[resumen.cl] Por siete votos contra dos -del diputado Leonardo Soto (PS) y el senador Alfonso De Urresti (PS)- fue aprobada la polémica detención por sospecha o Control Preventivo de Identidad en la Comisión Mixta. La instancia logró llegar a un acuerdo para que la polémica medida incluida en la agenda antidelincuencia sea aprobada en la sala.
La indicación ha sido cuestionada por organizaciones sociales y de DDHH quienes han denunciado que bajo el eufemismo de "Control Preventivo de Identidad" se halla la temida detención por sospecha, resabio dictatorial derogado el año 98. A las críticas también se sumó en septiembre pasado la Corte Suprema.

Bajo el disfraz de "Control preventivo de identidad" se ha hecho creer a la población que este mecanismo no existe, cuando en realidad existe, es utilizado por las policías y está consagrado en el Código Procesal Penal en el artículo 85: "Durante este procedimiento -indica la ley-, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente."

La ampliación de este tipo de controles atentan profundamente contra la libertad cívica y dan respaldo a la arbitrariedad de los métodos utilizados por las policías, pues cuando en la ley se estampa como el que "existe algún indicio" -ese existir algún indicio ha significado discriminación arbitraria por el pelo, vestimenta, sexo, raza, nivel socioeconómico, una guitarra, un charango, etc. La derogación de este tipo de control supuso, el año 98, un paso para superar el Estado policial de la Dictadura.

La ampliación de las atribuciones de las policías fue cuestionado por la mismísima Corte Suprema, que el año pasado en un informe pedido por el parlamento señaló que se disminuía así las atribuciones de los tribunales de Justicia. "otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales"

La diputada UDI Claudia Nogueira -quien ha sido duramente recriminada en las redes sociales por ser quien incluyó la polémica medida en la agenda, pese a ser una persona que fue formalizada el 7 de abril por uso irregular de asignaciones parlamentarias y tuvo que devolver al Estado 30 millones 283 mil pesos, entre otras medidas para acceder a la salida alternativa que consiguió.- aseguró que «estamos conformes porque se aprobó nuestra idea presentada hace más de un año y que servirá sin duda alguna para la prevención de la delincuencia y la captura de miles de prófugos de la justicia» y crítico que se dejara fuera de la medida a los menores de 18 años y mayores de 14 «cuando estos adolescentes tienen responsabilidad penal y muchas veces son los responsables de los delitos más violentos que vemos a diario».

De la cuestionada medida se acogió la propuesta del gobierno que excluyó a los menores de edad de la posible detención y se estableció que la detención debía ser in situ, sin ser trasladados a un cuartel, salvo en casos en que las personas se nieguen a ser controlados.