sus empresas, incluso en el extranjero. Es el caso de los Angelini -propietarios de los derecho de pesca en el norte, a través de CORPESCA y de buena parte de los del centro sur del país, a través de ORIZON- invierten en plantaciones de eucalipto y pino en Brasil, Argentina y Uruguay, después de que formaron su fortuna inicial en la pesca. Por otra parte, los Del Río -propietarios de la Pesquera Friosur y de buena parte de las futuras licencias de pesca en la zona central y austral- exportan su empresa Falabella a Colombia, Perú, Argentina y Uruguay.
La visión de la pesca como un negocio choca con lo que necesitamos como sociedad, que es entenderla como una fuente de alimentación, para lo cual son necesarias una serie de medidas. Entre ellas:
-Un plan de recuperación de la poblaciones de peces y de los ecosistemas marinos. Esto implica, la disminución de la captura permitida e incluso el cese de la pesca de algunas especies permitiendo el crecimiento de sus ejemplares que hoy se capturan en edad juvenil. También, eliminar las centrales contaminantes, tales como celulosas, centrales termoeléctricas e incluso fabricas de harina de pescado, por la alta toxicidad de sus residuos que acaban en el mar, afectando zonas costeras, donde se reproducen una gran cantidad de organismos fundamentales para la vida marina.
-La prohibición absoluta del uso de métodos de pesca no selectivos. La pesca de arrastre, como su nombre indica, arrastra una inmensa red echando a ella, no sólo todos los peces que estén en su paso, sino que también la flora, poniendo en riesgo la posibilidad de que puedan sobrevivir los organismos que tienen ahí, su hábitat.
Burlándose de nuestra desinformación, los representantes empresariales han dicho que no quieren pescar con arrastre en todo el mar territorial, sino que solamente en «sus caladeros históricos». Precisamente, los caladeros son los lugares donde se concentran las poblaciones de peces y la sobreexplotación y colapso de éstos en el resto del mundo, hace de la costa chilena, una de las más ambicionadas por la industria pesquera, pues «aun le queda algo» y eso es lo que esta ley les dejará.
La pesca de cerco que envuelve un cardumen, también deberá prohibirse pues, junto al arrastre, concentran millones de toneladas de descarte por año. Es decir, como no se selecciona los peces que buscan capturar, los que no sirven para hacer negocio, sencillamente se botan. Esta nueva ley, supuestamente prohíbe el descarte, pero no prohíbe los métodos de pesca que lo ocasionan, ni tampoco establece procedimientos claros y efectivos de fiscalización durante la navegación.
-La prohibición de la fabricación de harina y reservar el pescado sólo para el consumo humano.
Paradójicamente, peces con un alto valor nutricional, como el jurel, la sardina y la anchoveta, han sido convertidos en harina para alimentar animales de criadero. El omega 3 y la alta cantidad de proteínas que tienen estos peces han terminado en pollos, gallinas, chanchos y salmones, privándonos de acceder a ellas, induciéndonos a comer carne hecha crecer artificialmente y con un contenido nutricional muy inferior.
-Desechar el cálculo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) como indicador para fijar cuotas de captura de peces, pues este cálculo indica cuál sería el esfuerzo pesquero óptimo considerando una hipotética cantidad de peces que haya en el mar. Sin embargo, los peces están en estado silvestre y no en cautiverio, por lo que su contabilización se hace prácticamente imposible. Además, la vida de ellos puede estar afectada por una serie de variables, que no necesariamente pueden ser advertidas y menos controladas por los humanos. Por ello, es necesario un enfoque precautorio, orientado hacia la recuperación y la sustentabilidad.
-Todas estas necesarias medidas podrían escandalizar al trabajador de la industria pesquera. No obstante, insistir en la pesca como hasta ahora se ha hecho, amenaza el presente y el futuro.
Con toda la exigencia a la que se ha sometido a las poblaciones de peces y las escasas cuotas de captura que concentra la pesca artesanal, en comparación con la industrial, ésta ofrece mayor cantidad de puestos de empleo que la pesca industrial e incluso ha absorbido a quienes han quedado cesantes en la industria pesquera, producto de su propia explotación.
De hecho, según las cifras de Sernapesca, en 1999 habían menos de 50 mil pescadores artesanales y en 2010 habían más de 80 mil. Sin duda que en este aumento incide la intervención que hizo la industria a través de la incorporación al registro artesanal de embarcaciones de naves semi industriales, destinadas a proveerlos de pesca, proveniente del área de reserva artesanal. Sin embargo, hay que considerar que, en general, la pesca artesanal puede ofrecer más puestos de trabajo porque sus métodos exigen la concurrencia de una mayor cantidad de personas y su nivel de intervención en las poblaciones de peces es menor.
La pesca con artes selectivos y no destructivos, no sólo es una opción sustentable, sino que también es una fuente de trabajo digno, pues quienes pesquen pueden asociarse en cooperativas, vender lo que extraigan directamente a la población, sin que hayan intermediarios [remitentes] que lucren con el traspaso.
Todo es posible y, además, necesario.
Ante un pueblo organizado, las leyes no son más que papeles viejos, dispuestos a irse al mismo lugar que sus autores.
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